La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, en una votación que concluyó 32 a 13 (con el peronismo en contra en su totalidad, además de otras fuerzas). Ahora sigue su curso en el Senado, que puede convertir en ley el proyecto en los primeros días de diciembre.

También se aprobó la creación del Fondo de Compensación Ambiental, el régimen de Regalías Mineras y la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de Malargüe Distrito Minero Occidental II. La jornada estuvo marcada por movilizaciones en las puertas de la Legislatura, cruces entre bancadas y un fuerte operativo de seguridad para evitar lo ocurrido en 2011, cuando el recinto fue tomado por manifestantes.

Un debate adentro y tensión afuera

Desde temprano, manifestantes contrarios al proyecto se congregaron en los alrededores del edificio legislativo. Hubo tensión, reclamos vocales y fueron controlados por un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó personal dentro y fuera del recinto y un marcado control de ingreso visible incluso en los pasillos. No se registraron incidentes mayores, aunque los diputados debieron permanecer durante horas en el interior para no ser escrachados por quienes los esperaban sobre calle Patricia Mendocinas, en una de las salidas secundarias.

Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, estuvo ausente en la Legislatura. Siguió la sesión en Casa de Gobierno junto a su equipo, aunque sin el director de Minería, quien se encuentra en Panamá.

Dentro de la sesión, un tema sobrevoló el debate: el reciente documento del Conicet, que en horas de la tarde del martes se pronunció en contra del proyecto. El informe fue borrado y modificado a último momento, lo que generó suspicacias. Voces oficialistas lo calificaron de “movida política de un sector del organismo” y denunciaron “mala fe”. La oposición, el kirchnerismo principalmente, también hizo mención a lo ocurrido, señalando que “no fue serio”.

Voces a favor y en contra

Enrique Thomas (PRO Libertad) advirtió que “luego de 14 años, este gobierno se propuso arrancar de cero de nuevo, haciendo todos los estudios necesarios y dándole la participación a la ciudadanía y los organismos competentes en la materia”. Remarcó que “la empresa que hoy se manda una macana en Mendoza, paga las consecuencias en el mundo entero, y pierden valor sus acciones en todo el mundo”.

Argumentó, a su vez, que “el gobierno de Mendoza ha estudiado cada uno de los pasos que hemos ido dando en audiencias abiertas, en debates enriquecedores, algunos ásperos, algunos duros, otros menos duros, pero cada uno ha tenido la oportunidad de expresarse”, resaltando “el procedimiento en general que se ha seguido y que de alguna manera, refuta muchas de las posturas que se han expresado en el día de hoy”.

El jefe del interbloque del Partido Justicialista, Germán Gómez, reconoció que años atrás había sido crítico de la histórica Ley 7722: “Yo sostuve en aquel entonces que la 7722 iba a generarle problemas a Mendoza. En lo personal creo en la minería, pero hay que preguntarse qué queremos de esa actividad… No es minería sí o minería no”. Argumentó que el proyecto había sido presentado cuando estaba un gobierno peronista, pero que en ese momento “no tuvieron la altura política para construir una agenda seria”. “Hoy la gente de la provincia quiere minería. Ya cambió el criterio”, aseguró, aunque alertó que una inversión de esta magnitud “no debe tener ni un punto flojo”. “Un informe no puede decir que algo se cumplió parcialmente”, advirtió, y puso como ejemplo los estándares chilenos, cuestionando que “con modificaciones en base al sistema chileno, este proyecto no pasa”.

Del otro lado, la diputada del Frente Renovador, Gabriela Lizana, advirtió serias objeciones técnicas: “PSJ no cumple con los estándares internacionales. Ojalá estemos equivocados. Tuvimos el compromiso al 100% de participar, pero la minería no se puede hacer a cualquier costo”, señaló. Y advirtió que el proyecto podría terminar judicializado. “La minería y San Jorge no va a venir a salvar nada urgente”, dijo.

El diputado ambientalista que ingresó por el Partido Verde y ahora es aliado del radicalismo, Mauro Gambastiani, votó a favor. En su intervención recordó que en minería “se prevé un 1% a 6% de uso de agua”, y cuestionó la idea extendida de que “desde la montaña van a caer tóxicos a Mendoza”. Para él, el verdadero problema hídrico de la provincia “no es la minería”, y defendió que la actividad puede convivir con el uso sostenible del recurso si se gestionan bien los recursos. “Si queremos defender el agua de Mendoza, peleemos por la eficiencia”, planteó.

Por su parte, la diputada del kirchnerismo, Valentina Morán, afirmó que la discusión no debe reducirse a un “sí o no” de la minería. “Puede ser parte de un desarrollo estratégico… pero bajo condiciones, con reglas claras, controles, gestión del agua actualizada, capital humano local y cadena de valor”, sostuvo. Criticó la falta de certezas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA): “Ninguna de esas condiciones está garantizada”, remató, y esgrimió que lo ocurrido con el Conicet “no es serio”.

