La sesión -convocada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica- se presenta complicada para el oficialismo, pues le va a resultar más difícil que otras veces encontrar apoyos aliados para evitar que se alcance el quorum. Los gobernadores, a los que suele acudir la Casa Rosada para neutralizar las ofensivas opositoras, esta vez son los primeros interesados en que la sesión se lleve adelante para que se avance en el tratamiento de dos iniciativas para ellos prioritarias: la que propone coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la que establece un nuevo esquema de reparto de lo producido por el impuesto a los combustibles. Ambas tienen media sanción del Senado e implicarían fondos frescos para las provincias.

Otro tema que provocará chispazos entre el oficialismo y la oposición es el caso $LIBRA, escándalo que salpica al presidente y a su hermana Karina Milei y que en las últimas semanas mostró avances en la Justicia de los Estados Unidos. Los opositores intentarán en el recinto destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora que se creó en abril pasado, pero que fue hábilmente bloqueada por el oficialismo. Los libertarios buscarán abortar la ofensiva opositora con el argumento de que el plazo para su funcionamiento, que era de tres meses, ya está vencido.

Los opositores desconocen este vencimiento y así lo expresaron en una nota conjunta. “Esta Comisión fue creada con el mandato expreso de investigar la participación y responsabilidad de funcionarios del actual gobierno en el caso del criptoactivo $LIBRA y sus vínculos con los promotores del mismo. Sin embargo, el oficialismo ha impedido desde el primer día su normal funcionamiento, obstaculizando la designación de autoridades, evitando su convocatoria y bloqueando cada intento de avanzar en la agenda investigativa”, señalaron.

Universidades y Garrahan

La sesión promete ser tan larga como intensa. Como primer punto en el temario figuran los dictámenes referidos al financiamiento de las universidades; una iniciativa similar fue vetada por el presidente Milei el año pasado.

Poco antes del receso legislativo, un amplio sector de la oposición logró unificar posturas en torno a un proyecto que, además, cuenta con el aval del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La propuesta se basa en dos ejes troncales: por un lado, la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, de los hospitales universitarios y de las partidas destinadas a ciencia y tecnología retroactiva al año pasado; a partir de este año se propone un ajuste bimestral, también por inflación.

El otro eje se refiere a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes. Sobre este punto el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias cada tres meses, aunque fija como piso de aumento mensual el índice de precios del consumidor. Asimismo, se dispone la recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles y la realización de auditorías obligatorias en todas las universidades por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Además, los opositores incluyeron los distintos proyectos que declaran la emergencia en los hospitales pediátricos a propósito de la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan, cuyos trabajadores realizaron ayer una nueva protesta frente al Obelisco. Esa misma noche el presidente Milei firmó un decreto por el que dispuso un aumento salarial para residentes y becarios del nosocomio y otras instituciones médicas que llevaría el sueldo a poco más de un millón de pesos a partir de noviembre.

Otro de los temas ríspidos que se abordarán en la sesión tiene que ver con el veto que impuso Milei sobre un fondo de emergencia de $200.000 millones para la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. En su última sesión el Senado insistió en la ley aprobada por el Congreso; ahora le toca el turno a la oposición de la Cámara de Diputados, que deberá reunir dos tercios de los legisladores presentes para dejar sin efecto el veto. El oficialismo necesitará reunir al menos un tercio de los votos para bloquear la ofensiva; de no lograrlo, será la primera vez que en la actual gestión un veto presidencial sea rechazado por el Congreso.