En el centro del conflicto no está Repsol, que era el accionista mayoritario de YPF cuando estaba en manos de la petrolera española, porque esa empresa ya acordó una indemnización en 2014 con el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, por valor de unos 5000 millones de dólares en bonos que vencerán hasta el año 2033. Sumados los respectivos intereses, la Argentina terminará pagando por esos títulos de deuda pública unos 10.000 millones de dólares. Si se le suman los 16.100 millones dispuestos ahora por la jueza Preska, el total del pago que el país debería hacer por su empresa petrolera sería de 26.100 millones de dólares.

Según las últimas estimaciones del mercado, el valor actual de YPF no supera los 14.000 millones de dólares. Ese es el deplorable manejo que el matrimonio Kirchner hizo de YPF y que la jueza Preska sancionó el martes; fue, en los hechos, una nueva condena contra Cristina Kirchner. Néstor Kirchner había “argentinizado” a la compañía petrolera cuando presionó a los españoles para que incorporaran a un socio argentino, que era la familia Eskenazi, y Cristina Kirchner decidió después la compulsiva reestatización de YPF.

Tanto Néstor como Cristina Kirchner habían sido entusiastas simpatizantes de la privatización de YPF, dispuesta en 1998 por el gobierno de Carlos Menem. Esa privatización le significó a Santa Cruz, entonces bajo el estricto poder político de los Kirchner, contar con los famosos “fondos de Santa Cruz” en concepto de participación en la venta (la provincia tiene pozos petroleros de YPF), que según algunos analistas financieros llegaron a ser de 1000 millones de dólares. Esos fondos desaparecieron luego y nadie explicó nunca qué pasó con ellos. La empresa Petersen, de la familia Eskenazi y titular del 25 por ciento de las acciones de YPF, no fue tenida en cuenta en el arreglo de Kicillof con Repsol; entonces, Petersen se declaró en quiebra y su derecho a litigar fue comprado por los fondos Burford y Eton Park. Preska está decidiendo sobre los planteos de resarcimiento de estos fondos, eventuales derechos que fueron originalmente de los Eskenazi.

En rigor, toda la operación de compraventa de una parte de YPF por los Eskenazi se hizo durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2008, aunque siempre se afirmó que la idea de la “argentinización” había sido de su marido. La expropiación se decidió también durante la administración de la expresidenta, en 2012, pero su esposo ya había muerto. La compra por parte de los Eskenazi se hizo primero, en 2008, por un 14,9 por ciento de las acciones. El costo fue de 2133 millones de dólares. Los Eskenazi pusieron solo 100 millones. La propia Repsol recurrió al método de “préstamo del vendedor” y le prestó al comprador 1015 millones de dólares. Otros 1018 millones de dólares fueron préstamos de un pool de bancos integrado por Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa. En 2011, los Eskenazi compraron otro 10,1 por ciento por 1400 millones de dólares. Repsol les hizo otro préstamo de 730 millones y un nuevo pool de bancos les dio un crédito de 670 millones de dólares. De este pool participaron los bancos Standard Bank, Credit Suisse, Santander y Citi. De ese modo, la familia Eskenazi se hizo dueña del 25 por ciento de las acciones de YPF. Los créditos los pagaría con los dividendos anuales que le correspondía cobrar por las acciones que poseía. Fue una operación rara. Por eso, Repsol autorizó el pago casi total de dividendos a sus accionistas, lo que también les permitía a los propios españoles desinvertir en la Argentina; la inversión se redujo y consecuentemente también cayó la producción de YPF. Era una secuela lógica de la “argentinización” imaginada por Néstor Kirchner, no la culpa de la empresa española.

Como es su costumbre, Cristina Kirchner culpó luego a Repsol cuando el país debió importar energía por la reducción de la producción de petróleo y gas de YPF. Entonces, comenzó también el proceso que terminaría con la expropiación de la mayoría de las acciones de YPF en manos de Repsol. El 15 de abril de 2012, el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, y otros funcionarios kirchneristas ingresaron por la fuerza a la moderna sede de YPF, en Puerto Madero, edificio diseñado por el célebre arquitecto César Pelli. En ese mismo momento, Cristina Kirchner anunciaba por cadena nacional que había dispuesto expropiar YPF. De Vido era el único funcionario que solía frecuentar a los máximos ejecutivos españoles de YPF, pero les advirtió en su momento: “Yo soy peronista, no izquierdista. Pero si tengo que adoptar una posición de izquierda, la adoptaré”. Es un marxista convencido, pero de Groucho Marx, no de Karl Marx.

