El régimen simplificado tiene incorporado el aporte previsional en un esquema que se considera subsidiado y en el que hay 2,43 millones de personas; señales de alerta por el impacto en la sostenibilidad de los pagos
“Soy monotributista, ¿con cuánto me voy a jubilar?”. A esa frecuente pregunta se le sumó días atrás otra, orientada a saber “qué pasará con mis aportes”, ante las versiones –desmentidas por el presidente Javier Milei- respecto de que se analizaba la eliminación del régimen impositivo simplificado creado en 1998. En aquel momento inicial, la idea fue que el esquema sirviera como “un puente” por el cual pasaran quienes eran cuentapropistas informales, para registrarse tiempo después en el sistema tributario general.
Primera cuestión que se desprende de esto último, y que hoy recuerdan no pocos especialistas en seguridad social: en su surgimiento, no se pensó en un esquema para que las personas se mantuvieran allí toda su vida activa y, eventualmente, completaran el requisito de 30 años de aportes para jubilarse.
En el actual semestre, el aporte jubilatorio mensual promedio en el monotributo ronda los $15.400, según puede estimarse sobre la base de datos oficiales. Es menos de la décima parte del aporte personal promedio -sin sumar la contribución patronal- que hicieron en septiembre los asalariados (para una mejor jubilación, pero no proporcionalmente mejor que la del monotributo). Con importes que van de $13.663,17 a $118.346,41 -según la categoría-, ese número promedio se explica por el hecho de que la gran mayoría está en los escalones más bajos de la tabla.
Según datos de ARCA elaborados y publicados por la Subsecretaría de Seguridad Social, de los casi 2,43 millones de adheridos al esquema general del monotributo, activos y obligados a aportar a la jubilación, el 58% está en la categoría A (aportan $13.663,17 y tienen ingresos de hasta $8,99 millones anuales, con un promedio de $750.000 mensuales). Siete de cada diez, en tanto, se ubican en las A y B (aportan hasta $15.029,49). Si se suma a quienes están en las categorías A, B y C (contribuyen con hasta $16.532,44), se reúne a ocho de cada diez monotributistas. Y si se agrega a los de la D y la E, se concluye que nueve de cada diez pagan por el ítem previsional hasta $20.004,25, con una facturación de hasta $26,98 millones anuales (un promedio de $2,25 millones mensuales).
Por fuera de la tabla general, en el esquema de trabajadores promovidos hay 226.837 monotributistas que deben hacer aportes, pero de montos más reducidos (la estadística indica también que quienes pagan cada mes son muchos menos); en el monotributo social, que tiene exención total, 435.244, y en otros segmentos especiales, cerca de 67.000.
A fines de los 90, el aporte de $33 –igual para todos los monotributistas del esquema general- equivalía al 22% de un haber mínimo, recuerda la abogada previsional Ana Britos. Ese ingreso, afirma, fue subiendo en tiempos ya de inflación, mientras que el aporte se mantuvo varios años en $35. La relación entre las variables se fue deteriorando.
El aporte medio actual equivale a menos de 4% del ingreso jubilatorio básico, conformado por el haber mínimo más el bono de $70.000. Así, hacen falta 26 monotributistas para que, con sus aportes previsionales, se pague la prestación más básica. Es cierto que el 70% del componente impositivo del sistema se destina a la Anses, pero la recaudación no es significativa.
Según especifica Britos, en la categoría más baja el aporte equivale al 4,1% del haber mínimo (sin considerar el bono), a la vez que en el escalón más alto esa relación es de 35,5%, sin que haya diferencia en la jubilación esperada. Desde los cambios que hubo en 2024, algunos monotributistas aportan ahora más que los autónomos: en ambos casos, las prestaciones futuras se mueven en los niveles más bajos del sistema.
El puente que no fue
“La idea era poner un incentivo adicional a la formalización”, señala, en referencia a la incorporación al monotributo de aportes previsionales y a una obra social, el economista Oscar Cetrángolo, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet. “Pero ese incentivo fue demasiado grande y sin límites de tiempo -agrega-, por lo que determinó una fuerte presión a mantenerse en el medio del ‘puente’ hacia la formalización. Y el crecimiento de este grupo de trabajadores con derecho a haberes define la creciente insostenibilidad del sistema previsional; además, como si el problema fiscal no fuera suficiente, los haberes distan mucho de satisfacer a los beneficiarios”.
