La causa Vialidad dio un paso determinante al iniciar la ejecución del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, junto a otros condenados. El objetivo es recuperar $684.990.350.139,86, cifra fijada por la Justicia como daño económico al Estado en el marco de irregularidades en la obra pública en Santa Cruz.

La medida, impulsada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 tras la confirmación de la condena, marca un cambio clave: pasar de la sentencia a su impacto patrimonial concreto. En este primer tramo, el foco está puesto en un patrimonio fuertemente concentrado en el sur del país.

El listado inicial incluye unas 20 propiedades, principalmente en El Calafate y Río Gallegos, zonas centrales en el crecimiento patrimonial del kirchnerismo entre 2000 y 2010. Entre los activos se destacan terrenos adquiridos en 2007, algunos de más de 6.000 metros cuadrados y otros que alcanzan 87.046 metros cuadrados, en un contexto de fuerte valorización inmobiliaria.

Dentro de los bienes más emblemáticos aparece el hotel Los Sauces Casa Patagónica, asentado sobre varios lotes y vinculado a la firma familiar. Parte de su expansión incluyó operaciones con Lázaro Báez, también condenado, como la permuta de un terreno en Punta Soberana valuado en 17,4 millones de pesos. A esto se suman otras propiedades donde luego se desarrollaron proyectos como el hotel Las Dunas, reforzando la hipótesis judicial sobre la conexión entre negocios inmobiliarios y fondos de la obra pública.

En Río Gallegos, el decomiso alcanza departamentos vinculados a Báez, entre ellos el complejo de Mitre 535 con once unidades, además de otras diez propiedades en la zona y activos en distintas direcciones de la ciudad. Para la Justicia, este entramado evidencia una relación económica estructural entre las partes involucradas.

Otro punto central es la inclusión de bienes transferidos en 2016 a los hijos de la expresidenta, entre ellos 19 propiedades en Santa Cruz, además de participaciones societarias. El tribunal consideró que esas cesiones no modifican el origen de los fondos ni impiden su recuperación, sentando un criterio relevante sobre las transferencias intrafamiliares.

El fallo también abre la puerta a avanzar sobre activos de empresas ligadas a Báez, como Austral Construcciones y otras firmas, en caso de que los bienes iniciales no alcancen. Todos quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema, que definirá su destino, desde subastas hasta posibles usos con fines sociales.

Por su magnitud, el proceso se perfila como uno de los decomisos más importantes en la historia argentina. Más allá de lo económico, representa una señal institucional: la intención de que las condenas por corrupción tengan consecuencias reales y no queden solo en lo declarativo.

Fuente:https://617.news/la-justicia-ejecutara-al-menos-20-propiedades-de-cfk-en-santa-cruz-entre-el-calafate-y-rio-gallegos/