Es un reclamo silencioso, en el que pocos se animan a dar nombres por temor a represalias. Pero, como una bola de nieve, el malestar crece día tras día. La deuda del Gobierno con sus proveedores sigue siendo un problema muy importante para la gestión de Francisco Pérez, que comenzó el año con varios frentes de conflicto abiertos.

En setiembre de año pasado, el gobernador reconocía que la deuda que la Provincia mantiene con los proveedores del Estado superaba los 250 millones de pesos. Por eso recurrió a la emisión de letras por un monto similar para hacer frente a esas obligaciones. Sin embargo, no pudo apagar las críticas de los prestadores que, por ejemplo, se encargan de suministrar elementos básicos a escuelas y hospitales.

La mayoría de los prestadores prefiere mantenerse en el anonimato. “Si damos la cara quedamos expuestos a que nos atrasen más los pagos”, aseguró un empresario, que hace poco tiempo abastece con alimentos al Estado. Y agregó que en algunos sectores no cobran desde mediados del año pasado.

En este sentido, desde la Asociación de Panaderos ven con preocupación la demora en los pagos. Según indicaron, hay panaderías a las que se les debe desde agosto en adelante, es decir, cinco meses. Carlos Campos, gerente de la Asociación de Panaderos, indicó que el atraso ha sido un problema en los últimos dos años, pero que en el 2013 se acentuó más. “Hay una importante cantidad de panaderías con este problema. En plata no se puede estimar”, explicó. Se cree que hay entre 40 y 50 panaderos a los que el Gobierno les debe fondos.

Otra tradicional cámara empresaria también han registrado reclamos de afiliados a los que el Estado mendocino les adeuda desde julio en adelante. Fuentes de la asociación incluso hicieron hincapié en que los atrasos no sólo incluyen insumos, sino también los alquileres de las dependencias estatales.

MONTO MAYOR. Para la oposición, la cifra reconocida por Pérez en realidad es superior en, al menos, 100 millones de pesos más. El senador radical César Biffi estima que la deuda asciende a más de 350 millones, pero indicó que es difícil hacer un cálculo, debido a la poca actualización del Sidico, el sistema de información utilizado por la Contaduría General, y que entre sus objetivos figura el “lograr un análisis de los costos del sector público”.

Según definió el legislador, “es un sistema precario y atrasado que hace difícil saber la verdad”.

Según Biffi, el atraso en los pagos genera, por un lado, un costo altísimo para el Estado –por el hecho de que se reconoce tácitamente que la Provincia tarda en pagar, lo que encarece los precios– y, por otro, un efecto de concentración de la oferta. Es decir, aquellos proveedores grandes, que tienen espalda económica para soportar medio año sin cobrar, son los que pueden resistir mejor y volver a presentarse en las licitaciones o seguir aportando insumos y recursos a las reparticiones estatales. En una situación vulnerable quedan las pequeñas y medianas empresas, que no tienen el mismo respaldo financiero, lo que tiende a eliminar de manera forzada la competencia.

El año pasado, la situación más complicada era la de los proveedores de la salud, con deudas que se remontaban a más de seis meses, que incluso pusieron en peligro la entrega de suministros. En la cartera que ahora dirige Matías Roby, el atraso se registra en algunos casos desde junio, con los proveedores de materiales descartables.

En cambio, ahora, el mayor problema sería para los prestadores que abastecen de mercadería a diversos programas sociales que administra el Ministerio de Desarrollo Social. Según el Gobierno, la deuda con los proveedores de esta cartera es de 56 millones de pesos. El subsecretario de Desarrollo Social Rafael Moyano confirmó que el gasto en raciones escolares asciende a 18 millones de pesos mensuales (durante diez meses) y que ese monto cubre 280 mil raciones alimentarias (viandas y meriendas) de 1.000 escuelas y 200 jardines. Además, el programa Comer Juntos en Familia abastece a 2.000 familias, con un costo total de $1,1 millones por mes.

El gasto total es de aproximadamente $195 millones por año y son 280 los proveedores encargados del suministro. A algunos de ellos no se les paga desde hace seis meses.

SERVICIOS A ESCUELAS, EN RIESGO. En el sector que provee viandas a las escuelas es donde se manifiesta más el descontento por el atraso. La última confirmación que tuvieron desde el Gobierno es que la deuda acumulada en los últimos cuatro meses del 2013 será pagada como “reconocimiento” con el presupuesto 2014, que todavía no ha sido sancionado. “Eso quiere decir que no sé cuándo voy a cobrar, no nos han dado fecha”, recalcó uno de los empresarios.

Debido a la demora, los proveedores del Sur en este rubro han decidido no empezar con la distribución cuando empiece el nuevo ciclo lectivo si antes Hacienda no les cancela lo adeudado. La misma determinación podrían tomar empresarios de otras zonas de la provincia.

La sanción del presupuesto parece ser un condicionante. De hecho, el gobernador Pérez manifestó que si la oposición no aprueba el endeudamiento solicitado a la Legislatura –que la UCR rechazó de plano en Diputados– no podrá hacer frente a las deudas que mantiene con los proveedores.

La misma palanca utilizan los proveedores con la oposición, interpelándola para saber si finalmente darán el visto bueno al endeudamiento. No es un detalle menor los encuentros entre el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en Mendoza, Fernando Porretta, con legisladores y referentes del Partido Demócrata para acordar por el polémico artículo.

El Sol quiso precisar el monto y el tiempo de la deuda con fuentes oficiales. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda no brindaron la información solicitada.