Tras la disolución del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) en el 2024, el organismo que distribuye el agua en toda la provincia asumió esas facultades y creó una dirección específica.
El Departamento General de Irrigación (DGI) tiene una nueva dirección, la de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS), creada después de que ─a fines del 2024─ la Cámara de Senadores de Mendoza transformara en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para disolver el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).
Esa norma planteó un nuevo régimen normativo para los servicios de agua potable y cloacas en Mendoza, la derogación de la ley N°6.044 de 1993, que establecía el marco normativo para la regulación de estos servicios, y por otra parte definió la transferencia de las funciones de regulación, defensa de los usuarios y control de las actividades de prestación de servicios al DGI.
Así es como, desde marzo, en el primer piso de la sede central de Irrigación funciona la DIRCAS, con Sebastián Pulido como director. Pulido era el titular de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Seguridad, tiene 35 años, es ingeniero electrónico especializado en Ingeniería Gerencial, experto en project management (gestión de proyectos) y docente universitario. Su área en Irrigación funciona con parte del personal que tenía el EPAS.
Detalles de la ley
La ley recientemente sancionada que determinó este importante cambio respecto del servicio de agua potable y saneamiento detalla las nuevas competencias de Irrigación, como el control de planes de inversión de los operadores, la supervisión de tarifa, la resolución de conflictos entre usuarios y operadores, y la elaboración de un informe anual sobre el estado del servicio para el Poder Ejecutivo y la Legislatura.
Al mismo tiempo, Irrigación deberá coordinar su labor con otros organismos competentes en temas sanitarios y ambientales, en un enfoque de colaboración interinstitucional. Irrigación asumió a la vez el control sobre la calidad y la potabilidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la supervisión de operadores en toda la provincia.
En cuanto al tema de tarifas, se fijarán principios tarifarios que consideren objetivos económicos, sociales y ambientales, lo que deberá garantizar que las tarifas reflejen los costos operativos y de mantenimiento, además de una posible rentabilidad razonable para los operadores, siempre en el contexto de una gestión eficiente.
Por lo tanto, el Poder Ejecutivo quedó facultado para transferirle a Irrigación, Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) y otras entidades los recursos necesarios para cumplir con las flamantes responsabilidades. Entre otras nuevas regulaciones se pueden mencionar pautas para proteger los derechos de los usuarios y definir las obligaciones de los concesionarios de servicios, así como sanciones para quienes no cumplan con las regulaciones.
