El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar junto a la ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus, brindaron este miércoles una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno con el fin de comunicar acciones coordinadas y acompañamiento a las comunidades educativas vinculadas a las amenazas ocurridas en los establecimientos escolares. Los ministros fueron acompañados por la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Daniela García, y el jefe de las fuerzas de Operaciones Especiales, comisario Javier Ortiz.

A una semana del inicio de estos hechos y tras un trabajo interministerial sostenido entre Educación y Seguridad, junto a otras áreas del Gobierno, la ministra Mercedes Rus remarcó que esto no es una broma ni un juego y advirtió que por cada inscripción en la pared de una escuela o por cada amenaza difundida en redes sociales hay un delito consumado con consecuencias graves.

“Estamos hablando, como mínimo, del delito de intimidación pública, que tiene una pena máxima comparable a la de un robo simple o una estafa”, explicó Rus. Además, señaló que estas conductas también están contempladas en el código contravencional, no solo respecto de los jóvenes involucrados, sino también de sus progenitores o responsables parentales. La funcionaria precisó que, por cada hecho ocurrido en una escuela, se inició una investigación penal. “Tenemos casos en donde hay menores imputables que ya están siendo investigados y van a tener una consecuencia penal”, reveló. En ese marco, indicó que actualmente hay seis jóvenes con edad para recibir una imputación y que esas actuaciones ya se encuentran en trámite en el Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, la ministra detalló que también existen expedientes con personas identificadas que son inimputables. “No van a tener una condena, pero sí hay una investigación que los identifica y esto es importante para que dimensionen que esto no es una broma”, afirmó, y añadió: “Estos jóvenes van a quedar identificados en un expediente donde se analiza la conducta y cuál fue el hecho”.

En relación con las actuaciones más recientes, Rus recordó que se produjo la detención y la imputación de una persona mayor de edad vinculada con este delito. “Está imputada por intimidación pública agravada por la utilización de un menor de edad en el hecho”, explicó. Si bien aclaró que esta persona ya fue puesta en libertad, subrayó que la investigación continuará.

Acciones hacia adentro de los establecimientos escolares

Tadeo García Zalazar expresó que amenazar con presencia de armas o tiroteos en una escuela es delito. “Las amenazas realizadas tienen una consecuencia legal para los padres y para los estudiantes. Desde la DGE realizamos acciones hacia adentro como la activación de protocolos en 230 escuelas, nos contactamos con diversas redes sociales para que bajen los contenidos y publicaciones que incitaban a la violencia dentro de las escuelas y que generaban temor para asistir a los establecimientos educativos”.

“Hoy vamos a presentar, como ministerio, 19 denuncias de contravenciones donde se identificó a los autores de las pintadas, que recibirán las sanciones correspondientes aplicadas por las escuelas y sanciones específicas a los padres previstas por la Justicia de acuerdo al Código de Contravención”, explicó el ministro.

García Zalazar informó además que hubo más de 700 intervenciones por consultas desde las escuelas, por la ola de amenazas ya que directivos y docentes, se vieron afectados por la situación. “Movilizamos los equipos pedagógicos: hay 418 profesionales activos actuando en situaciones personalizadas, en reuniones con padres y docentes. Fortalecimos capacitación y formación en recurso humano para tomar las acciones adecuadas dentro de los centros educativos”, agregó el ministro.

Más de 400 llamadas al 911 y despliegue de 800 efectivos

“Ningún joven tendría que sentir la libertad o la liviandad de escribir estas amenazas”, dijo Rus, y remarcó que se sigue de cerca tanto la consecuencia penal como el resultado de cada caso. Además, sostuvo que cada uno de estos actos es un acto de violencia porque expresa una amenaza contra la integridad física de otro joven y, al mismo tiempo, obliga a desplegar un importante operativo de seguridad.

En ese marco, la ministra informó que hubo cerca de 400 llamadas al 911. “El 911 es el sistema de emergencias al que se llama para que una ambulancia llegue a salvarle la vida a una persona o para que la Policía pueda intervenir en un hecho grave”, recordó al advertir sobre el desgaste que este tipo de situaciones genera en el sistema.

A ello se suma el operativo policial desplegado para cubrir cada uno de los establecimientos escolares. “Hemos tenido 800 policías por día, entre consignas, patrullajes y relevos, para contemplar no solo el turno mañana, sino también el turno tarde”, detalló la funcionaria. También indicó que se sumó la asistencia de Policía Científica y de Investigaciones en cada escuela.

La ministra destacó además la presencia y el trabajo del jefe de Fuerzas de Operaciones Especiales, quien tiene a su cargo los grupos GES y GRIS, dedicados a incidentes especiales, negociación y situaciones críticas dentro de la Policía de Mendoza.

Trabajo interministerial y capacitaciones para atender emergentes

En paralelo, Rus recordó que desde el año pasado se viene desarrollando un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para capacitar a docentes y brigadistas en edificios públicos sobre situaciones de tirador activo y agresor armado.

“Este año sacamos dos resoluciones y dos protocolos que ya están vigentes, y que además vamos a publicar en el Boletín Oficial esta semana para que todos puedan acceder”, anunció. Uno de esos protocolos está dirigido a la primera policía que llega a una situación de emergencia, mientras que el otro está pensado especialmente para la comunidad educativa.

La guía contempla cuatro escenarios específicos: alarma o incidente por explosivos, conflictos sociales en contextos educativos, incidentes con agresor armado o tirador activo y situaciones de suicidio.

Finalmente, Rus remarcó que Mendoza cuenta con personal especialmente capacitado en estas temáticas, a partir de las capacitaciones realizadas el año pasado con apoyo del Consulado de Israel. “Esperamos no tener que usar estos recursos en ninguno de estos casos. Apelamos a que la regla y lo viral sea la responsabilidad”, concluyó. “Nosotros vamos a seguir trabajando con la Justicia para que esto tenga las consecuencias que tiene que tener a nivel penal, y también protegiendo a la ciudadanía con los recursos de la Policía”.

Nueva fase de protocolos en las escuelas

Desde la DGE se estableció que a partir de hoy los protocolos escolares entran en otra fase que fueron ya comunicados a las escuelas en función de cada clima escolar. “Apuntamos a la participación parental, vamos a reforzar la comunicación y fortalecer el compromiso con las familias y conozcan las penalizaciones ya que deberán responder legalmente por sus hijos. Las escuelas fueron habilitadas para realizar jornadas de reflexión sobre lo sucedido. Apelamos a un clima y convivencia escolar para que los estudiantes vayan a aprender”, dijo el titular de la DGE.

El Gobierno está trabajando junto a otros ministerios del país, ya que son desafíos virales utilizados por los jóvenes. García Zalazar destacó la realización de acciones  conjuntas a nivel nacional para que esto no se vuelva a repetir. “Agradecemos toda la colaboración conjunta del Estado para abordar esta problemática que fue algo nuevo que nunca antes había sucedido”, finalizó.