Durante el debate, se hizo hincapié en que el acoso escolar es una problemática social seria con «consecuencias emocionales, físicas y psicológicas profundas».

Desde el Ejecutivo, se destacó que, si bien las escuelas cumplen un rol fundamental en la contención y detección, la primera responsabilidad recae en las familias, quienes deben orientar y acompañar a sus hijos.

La senadora Mariana Zlobec, presidenta de la Comisión de Educación, subrayó que la iniciativa «requiere una respuesta integral desde la familia, la escuela y el Estado».

El proyecto contempla una escala de intervención:

• Intervención Inicial: En primera instancia, se prevé la intervención escolar y el acompañamiento interdisciplinario.
• Intervención Judicial: El Juzgado Contravencional solo intervendrá si los padres o tutores no colaboran o incumplen las medidas dispuestas por la escuela.

El senador Félix González valoró la iniciativa como «un paso adelante» en la lucha contra el acoso escolar y destacó que «convoca a toda la sociedad a tomar conciencia del flagelo que viven muchos chicos mendocinos».

Sanciones y Destino de los Fondos

Las sanciones están previstas para aquellos padres o tutores que incumplan con la colaboración requerida. Las penas incluyen:

• Trabajo Comunitario: De cinco a cincuenta días
• Multas Económicas: De 500 a 5.000 unidades fijas, dependiendo de la gravedad del caso

En los casos más graves o si existe reincidencia, el juez tendrá la facultad de duplicar las sanciones. Además, se podrá ordenar la asistencia obligatoria a talleres de parentalidad o terapia familiar.

Los fondos que se recauden por estas multas tendrán un fin educativo y comunitario: serán destinados al Fondo Provincial para la Prevención y Asistencia al Acoso Escolar (administrado por la Dirección General de Escuelas) y también a bibliotecas populares.