Semejante desafío tendrá su escenario en la Cámara de Diputados, donde los libertarios buscarán aprobar a libro cerrado el texto proveniente del Senado. A tal fin convocó a firmar dictamen el miércoles próximo para convertirlo en ley la semana siguiente.

Cualquier cambio -aunque mínimo- en la media sanción ya aprobada significaría un traspié para el oficialismo. El texto debería retornar para su revisión a la cámara de origen y los tiempos se estirarían sin plazo, para disgusto de un gobierno ávido de exhibir señales de fortaleza política a los mercados. Festejaría el peronismo que, derrotado en el Senado, se ilusiona con una sobrevida en su cruzada contra el proyecto. Aunque sea fugaz.

El panorama, sin embargo, no se presenta tan clara en la votación en particular del articulado: a los libertarios no se les escapa que los senadores por Córdoba, Neuquén y Salta –que en la Cámara de Diputados totalizan una decena de votos- se desmarcaron con su rechazo en algunos capítulos sensibles.

Un dato por demás sugestivo –que no pasó desapercibido en el radar oficialista- es que Catamarca, provincia que creía aliada, esta vez le dio la espalda al Gobierno. El senador Guillermo Andrada, alfil del gobernador peronista Raúl Jalil, votó en contra de todo el proyecto, tanto en general como en particular.

También lo rechazaron los tucumanos Juan Manzur y Sandra Mendoza, esta última cercana al gobernador Osvaldo Jaldo, otro mandatario de buen diálogo con el Gobierno.

En la Cámara de Diputados Jalil cuenta con tres legisladores, mientras que Jaldo con otros tres. Seis voluntades que podrían ser decisivas en una votación eventualmente ajustada.

Enfermedades y accidentes

Al igual que en el Senado, el oficialismo buscará que la votación en particular se realice por título para agilizar el trámite y evitar que cualquier modificación en algún capítulo o artículo que lo integre lo obligue a postergar la sanción de la ley. El proyecto consta de 26 títulos y 212 artículos.

Esta estrategia entraña sus riesgos, sin embargo; en diciembre pasado, por caso, la oposición le volteó todo un capítulo del presupuesto 2026 por la decisión caprichosa del Ministerio de Economía de incluir allí, a último momento, un artículo para derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia a la discapacidad.

Las alarmas vuelven a encenderse, esta vez con el capítulo VII del proyecto. Está incluido en el título primero, que es el corazón de toda la reforma pues modifica aspectos claves de la ley actual de contrato de trabajo.

El capítulo VII se anticipa como uno de los más conflictivos en el debate: allí se establece que, en caso de enfermedades o accidentes ajenos a las tareas laborales, se elimina la posibilidad de cobrar el 100% del salario. Los trabajadores pasarían a percibir el 50% o el 75%, según el grado de responsabilidad que se les atribuya respecto del hecho que provocó su incapacidad.

En el oficialismo nadie sabe responder quién dentro del Gobierno ordenó incluir este capítulo en el proyecto cuando no figuraba en el dictamen. Silencio de radio. En el fárrago de modificaciones que a último momento se incluyeron en el texto, el tema pasó por abajo del radar y el oficialismo logró aprobar el capítulo entero.

Sin embargo, no todos lo avalaron: las senadoras María Victoria Huala y Andrea Cristina, ambas de Pro, pidieron dejar expreso su voto negativo. El jefe del bloque de Pro, Cristian Ritondo, reconoció que están en desacuerdo y pedirán cambiarlo.

También expresaron críticas desde la UCR.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la medida. “Esto apunta a la reducción de las licencias eternas”, dijo. “Pero si lastimaste jugando al fútbol, o sea, vos tomaste una acción activa, el empleador la verdad que no tiene nada que ver. Te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%“, ejemplificó.

“Es un disparate”, se le escuchó decir al diputado Miguel Pichetto, integrante del bloque de Provincias Unidas. Esta bancada, de 22 integrantes y que preside la santafecina Gisela Scaglia, ya anticipó sus objeciones a este y otros puntos del proyecto. Preparan una propuesta alternativa, que incluirá, además, cambios en el régimen de inversiones para pymes (RIMI), según adelantaron.

Un fondo polémico

Otro capítulo que generará discusión es el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (contenido en el título II), destinado a financiar las indemnizaciones por despido. Estos fondos serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales, que hasta ahora van a la Anses. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes.

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, este tema es central. Las estimaciones preliminares de los expertos en seguridad social apuntan a que el FAL podría acumular unos U$S 3000 millones por año y en la oposición sospechan que este nuevo fondo se pergeñó para servir como fuente de financiamiento al Tesoro mediante la compra de títulos de deuda. Como lo fueron las viejas AFJP.

En Provincias Unidas y otros bloques provinciales advierten que este nuevo sistema desfinanciará al sistema de seguridad social y, como consecuencia directa, a las 13 cajas jubilatorias de aquellas provincias que no las transfirieron a la Nación. Es por ello que los senadores Alejandra Vigo (Córdoba), Flavia Royón (Salta) y Maximiliano Abad (UCR) votaron en contra de todo el título II.

El último título, el XXVI, también desata polémica: allí se incluye una serie de derogaciones, entre ellas la del estatuto del periodista y de otras profesiones, como también la ley de teletrabajo. También le pone plazo al actual sistema que financia el Incaa y la TV pública.

La votación de este título en el Senado fue el más ajustado de todo el proyecto: 38 votos fueron a favor y 31 en contra. El oficialismo perdió otra vez el apoyo del radical Abad (que se ausentó), de la neuquina Julieta Corroza, de la cordobesa Vigo y la salteña Royón.

El capítulo referido a las cajas sindicales parecería, sin embargo, no correr peligro: la media sanción del Senado mantiene, aunque con un tope y hasta 2028, la posibilidad de que los gremios cobren la llamada “cuota sindical” a partir de un porcentaje de los sueldos. El bloque de Pro en el Senado pidió eliminar este beneficio para los gremios, pero al final terminó por apoyar el capítulo.

Difícilmente prospere también el pedido de la bancada amarilla para incluir a las billeteras virtuales en el servicio de pago de los salarios. Salvo que, en una maniobra inesperada, Unión por la Patria y otros bloques se sumen.