Las inspecciones, encabezadas por el director de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, Jerónimo Shantal, incluyeron controles de Guía de Transporte en ruta y el cese de actividades de una planta de beneficio por incumplimientos técnicos, ambientales y de seguridad. Estas acciones se enmarcan en una política sostenida de control, fiscalización y transparencia de la actividad minera.
La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Policía Ambiental Minera (PAM), llevó adelante una serie de operativos de inspección y control en el departamento de San Rafael, en el marco de las acciones permanentes de fiscalización de la actividad minera.
Las tareas fueron realizadas por inspectores de la Delegación San Rafael de la PAM, en forma conjunta con el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el jefe de la Policía Ambiental Minera, Guillermo Bickham. “Los procedimientos se desarrollaron tanto en rutas provinciales y nacionales como en establecimientos vinculados a la cadena de valor minera, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia legal, ambiental y de seguridad”, destacó Shantal.
Controles de transporte en Ruta Nacional 144
En la Ruta Nacional Nº 144, uno de los corredores estratégicos para la circulación de cargas vinculadas a la actividad minera en el sur provincial, se realizaron controles de guías de transporte de minerales. Durante estas inspecciones se detectaron dos camiones que transportaban minerales sin la correspondiente Guía de Transporte, documento obligatorio que garantiza la trazabilidad del material desde su origen hasta su destino.
Además, se constató el incumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Nº 110/2025 de la Policía Ambiental Minera, ya que los vehículos no contaban con la cartelería obligatoria de identificación de producto minero.
“Esta señalización facilita los controles en ruta, fortalece la transparencia del circuito productivo y previene el transporte irregular de minerales”, puntualizó Shantal.
Ante estas irregularidades, los inspectores procedieron a la confección de las actas correspondientes, con imputaciones sancionatorias conforme a lo establecido por el Código de Procedimiento Minero (Ley Provincial Nº 9529). Las actuaciones administrativas iniciadas darán lugar a los procesos sancionatorios previstos por la normativa, resguardando el debido proceso y las instancias de descargo.
Cese de actividades en planta de beneficio en El Cerrito
En paralelo a los controles en ruta, se realizó una inspección en una planta de beneficio dedicada a la fabricación de bloques de concreto y ladrillos, ubicada en el distrito El Cerrito. Como resultado de la verificación técnica y ambiental, se dispuso el cese de actividades del establecimiento, con la correspondiente imputación de sanción.
Durante la inspección se constató que la planta no contaba con la presentación del Informe de Partida, exigido por la Resolución Conjunta Nº 106/25 de la Dirección de Minería y Nº 36/25 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA). Este requisito, de carácter obligatorio, ya había sido notificado previamente a los responsables del establecimiento, quienes habían sido puestos en conocimiento de la obligación de regularizar su situación.
Asimismo, los equipos técnicos detectaron una serie de observaciones ambientales y de seguridad que representaban riesgos tanto para el entorno como para los trabajadores.
También se relevaron otras deficiencias que, en su conjunto, evidenciaron un incumplimiento de las condiciones mínimas exigidas por la normativa vigente para el funcionamiento de este tipo de instalaciones. Estas condiciones reforzaron la decisión de disponer el cese inmediato de actividades y la adopción de las medidas administrativas y sancionatorias correspondientes, en resguardo del ambiente, la seguridad laboral y el cumplimiento del marco legal.
Política sostenida de control y ordenamiento
Las actuaciones desarrolladas en San Rafael se inscriben en la política de control, fiscalización y ordenamiento de la actividad minera que viene consolidando el Gobierno de Mendoza.
Esta estrategia apunta a garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y legal vigente, fortalecer la trazabilidad de los minerales, brindar seguridad jurídica a los actores que operan dentro de la ley y proteger de manera integral el ambiente, los trabajadores y la comunidad.
A través de la presencia territorial de la Policía Ambiental Minera y el trabajo coordinado con las áreas técnicas de la Autoridad Minera y Ambiental, la Provincia continúa reforzando los mecanismos de control en toda la cadena productiva, desde la extracción y el transporte hasta el procesamiento de minerales, promoviendo una actividad minera responsable, transparente y ajustada a los estándares exigidos por la legislación provincial.
