La discusión sobre el derecho de acceso a la información pública volvió a instalarse en la agenda provincial tras la presentación del proyecto del diputado César Cattaneo, que busca modificar la Ley 9.070. En este contexto, la Oficina de Ética Pública (OEP) divulgó los datos del tercer trimestre de 2025, que permiten analizar el funcionamiento del sistema y cuáles son las áreas que concentran la mayor demanda.

Entre julio y septiembre se registraron 235 solicitudes, de las cuales 171 obtuvieron respuesta. Esto significó una mejora del 7% en la tasa de respuestas efectivas respecto del período anterior. De acuerdo con la OEP, la Dirección General de Escuelas (DGE) volvió a ser el organismo más requerido, con 22 trámites, seguida por los ministerios de Salud (18) y Seguridad y Justicia (17). En contraste, los pedidos dirigidos a los municipios tuvieron una marcada disminución, salvo en Rivadavia, que recibió 15 solicitudes.

El informe también señala distintas dificultades en el funcionamiento de la herramienta. En la DGE, el 60% de los trámites no correspondió a pedidos de acceso, sino a consultas personales. En Salud, el 22% no pudo completarse por falta de datos adicionales, mientras que en Seguridad, la mitad de las solicitudes fueron realizadas por funcionarios o candidatos en un contexto preelectoral. En total, el 46% de los pedidos del trimestre provino de funcionarios, periodistas y organizaciones sociales, un comportamiento que -según la OEP- suele intensificarse en períodos de mayor actividad política.

Tendencia anual: menos pedidos, respuestas fluctuantes

El análisis del 2025 muestra un descenso sostenido en el volumen de solicitudes: el primer trimestre acumuló 311 pedidos; el segundo, 266; y el tercero, 235. Para la OEP, esta baja responde a una mayor disponibilidad de información en línea y a variaciones temáticas según la coyuntura. En cuanto al desempeño estatal, el nivel de respuestas fue irregular: el primer trimestre registró un 75% de efectividad; el segundo cayó al 66%; y el tercero subió al 73%. Sin embargo, aumentaron los expedientes respondidos fuera de plazo: de 10 en el segundo trimestre se pasó a 19 en el tercero.

El volumen de pedidos bajo gestión legal también mostró una reducción significativa: de 80 en el segundo trimestre a 45 entre julio y septiembre, lo que evidencia una mayor eficiencia administrativa.

La distribución de las áreas más consultadas varió a lo largo del año. A inicios de 2025, predominaban los requerimientos hacia municipios y el IPV. En el segundo trimestre, crecieron los pedidos vinculados al ambiente, especialmente dirigidos a Energía y Ambiente e Irrigación. En el tercer trimestre, los organismos más consultados volvieron a ser DGE, Salud y Seguridad. La OEP destacó que el IPV dejó de absorber la mayoría de los pedidos llegó a concentrar hasta el 60% tiempo atrás tras mejoras en su portal de información.

Fuente:https://www.jornadaonline.com/politica/jose-luis-ramon-enfatiza-la-injustica-que-significa-acabar-con-el-beneficio-de-zona-fria/