En un contexto de creciente preocupación por el impacto económico en sectores vulnerables, el Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la intención del Gobierno Nacional de eliminar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la ampliación del Régimen de Zona Fría, que había sido aprobado en 2021 a través de la Ley N° 27.637.
Esta medida, que actualmente beneficia a 3,1 millones de usuarios con subsidios de hasta el 50% en el consumo de gas natural, tiene un costo fiscal estimado en USD 300 millones anuales. La propuesta ha generado un fuerte rechazo en diversas regiones del país, especialmente aquellas afectadas por climas fríos.
Un derecho esencial: el acceso a la energía
El Régimen de Zona Fría fue originalmente creado en 2002 con el fin de proteger a los habitantes de las regiones con condiciones climáticas extremas como la Patagonia, la Puna y Malargüe, garantizando tarifas accesibles de gas natural. Sin embargo, la ampliación de este beneficio en 2021, que abarcó zonas más templadas y sectores socioeconómicamente acomodados, incluyendo regiones de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, ha sido clave para mitigar las desigualdades geográficas y económicas.
Las regiones del sur y otras áreas de clima severo enfrentan un consumo estructuralmente más alto de gas natural. De acuerdo con expertos, el costo de la energía en estos lugares podría representar una carga desproporcionada para las familias si se eliminaran los subsidios. Además, en muchas de estas zonas no existen alternativas energéticas eficientes ni accesibles, lo que obliga a los hogares a recurrir a leña, gas envasado o electricidad, con costos mucho más elevados y mayores riesgos para la salud.
Impacto social y económico: un retroceso en justicia social
La eliminación de estos subsidios afectaría gravemente a sectores vulnerables de la población, que verían aumentadas sus tarifas de gas de manera abrupta, en un contexto de altos costos de vida y bajas temperaturas. La medida, que podría despojar a 3,1 millones de usuarios de los beneficios del régimen ampliado, se percibe como un retroceso en materia de justicia social, al ignorar las desigualdades territoriales y socioeconómicas que aún persisten en el país.
El acceso a servicios públicos esenciales como el gas natural, que permite calefaccionarse, cocinar o higienizarse, no solo es una necesidad básica, sino también un derecho consagrado por la Constitución Nacional, particularmente en su artículo 42. En este sentido, el Régimen de Zona Fría no solo ha sido una herramienta para asegurar la equidad territorial, sino también una forma de proteger a las economías regionales y evitar el despoblamiento de áreas alejadas de los grandes centros urbanos.
Rechazo y solicitud de revisión
Ante esta propuesta del Gobierno Nacional, el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, en la provincia de Mendoza, expresó su total repudio a la pretensión de derogar la Ley N° 27.637, considerando que dicha decisión implicaría un perjuicio significativo para millones de familias argentinas. En un proyecto de declaración, se solicitó al Ejecutivo Nacional que mantenga el esquema vigente hasta que se realice una revisión integral con criterios socioeconómicos, jurídicos y con participación federal, para evitar que los más necesitados se vean perjudicados por una medida que, según los legisladores locales, podría generar un impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos.
Una medida que requiere debate
El proyecto ingresado al Concejo Deliberante de San Rafael también insta a los legisladores nacionales por la provincia de Mendoza a oponerse a la derogación de la Ley N° 27.637 sin un debate público y participativo que permita evaluar las consecuencias sociales y económicas de una medida tan controvertida.
El Gobierno Nacional tendrá que enfrentar una creciente presión política y social para que se revierta la decisión, en tanto los sectores más afectados por el frío y la desigualdad territorial continúan luchando por mantener los subsidios que les permiten acceder a un servicio básico e indispensable para su subsistencia.
En momentos de alta tensión económica y social, la política energética juega un rol crucial en la vida de los ciudadanos. El Régimen de Zona Fría, como herramienta de subsidios focalizados, ha sido un pilar para la justicia social en muchas zonas del país. La propuesta de derogar la ley sin una discusión seria y participativa sobre sus implicancias podría no solo agravar las desigualdades existentes, sino también perjudicar a sectores que dependen directamente de este tipo de medidas para garantizar su bienestar. Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno y los legisladores reflexionen sobre la necesidad de un debate abierto antes de tomar decisiones que afecten a millones de argentinos.