En el grupo de monotributistas con aportes hay ahora un 51% más de anotados que 12 años atrás, según datos a agosto de 2013 y de este año del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En el universo de asalariados del sector privado, la expansión en igual período fue casi nula: de 1,7%. En este último grupo los aportes y contribuciones suman recursos de forma más sólida para pagar jubilaciones, que se financian con esta fuente de ingresos, pero también y en gran medida con parte de la recaudación de impuestos generales, como el IVA o el que grava los créditos y débitos bancarios.
“El sistema del monotributo está muy subsidiado en lo previsional”, analiza el economista Sergio Rottenschweiler, especializado en seguridad social y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Agrega un aspecto para tener en cuenta, que es una clave más de la brecha entre el régimen simplificado y el general de autónomos: el derecho al cobro de asignaciones familiares que existe en el monotributo y que hace que haya “beneficiarios netos” del sistema. Por caso, en la categoría A se pagan $37.085,74 por mes entre el componente impositivo y los aportes, al tiempo que por cada hijo menor de 18 años se percibe este mes $59.851 (la cifra se actualiza mensualmente).
Desde el punto de vista del derecho a un futuro ingreso, Rafael Rofman, economista e investigador principal en el Cippec, observa que “son muy pocos quienes siendo mayoritariamente monotributistas se van a jubilar con las reglas actuales“, a causa de que “la consistencia de aportes es baja”.
Más allá de la realidad de la intermitencia en los aportes, lo cierto es que como el monotributo nació en 1998 y el sistema requiere 30 años de contribuciones, no hay jubilados “puros” del régimen. En los últimos años, la mayoría de quienes se jubilaron recurrieron a una moratoria, ante la falta de aportes. Del combo de moratoria y aportes de monotributista o de autónomo, resulta el cobro de un haber mínimo.
Las mejoras posibles
¿Cómo mejorar el sistema? “Si se busca una solución para dar cobertura previsional, debe definirse en el marco de una reforma jubilatoria que incorpore un piso de protección social financiado con recursos de rentas generales -sostiene Cetrángolo-; en ese marco, el monotributo puede ser una solución para situaciones particulares, en las que los trabajadores puedan mantenerse en la ‘formalidad’ por un período determinado, o en las que el tipo de contratación lo justifique. Si se busca aumentar el empleo, se requiere una economía en crecimiento y cambios normativos que van mucho más allá del monotributo».
Un aspecto clave, marca el economista, sería “incorporar cambios que limiten los incentivos para mantenerse en el monotributo, en especial con relación al IVA».
“Hay que mejorar la transición entre el monotributo y el régimen general, para que haya menos saltos”, afirma Rottenschweiler, quien agrega que eliminar el sistema “no es una buena opción”. En materia jubilatoria, dice, “hay que pensar en que el aporte tenga más sentido con lo que se va a recibir, tanto en este grupo como en el de asalariados, para evitar subsidios cruzados e inequidades”.
A contramano del rumbo de eliminación, el actual gobierno amplió significativamente en 2024 el margen para estar en el sistema, al promover una reforma que subió la facturación máxima desde $12 millones o $17 millones (según la actividad) a $68 millones (igual para todos los rubros), cifra que luego se actualizó y que ahora llega a $94,8 millones.
“Claramente, hay que mejorarlo, pero no eliminarlo”, plantea Britos, que enfatiza que los no pocos cambios necesarios abarcan al monotributo y al régimen general.
Para Rofman, una respuesta a los problemas pasaría por la adecuación de las condiciones para la pretendida transición al régimen general, que “es muy caro en un contexto de baja productividad y nulo crecimiento”. Una de las claves, dice, es ir hacia un régimen general más equitativo, sin “los incentivos actuales a evitar crecer demasiado”.
En esos incentivos hay cuestiones vinculadas al costo no solo económico, sino también burocrático, un aspecto en el cual hay una gran tarea por hacer.
