La aprobación de dicho tratado es clave porque coronará una serie de medidas que viene adoptando el gobierno libertario para eliminar las restricciones sobre propiedad intelectual que se impusieron durante la gestión kirchnerista -en particular sobre los medicamentos- en defensa de los laboratorios nacionales.

En efecto, en la práctica este tratado blinda la innovación -como reclama la industria farmacéutica extranjera que dedica millones a la investigación- y bloquea la copia de fórmulas por parte de terceros, en su mayoría laboratorios nacionales que, a su favor, argumentan que la duplicación permite bajar los precios de los remedios.

Se espera un debate acalorado este martes cuando se reúnan las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General. El kirchnerismo y la izquierda, en pie de guerra, acusarán al Gobierno de favorecer los intereses de los laboratorios y corporaciones internacionales a costa del bolsillo de los argentinos. Por contrapartida, los libertarios y sus aliados insistirán en que el régimen actual de patentamiento desfavorece a los innovadores locales y que es necesario que el país se adecúe, por fin, a los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.

El oficialismo es optimista: confía en que antes de fin de mes –fecha límite que establece el acuerdo firmado con Trump- el PCT será ley. El Senado le dio media sanción el 22 de julio de 1998 (durante el gobierno de Carlos Menem) pero no perdió estado parlamentario por tratarse de un convenio internacional, por lo que solo resta la aprobación de la Cámara de Diputados. La sesión se celebraría el próximo miércoles 22.

Tres puntos

A la hora de firmar el acuerdo recíproco con los Estados Unidos en febrero pasado, la Argentina se comprometió a cumplir con tres puntos en materia de propiedad intelectual:

• Derogar la resolución conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre pautas de patentamiento que dictó la expresidenta Cristina Kirchner en 2012. Esta resolución anuló en los hechos la ley de patentes sancionada en 1995 por el gobierno de Menem y que había sido reclamada por los Estados Unidos.
• Ratificar expresamente antes del 30 de abril de 2026 el Patent Cooperation Treaty (PCT, Tratado de Protección de Patentes), administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). El PCT establece un procedimiento unificado que permite tramitar protección en los 158 países miembro mediante una única “solicitud internacional”.
• Adherir, antes de diciembre de 2027, a varios tratados internacionales adicionales de especial relevancia para el ecosistema de patentes e innovación.

A instancias del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, nuestro país ya cumplió con el primer punto y derogó, el mes pasado, la resolución conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 firmadas, en su momento, por los exministros Juan Manzur (Salud), Débora Giorgi (Industria) y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Allí se fijaban criterios fuertemente restrictivos para patentar invenciones químico‑farmacéuticas.

A partir de esta derogación de esas normas, que restringían la posibilidad de patentar una invención farmacéutica, ahora los laboratorios podrán traer sus productos y los demás no podrán copiar su fórmula por 20 años y ofrecer uno similar. Pero en la resolución derogatoria el Gobierno estableció un mecanismo de protección para los productos que ya circulan, al disponer que podrán ser comercializados como hasta ahora sin pagar las respectivas patentes.

De esta manera, el gobierno libertario instrumentó un esquema salomónico para evitar que la grieta entre los laboratorios nacionales y los extranjeros termine en un enfrentamiento abierto de intereses millonarios.

Esta medida se coronará con la adhesión al tratado PCT que, como se dijo, no solo contempla la protección sobre productos farmacéuticos sino sobre todas las patentes que sean radicadas. Entre ellas, las de los agroquímicos, otra industria de alto impacto en nuestro país.