La iniciativa del Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, busca establecer un marco normativo provincial que preserve la integridad genética de las semillas, promueva condiciones previsibles para los productores y fortalezca la competitividad del sector semillero mendocino.
El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; la senadora Fernanda Sabadín; el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, y el director de Agricultura, Alfredo Draque, presentó ante la Legislatura provincial un proyecto de ley fundamental para el futuro de la producción agrícola mendocina.
“El contexto de la semilla híbrida de exportación requiere condiciones muy específicas y Mendoza las tiene: una gran cultura hortícola y un excelente estatus sanitario. Esto nos coloca en un lugar privilegiado a nivel mundial, comparable con regiones como Sudáfrica, Nueva Zelanda o Australia. Aquí, grandes compañías trabajan en conjunto con pequeños productores, en esquemas totalmente formales, en blanco y con contratos en dólares, lo que fortalece la matriz productiva diversificada de pequeñas parcelas”, sostuvo el titular de la cartera de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.
“Esta ley viene a brindar el marco jurídico necesario para garantizar seguridad a ambas partes: a las empresas y a los productores. Con el Registro Único de la Tierra y el control del Iscamen podremos asegurar la coexistencia ordenada de cultivos y evitar contaminaciones entre especies, especialmente en producciones de alto valor como la semilla híbrida. Mendoza ya exporta semillas, pero con este marco normativo y la seguridad jurídica que otorga, vamos a poder crecer mucho más. Las multinacionales van a mirar nuevamente a nuestra provincia como un polo confiable y competitivo en la producción de semillas de exportación”, agregó el funcionario.”
La propuesta, elaborada por el Ministerio de Producción y su Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, tiene como finalidad regular la coexistencia entre distintos cultivos agrícolas, evitando la contaminación genética y preservando la calidad de las semillas que se producen en la provincia. Además, promueve la trazabilidad, la transparencia y la previsibilidad en la relación entre productores y empresas semilleras, consolidando un entorno de seguridad jurídica que favorece la inversión y el desarrollo sostenible del sector.
El proyecto, impulsado en el marco de las políticas de diversificación y tecnificación del agro provincial, propone la creación de un marco legal específico que armonice con la Ley Nacional de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 20247, y que otorgue herramientas concretas para ordenar el uso del suelo, resguardar la identidad varietal de los cultivos y fomentar la inversión en la actividad semillera.
La regulación provincial permitirá consolidar una actividad estratégica para el futuro agrícola de Mendoza, ya que la producción de semillas representa un sector de alto valor agregado, con capacidad para complementar rubros tradicionales como la vitivinicultura, la fruticultura o la horticultura.
Actualmente, Mendoza concentra cerca de 350 hectáreas destinadas a la producción de semillas híbridas de cebolla y zanahoria, sobre un total nacional de 800 hectáreas, según datos del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Estas cifras posicionan a la provincia como una de las principales zonas productoras del país, con un potencial de crecimiento basado en la calidad, la trazabilidad y la certificación genética.
El proyecto de ley también establece la obligatoriedad de inscripción en el Registro de Uso de la Tierra (RUT) para todos los productores que deseen realizar actividades de producción, multiplicación o comercialización de semillas.
A través de este registro, instrumento gestionado por la Dirección de Agricultura, se dispondrá de información georreferenciada sobre ubicación, especie, variedad y fechas de siembra, lo que permitirá identificar zonas de riesgo, planificar cultivos y evitar interferencias entre parcelas. La autoridad de aplicación propuesta será el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen).
Además, la normativa propone la implementación de protocolos de aislamiento y medidas complementarias, como barreras físicas, cortinas vegetales o desfases temporales de siembra, para minimizar la posibilidad de polinización cruzada.
La iniciativa provincial contempla un régimen de sanciones económicas e inhabilitaciones temporales para quienes incumplan las disposiciones establecidas. Paralelamente, se promueve la coordinación interjurisdiccional con otras provincias para unificar criterios técnicos y distancias de aislamiento, especialmente en áreas limítrofes, fortaleciendo la cooperación regional en materia de bioseguridad agrícola.
El Ministerio de Producción destacó que el crecimiento del negocio semillero mendocino contribuye a la diversificación de la matriz productiva provincial, potenciando la generación de empleo calificado y la incorporación de tecnología.
Asimismo, impulsa la formalización del sector, garantizando el cumplimiento de requisitos fiscales y sanitarios, y favorece la inserción de Mendoza en las cadenas globales de valor en genética vegetal.
En cuanto al contexto internacional, el proyecto toma como referencia modelos de convivencia entre cultivos aplicados en países como Brasil, Estados Unidos y Chile, donde se han desarrollado distintos instrumentos normativos para prevenir conflictos por contaminación genética y asegurar la trazabilidad de las producciones.Estos antecedentes confirman la necesidad de que Mendoza cuente con una legislación propia y moderna, adaptada a las particularidades de su territorio y su sistema productivo.
El objetivo final es consolidar a Mendoza como un referente nacional en producción semillera, con un marco jurídico que promueva la calidad, la innovación y la sostenibilidad del agro provincial.
