Así lo confirmaron a LA NACION tres personas que tuvieron acceso al documento elaborado por el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los principales “guerreros” del relato libertario.

La misma percepción, aunque con matices, transmitió un exfuncionario del área de inteligencia que conserva estrechos vínculos con el mundo de los espías. “El PIN emana un tufillo a gobierno totalitario, a querer estar encima de los que piensan distinto”, aseguró.

Los testimonios son coincidentes con la publicado el domingo por LA NACION, que tuvo acceso exclusivo al Plan de Inteligencia Nacional del gobierno libertario y pudo corroborar que sus lineamientos podrían dar lugar a que los espías argentinos puedan reunir y analizar información sobre periodistas, economistas y otros “actores” sociales que con sus trabajos o publicaciones puedan “erosionar” la confianza en los funcionarios del Gobierno o “manipular” a la opinión pública.

La noticia impactó de lleno en el Congreso, en particular en la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organos y Actividades de Inteligencia, que preside el senador Martín Lousteau (UCR-Capital).

La citación de Neiffert

Aunque hasta el momento no tiene fecha, fuentes legislativas confiaron a LA NACION que la Comisión sería convocada para la semana próxima y que en esa reunión se analizaría la citación de Neiffert y de otros funcionarios de la SIDE para que brinden explicaciones sobre este tema.

El Gobierno desmintió la información de manera parcial con un comunicado de la Oficina del Presidente que Milei replicó a través de su cuenta personal en la red social X acusando al “90% de los periodistas” de ser “los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad”.

“Este es el primer Gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”, sostiene en uno de sus párrafos el comunicado oficial, que se preocupa por destacar que la información contenida en el Plan de Inteligencia Nacional es secreta y que a ella sólo tienen acceso el Presidente, la SIDE y la comisión bicameral del Congreso.

Más allá de la velada advertencia del Gobierno, funcionarios legislativos explicaron la dinámica con la que se maneja el PIN en el ámbito del Congreso.

Al respecto, aclararon que la bicameral no tiene que aprobar el PIN, sino que su presentación es una obligación de la SIDE que, en el caso del gobierno de Milei, se hizo con retraso con la excusa de la reestructuración del organismo impulsada por el actual Gobierno el año pasado. Si del documento surgieran dudas, los legisladores tienen la facultad de convocar a funcionarios de inteligencia para pedir explicaciones.

“El rol de la Comisión es que se cumpla la ley y la Constitución y ver la efectividad con la que se utilizaron los fondos” destinados a la Secretaría de Inteligencia. El rol, salvando las distancias, sería parecido al que cumple la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que hace un control expost de las partidas presupuestarias ejecutadas,

La inyección de fondos reservados a la SIDE a través de decretos de necesidad y urgencia fue motivo de polémica durante el año pasado, sobre todo una partida de $100.000 millones que fue rechazado por el Senado, pero que se mantiene vigente porque nunca fue tratado por la Cámara de Diputados.

Sobre el Plan de Inteligencia Nacional todas las fuentes consultadas por este diario, coincidieron en señalar que se trata de un documento que traza lineamientos generales sobre las actividades en las que la SIDE piensa poner atención. Por lo general, sus directivas apuntan a poner la lupa sobre la detección de actividades como el terrorismo o el espionaje que otras naciones puedan llevar a cabo en el territorio nacional.

Al respecto, un exfuncionario de inteligencia le dijo a este diario que la atención en el control de las actividades de los espías deben estar centradas en lo que se denominan “órdenes de búsqueda”. Es en esos documentos donde quedan plasmadas las actividades de espionaje y si estas se hicieron sobre periodistas, políticos opositores o formadores de opinión de otras áreas de la sociedad civil.