La reciente reglamentación de la Ley 9578 establece nuevas exigencias para empresas y vigiladores, incorporando servicios electrónicos y cobertura en eventos masivos. Desde la Dirección de Seguridad Privada se intensifican los controles para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Las autoridades recomiendan a los vecinos asesorarse antes de contratar servicios para evitar prestadores no habilitados.
En el marco de las acciones de control y regulación que lleva adelante la Dirección de Seguridad Privada, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza recordó la importancia de contratar servicios habilitados y en regla bajo la Ley Provincial 9578, recientemente reglamentada. La normativa establece, además, que los propietarios de los lugares que contraten seguridad no habilitada son solidariamente responsables y pueden recibir sanciones y multas por los incumplimientos detectados.
El director de Seguridad Privada, Alejandro Antón, explicó que esta ley reemplaza a la normativa 6441, vigente desde 1997 y actualiza el marco regulatorio del sector para adaptarlo a las nuevas demandas y tecnologías. “La ley incorpora no solo los servicios tradicionales de seguridad física, sino también los sistemas electrónicos, la cobertura en locales de diversión nocturna y en eventos deportivos. Es una actualización necesaria para brindar un servicio profesional y acorde a los riesgos actuales”, indicó.
Desde la Dirección se realizan controles periódicos sobre empresas registradas y no registradas, con el objetivo de garantizar que quienes prestan servicios cumplan con los requisitos exigidos por la norma. Entre ellos se destacan la obligatoriedad de contar con seguros de caución, personal habilitado, uniformes homologados y planes de seguridad previamente aprobados. Asimismo, se están habilitando aulas satélites para facilitar que los vigiladores puedan finalizar sus estudios secundarios, un requisito indispensable para ejercer bajo la nueva ley.
Sobre los hechos ocurridos en un barrio privado de Luján, el funcionario confirmó que la empresa que operaba en ese lugar no estaba habilitada. “Lamentablemente, todavía hay quienes contratan servicios sin verificar su legalidad. Esto puede generar riesgos, desde la falta de control sobre el personal hasta la inexistencia de cobertura ante incidentes. Recomendamos a los vecinos asesorarse siempre antes de contratar”, señaló.
Antón recordó que las empresas habilitadas cuentan con director técnico, planes de seguridad aprobados y credenciales para cada vigilador, otorgadas tras verificar antecedentes y capacitación. Además, destacó que en breve se avanzará en un convenio con la Cámara de Empresas de Monitoreo para integrar sistemas de cámaras de acceso público, lo que permitirá fortalecer la coordinación con la Policía de Mendoza.
“La seguridad privada es un complemento clave para la seguridad pública, pero debe funcionar dentro del marco legal vigente. Desde la Dirección estamos a disposición para asesorar a vecinos y administraciones de barrios privados, evitando que se repitan situaciones como la ocurrida recientemente”, concluyó.