Entre los que votaron en contra, el exintendente sancarlino Jorge Difonso expresó que tiene “serias observaciones” y cuestionó que no haya planes claros de contingencia para rutas ni dictámenes de municipios río abajo, como Uspallata, afectados por el proyecto. Alertó que podría poner en riesgo recursos hídricos cruciales, como el Río Mendoza. En la misma línea se manifestó Rolando Scanio, también ex jefe comunal de San Carlos, quien advirtió que el consumo de agua previsto -hasta 36 millones de litros por día cuando esté todo en ejecución- pone en peligro arroyos cercanos a la cuenca. Recordó casos recientes en Chile y San Juan, donde minas fueron “cerradas por daño ambiental”. “Ese oro, cobre y plata que se llevan las empresas nos dejan un agua posiblemente contaminada, no solo para consumo humano, sino para riego agrícola. Mendoza tiene que respetar su matriz económica”, alertó.

Desde la bancada oficialista y entre quienes apoyaron la media sanción, el legislador Guillermo Mosso aseguró que se trataba de una “oportunidad histórica” para la provincia: “Tenemos una tarea hacia adelante: desarrollar esta actividad con el máximo de los estándares ambientales”, afirmó.

El uso del agua disponible, según dos miradas opuestas

La vicegobernadora, Hebe Casado, fue una de las presentes en el recinto. De hecho, ante la ausencia de Cornejo en la provincia, estaba a cargo de la Gobernación. La discusión sobre el uso del agua fue uno de los ejes dialogados con El Sol. Para Casado, “el agua es el recurso que intentamos cuidar entre todos y que se viene trabajando al respecto desde diferentes lugares”.

“En Irrigación, en particular, hay un plan de impermeabilización y de reservorios en toda la provincia que va a permitir utilizar de forma más coherente el agua en las épocas de mayor sequía. Se está consensuando con los mismos regantes las épocas en las que se necesita más agua. Por ejemplo, aquellos que trabajan en la horticultura. Hay épocas que requieren mayor cantidad de agua y otras épocas que no necesitan. Incluso se consensuan también los turnos, cuando hay algún episodio de lluvia se frena el turnero de los regantes y se lo pasa para más adelante porque en ese momento no necesitan riego. Entonces es una forma interactiva con el regante también de ir manejando el agua”, sumó.

La vicemandataria reconoció que “faltan un montón de cosas, pero también tenemos que pensar en el riego intrafinca, que no se haga más a manto. Desde irrigación también se está, a través del BID, dando a largo plazo y a tasa cero para los regantes para puedan sistematizar su riego intrafinca. Es es un recurso que necesitamos todos que tiene que estar bien administrado“.

“Mendoza es un oasis en un desierto, que gracias al cuidado del recurso y la canalización del mismo, somos lo que somos. Si no, seríamos Atacama. Por lo cual, no es algo de ahora. Si bien el cambio climático y los años de sequía o de pocas nevadas, han hecho que tengamos años con menos agua, es parte de la historia de Mendoza”, comentó.

Casado dijo que en la minería se utiliza “entre el 1 y el 3%, dependiendo de cada una de las actividades”. “Si hay una actividad económica que tiene conciencia de la utilización del agua es la actividad minera, porque cumple con altos estándares internacionales de cuidado. Se hace reutilización del agua que usa habitualmente”, cerró.

Quien reapareció en los pasillos de la Legislatura fue el ex senador provincial Marcelo Romano. Sobre este punto, el abogado ambientalista, sostuvo que “todos sabemos que en Mendoza solamente el 4% del mapa que conocemos todos, el que nos enseñan en la escuela, está irrigado. El otro 96% es un desierto. Derechos superficiales de riego ya no hay más, se dan por ley. No hay más posibilidad. No hay posibilidad de más derechos porque no hay más agua. Lo mismo sucede con el agua subterránea”.

“De hecho, nosotros hemos judicializado pozos porque no alcanza. La restricción es cuando no hay más. El acuífero se agotó. Entonces, la pregunta es: ¿Qué agua le vamos a dar a la minería? La del uso humano, la del uso agrícola, el uso ganadero… Que digan cuál. Y después de ahí en más viene todo el otro debate, si contamina, sino contamina. El problema es el agua“, aportó.

El detrás de escena de una jornada intensa

• Según averiguó este diario, la sanción del proyecto cayó “como regalo de cumpleaños” para uno de los altos ejecutivos de PSJ.
• La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, no asistió a la Legislatura: tras haber sido increpada por manifestantes días antes en el debate en Comisiones, siguió la sesión desde su despacho. El gobernador, Alfredo Cornejo, se encontraba en Buenos Aires reunido con el Consejo de Mayo.
• El borrado por parte del Conicet del documento que se había publicado en contra del proyecto generó murmullo en los pasillos: varios diputados consultados por este diario describieron el episodio como “una movida política” y “malaleche“.
• En los pasillos, una diputada opositora se quejó en voz alta por la poca presencia de manifestantes en ese momento: “No puede ser que haya tan pocos a esta hora, hay que llamar y pedirles que empiecen a venir”.
• También se recordó que, en 2011, manifestantes ingresaron al recinto. Catorce años después, la sesión estuvo custodiada con un operativo policial inédito dentro de la Cámara, algo que llamó la atención.
• Terminada la sesión, los legisladores salieron tarde a la calle porque temían ser agredidos. Una vez desconcentrada la manifestación, pudieron retirarse del recinto.