La modificación está destinada a quienes no tienen medios económicos para afrontar la tasa de justicia y los aportes legales al iniciar un juicio. El objetivo es democratizar el acceso a la Justicia.La iniciativa prevé la implementación de un sistema automatizado diseñado por la Dirección de Informática del Poder Judicial, mediante el cual los tribunales pueden comprobar en menos de un minuto si corresponde conceder el beneficio y, en caso afirmativo, generar una constancia con firma digital. Este mecanismo funciona gracias a la interoperabilidad con la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), que reúne información de organismos nacionales y provinciales.
El ministro de la Corte argumentó respecto de la presentación: “Decidimos encarar esta reforma. Queríamos empezar a ajustar cosas que no se ajustan porque nadie las mira, pero que tienen incidencia para las personas que litigan, los abogados y adentro del Poder Judicial”.
Hasta esta reforma “la gente común tenía que pagarle a su abogado o hacer el trámite de ir al Registro Automotor y al Registro de la Propiedad para pedir el certificado sobre si tiene vehículo e inmuebles. También llevar el bono de sueldo y, si no tiene, demostrar cuánto cobra como locador de servicios”.
Para Garay, el cambio está vinculado al “acceso de Justicia” para que “nadie por no tener plata no pueda demandar a otra persona”.
“El ciudadano común tenía que peregrinar por oficinas públicas pidiendo oficios o informes. El abogado tenía que hacer lo mismo… En la 1° Circunscripción era del 19 al 22% de los trámites que llevaba la Justicia civil. Estamos hablando de casi 4.500 casusas sobre 14.000 en toda la provincia. Si traducíamos, eran 9.900 horas hombre en un año“, deslizó.
Desde la Justicia estiman que el costo salarial para afectar a esa cantidad de personal ronda los $150.000.000.
“Lo interesante es que previo a la reforma legislativa, nosotros ya tenemos todo listo para poder aplicarla. Hicimos un acuerdo con el SINTyS, que es una base de datos de todo el país donde confluyen Anses, AFIP (hoy ARCA), registros automotores y de la propiedad y bienes suntuosos. Entonces, nos van a dar acceso a eso y nosotros desarrollamos un programa nuestro”, contó el juez.
Lo cierto es que a partir de ahora se podrá pedir el beneficio sin presentar los trámites previamente mencionados. “Un empleado del Poder Judicial va a poner el número de documento de la persona y eso va a ir a la base de datos del SINTyS, que va a indicar si el solicitante tiene casa, si sueldo supera cierta cantidad calculada en base al salario mínimo, vital y móvil y todos esos datos. Todo eso demora un minuto en términos de consulta. No habrá que buscar ningún papel porque es la administración la que entra en la base de datos y comunica si se reúnen todas las condiciones para dar el beneficio directamente”, cerró.
Fuente;https://www.elsol.com.ar/mendoza/litigar-sin-gastos-en-que-consiste-la-transformacion-que-avalo-la-legislatura-y-que-cambia-para-el-sistema-judicial-mendocino/
