Además de reivindicar la figura del militar que a fines del siglo XIX encabezó la Campaña del Desierto, la finalidad de la Operación Presidente Julio Argentino Roca es reforzar la seguridad en las zonas de frontera, para poner un freno al avance del narcotráfico y el crimen organizado, a través de controles en los espacios terrestre, aéreo y fluvial. Los militares irán con reglas de empeñamiento fijadas especialmente por el ministro Petri para estas operaciones, de acuerdo con el marco legal previsto en la ley de defensa nacional y en el decreto 1112/2024, que en diciembre pasado habilitó a las Fuerzas Armadas a actuar ante amenazas de organizaciones terroristas y colaborar en el control de las fronteras.

El despliegue comprenderá la más alta cantidad de efectivos militares movilizados en el país desde la Guerra de Malvinas. En los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández hubo operativos similares (Escudo Norte, Fortín I y II, Fronteras Seguras e Integración Norte, entre otros), pero con envíos de menor magnitud, entre 500 y 5000 efectivos, para tareas de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, que tienen a su cargo el combate al narcotráfico, y la asistencia a la población frente a catástrofes naturales y emergencias, como el terremoto que azotó en 2015 a la provincia de Salta.

De todos modos, voces castrenses advirtieron a LA NACION que el despliegue militar quedará sujeto a las posibilidades presupuestarias. “Al personal habrá que pagarle viáticos y ese gasto se incrementa en función del número, además del racionamiento y el combustible para los vehículos. No sabemos si habrá refuerzos de partidas”, estimó la fuente consultada. Mientras tanto, ya se llamó a licitación para comprar cascos y chalecos, los elementos más básicos que se requieren para las operaciones.

El plan oficial

“Las Fuerzas Armadas pueden ser empleadas tanto para disuadir amenazas, como para actuar de manera efectiva frente a agresiones, siempre en el marco de proveer a la defensa nacional ante agresiones externas”, sostiene, al respecto la resolución 347/2025, firmada por el ministro Petri el martes pasado.

En el Ministerio de Defensa, en tanto, informaron que la actuación de los militares se concentrará en zonas rurales “alejadas de los centros urbanos y fuera de los pasos fronterizos internacionales oficiales”. Las acciones son coordinadas con el Ministerio de Seguridad y se busca “generar información estratégica para la defensa y las fuerzas federales”.

Vigilancia y control

La resolución de Petri señala que los operativos realizados en las gestiones anteriores no contribuyeron “al desarrollo sostenido de las capacidades de vigilancia y control de la Fuerzas Armadas, limitándose únicamente a las acciones de apoyo a la comunidad y la asistencia ante catástrofes naturales o emergencias”.

Los militares utilizarán drones, radares móviles, helicópteros, comunicaciones y un avión Diamond para los relevamientos. Irán, según se informó, con equipos de protección individual.

Con este nuevo envío de efectivos a los límites geográficos del norte, el gobierno nacional apunta a considerar las zonas de frontera como puntos críticos y de máxima relevancia a los efectos de la defensa nacional”.

Entre los antecedentes que fundamentan la decisión de Petri para reforzar el envío de militares a la frontera norte, el ministro cita en su resolución el decreto ley 15.385, de 1944, cuyo artículo 8 menciona que “el servicio de policía ejercido en las zonas de seguridad de fronteras por la Gendarmería y la Prefectura podrá ser reforzado, en caso necesario, con “personal y elementos de los entonces Ministerios de Guerra y Marina respectivamente”, que en la actualidad corresponde a personal y elementos militares dependientes del Ministerio de Defensa”.

Y, para no vulnerar las limitaciones impuestas a las Fuerzas Armadas tras la última dictadura militar, la resolución ministerial contempla que “ese refuerzo debe ser entendido como un complemento a las fuerzas de seguridad, en el marco de lo dispuesto en la ley de seguridad interior 24.059”.

Además, se menciona el decreto 253/18, firmado por Mauricio Macri, que “redefine y modifica las zonas de seguridad de fronteras en las que el Estado es responsable de coordinar políticas públicas de seguridad y de defensa”.

Petri recordó en su resolución que el decreto 1112/2024, que reglamenta la ley de defensa nacional y elimina las restricciones impuestas en 2006 por Néstor Kirchner para la actuación de las Fuerzas Armadas frente a amenazas de origen externo, permite ahora a su cartera “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las zonas de seguridad de fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”. Dichas tareas incluyen la posibilidad de realizar actividades de adiestramiento operacional, brindar apoyo logístico al Sistema de Seguridad Interior, realizar acciones de apoyo a la comunidad y prestar asistencia ante catástrofes naturales o emergencias.

Entre otras medidas, el ministro de Defensa dispuso que “durante las operaciones militares, las actividades de adiestramiento operacional y otras tareas, los miembros de las Fuerzas Armadas se proporcionarán su propia seguridad y protección, repeliendo las agresiones que pongan en riesgo la vida del personal o afecten gravemente el material y equipo necesarios para la defensa nacional”.