Un exfuncionario que se haría famoso luego, Roberto Baratta, cuyo chofer, Oscar Centeno, escribió los cuadernos de las coimas denunciados y hechos públicos por Diego Cabot, era en ese momento el representante del gobierno en el directorio de YPF. Baratta llegó junto con De Vido y se presentó con una lista de ejecutivos de la compañía, la mayoría españoles, y los echó literalmente a la calle. Fue tal el trauma de esos ya exejecutivos que pidieron dormir esa noche en dependencias de la embajada española. El entonces embajador español en Buenos Aires, Román Oyarzun, decidió al día siguiente que era más seguro para sus conciudadanos que salieran por barco ese mismo día hacia Montevideo, y que desde esta capital tomaran un vuelo comercial hacia España. Así fue. Todo había tenido la forma y el fondo de una confiscación, más que de una expropiación. Desde hacía seis meses, el gobierno de Cristina Kirchner había desarrollado una operación de “acoso y derribo”, como la llamaron los españoles, para expulsar a los españoles de la petrolera. El gobierno enviaba a la compañía a decenas de inspectores de la entonces AFIP y se abrieron innumerables expedientes administrativos.

Sin embargo, menos de un mes después el Congreso argentino ya había aprobado por abrumadoras mayorías la expropiación de YPF, lo que le está costando a la Argentina ahora la eventual entrega de la compañía petrolera a los acreedores que compraron los derechos de Petersen, de la familia Eskenazi. La aprobación de la expropiación en la Cámara de Diputados fue por 208 votos a favor de los 257 diputados que hay, y en el Senado fue peor: votaron a favor 63 senadores de los 72 que hay. Ya que estaban tan excitados con la expropiación, hubieran expropiado también las acciones de la familia Eskenazi, pero nadie nombró ni a la familia ni a su empresa Petersen. Más, todavía: si Petersen hubiera entrado luego en los acuerdos de Kicillof, el actual juicio que se realiza en el despacho de la jueza Preska no existiría.

Kicillof explicó en su momento que le convenía “no cumplir con la ley de YPF ni con su estatuto”. Suficiente, para la jueza Preska. El gobierno argentino había decidido no cumplir con la ley, y lo decía sin vergüenza. Esa frase de Kicillof figura entre los argumentos de la magistrada para ordenar la entrega de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, porque ellos compraron los derechos de litigar de Petersen. Petersen no pudo seguir pagando los préstamos luego de la expropiación porque no cobraba los dividendos; los bancos declararon a esa empresa en default, y la compañía presentó su quiebra en los tribunales de Madrid, donde estaba radicada. Si Burford y Eton Park ganaran el juicio tal como está ahora, la familia Eskenazi percibiría unos 5000 millones de dólares (el 30 por ciento del total), pero tendría que pagar, según una estimación del periodista Diego Cabot, la misma cifra por sus deudas impagas con Repsol y los bancos.

Votaron en el Congreso a favor todo el peronismo, el radicalismo y varios representantes de partidos provinciales. Es justo consignar también a los pocos que votaron en contra de la expropiación: Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño, Jorge Triaca y Eduardo Amadeo, entre los más conocidos. Paralelamente, en la Casa de Gobierno, la expropiación fue celebrada y aplaudida, entre Cristina Kirchner y los infaltables camporistas, por Florencio Randazzo, Julián Domínguez, el empresario Gustavo Cinosi y Mercedes Marcó del Pont. El experimentado y sagaz José Manuel García-Margallo, canciller del entonces gobierno español de Mariano Rajoy, anticipó el futuro: “Es probable que dentro de algunos años la Argentina tenga que pagar un precio demasiado alto por la decisión que tomó”, dijo poco después de la expropiación. Lo está pagando. En septiembre de 2012, cinco meses después, el fiscal Carlos Stornelli hizo una denuncia por la inexplicable compraventa de acciones entre Repsol y Petersen, que cayó en el juzgado de Ariel Lijo; nunca pasó nada.

El abogado Bernardo Saravia Frías, exjefe de los abogados del Estado en tiempos de Mauricio Macri, reconoció que la jueza Preska tuvo en cuenta todos los incumplimientos de los gobiernos anteriores (incluida la época del juez Griesa), pero también recordó que hay un artículo de la ley norteamericana que es central en el vínculo de Estados Unidos con otros países. Se llama international comity y “se traduce en que el Estado norteamericano no puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro país”. Ese principio, según Saravia Frías, “limita, salvo excepciones, el accionar de la Justicia contra otros Estados”. Y concluye: “La decisión de Preska viola ese principio”, sobre todo porque la ley que expropió YPF establece que el “Estado argentino no puede disponer de las acciones de YPF sin el consentimiento del Congreso con una mayoría agravada de los dos tercios”. Saravia Frías confía en las decisiones que pueda tomar la Cámara donde irán las apelaciones del gobierno argentino. Y dice al final: “Un juicio que no termina no es un juicio perdido. Acá hay instancias de apelación y hay flancos débiles que dan una luz al final del túnel del país. Se debe actuar con astucia y prontitud”. Todo puede ser, pero, aun si hubiera solución judicial, tal desenlace no liberaría de la culpa del error en el manejo de la empresa petrolera a los contradictorios gobiernos peronistas de las últimas tres décadas.