Según confirmó el Ministerio de Seguridad a LA NACION, la magistrada también será acusada por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato durante la marcha de los jubilados
El Gobierno presentará el próximo lunes una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, previamente cuestionada por el Ministerio de Seguridad tras haber liberado a las pocas horas a los 114 manifestantes que fueron detenidos durante la marcha por los jubilados del miércoles pasado frente al Congreso. Según anticiparon a LA NACION desde la cartera que conduce Patricia Bullrich, la acusación contra la magistrada no solo será por el “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “prevaricato”, sino también por haber sido “deliberadamente funcional al delito de sedición y atentado al orden público”.
La embestida contra Andrade se da luego que el Gobierno pidiera apartarla de la causa y tras la denuncia que presentó este viernes el Ministerio de Seguridad contra “grupos organizados de barrabravas” de más de una veintena de clubes de fútbol por los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada.
Básicamente, le cuestionan a Andrade que haya emitido un fallo de madrugada en el que liberaba “en menos de ocho horas” a todos los detenidos por la Policía de la Ciudad y las fuerzas federales, “sin haber controlado la prueba y verificado la existencia de antecedentes penales”, cuando se trataba de un procedimiento “complejo”, dada la cantidad de personas arrestadas.
Pero, además, desde el Gobierno le achacan que su decisión respondió a cuestiones políticas. “Fue deliberadamente funcional para que se sostengan todos los hechos ocurridos. Es una juez que no miró la Ley”, apuntó a LA NACION el director de legales del ministerio de Bullrich, el abogado Fernando Soto.
“No solo es negligente, sino deliberadamente funcional a la sedición y al delito del atentado al orden constitucional”, sentenció el funcionario del Ministerio de Seguridad, quien presentará este lunes la denuncia en la justicia federal.
Por su parte, la magistrada fundamentó su decisión en la falta de información aportada por las autoridades sobre los motivos de arrestos y el derecho constitucional a la protesta.
“A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa”, argumentó la jueza en la resolución. “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, apuntó.
“A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”, agregó. Tras las numerosas críticas que recibió tanto desde la Casa Rosada como por parte del gobierno porteño, Andrade destacó que en su resolución priorizó que se garantizara “la libertad de expresión” de los adultos mayores. “Tenía el ejercicio de un derecho constitucional, no me fue traído un contexto delictivo. Y se empiezan a generar detenciones que no me son comunicadas y pasaron horas. Además, cuando se informó no teníamos ni los datos del lugar. A mí no me informaron armas, yo lo resalté”, explicó el viernes Andrade, previo a ser denunciada, en diálogo con Radio Urbana Play.
Horas después, Andrade sumó otra razón que no incluyó en el fallo emitido por la madrugada. “Algo que no puse en la resolución, porque la escribí a las dos de la mañana, a las cuatro de la mañana la firmé, más allá de que lo decidí a las 12 [de la noche], que los jueces de la Ciudad lo sabemos muy bien, tiene que ver con el problema de alojamiento de personas detenidas. ¿Dónde iban a quedar alojadas esas personas? Eso tampoco estaba siendo informado. Son datos básicos que como jueza a cargo del control de la detención tengo que tener de forma inmediata”, señaló este sábado en diálogo con Radio 10.
Andrade no es la única señalada por el Gobierno por los incidentes producidos en el Congreso, que culminaron con más de 50 heridos, entre ellos, el caso del fotógrafo de 35 años Pablo Grillo, herido de gravedad por el lanzamiento de una cápsula de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza mientras sacaba una foto en plena manifestación. Ayer, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia en el juzgado 11 subrogado por el juez Sebastián Casanello, que está de licencia y es reemplazado por Sebastián Ramos, a cargo del fiscal Franco Picardi, en la que también apuntó contra los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, a quienes les adjudica haber promovido y financiado la protesta con el fin de generar caos.
Ambos intendentes negaron la acusación y le imputaron al Gobierno no haber presentado ninguna prueba al respecto. A raíz de ello, el fiscal Picardi solicitó ayer por la tarde a la ministra Bullrich, “registros, documentaciones e información” que puedan determinar la participación de barrabravas en la manifestación- tal como sostiene la Casa Rosada- y el respectivo apoyo de Espinoza y Otermín.
