Según el Inventario Nacional de Glaciares, San Juan posee 4572 glaciares que ocupan un total de 614,9 kilómetros cuadrados.
El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego exige una definición urgente frente a la discusión minera. En el Gobierno empieza a tomar fuerza la idea de avanzar con una ley que aclare.
El pedido del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego para avanzar con la reglamentación de la Ley de Glaciares volvió a instalarse en el centro de la discusión minera. La provincia vecina insiste en que la definición normativa es clave para dar certezas a los inversores, pero la gestión de Javier Milei evalúa otro camino para resolver un debate que lleva años abierto.El mandatario provincial llevó un borrador de decreto a su encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adonrni, y con el ministro del Interior, Diego Santilli, donde planteó que una reglamentación permitiría ordenar competencias y despejar dudas sobre la aplicación de la ley.Desde el Gobierno nacional, sin embargo, deslizaron una alternativa distinta: avanzar con una “ley aclaratoria” que devuelva a las provincias la facultad de definir qué es un glaciar y qué es un periglaciar.Qué exige San Juan y qué responde el Gobierno nacional
Tras la reunión en la Casa Rosada, el sanjuanino repasó los avances que, según expresó, generaron condiciones más competitivas para el sector: seguridad fiscal y jurídica, eliminación del cepo y la implementación del RIGI. En ese marco, señaló que la definición pendiente de la Ley de Glaciares es el paso que falta para cerrar nuevas inversiones.
La propuesta provincial apunta a reglamentar la normativa vigente, clarificando conceptos. Según fuentes oficiales sanjuaninas, esto mantiene intacto el espíritu de la ley y la prioridad de proteger el recurso hídrico. Desde Nación, en cambio, la opción que gana terreno es la de una ley que redefina el alcance de la norma y precise qué zonas deben preservarse antes de autorizar cualquier actividad industrial.
El debate cobra especial relevancia en San Juan porque tiene proyectos mineros en etapa de construcción, a diferencia de otras provincias cuyas iniciativas aún no avanzaron al mismo ritmo. El gobierno local sostiene que la ley presenta vacíos que deben resolverse y que la reglamentación permitiría más clarificación.
¿Solución o discusión?
El empresariado coincide en que la falta de definiciones frena desembolsos de gran volumen. Las diferencias entre los relevamientos del lanigla -que registra 4.572 glaciares en la provincia- y el Inventario Nacional, que contabiliza 825 áreas de hielo, reflejan las diversas diferencias que buscan resolverse.
La Libertad Avanza apunta a que una ley aclaratoria otorgue a las provincias el poder de precisar qué glaciares y periglaciares deben protegerse, paso que implicaría un nuevo debate en el Congreso.
Para San Juan, en cambio, la urgencia pasa por una solución inmediata que brinde certidumbre a los inversores y no reabra una discusión que, aseguran, ya cuenta con licencias sociales en la provincia.
Según el Inventario Nacional de Glaciares, San Juan posee 4572 glaciares que ocupan un total de 614,9 kilómetros cuadrados.
Qué exige San Juan y qué responde el Gobierno nacional
