Norma Llatser ha llegado a la Corte gracias a una foja académica, profesional y ética impecable. Lo demuestran las más de 1.000 adhesiones a su favor que cosechó en la audiencia pública en la que se puso en discusión sus antecedentes. Sin embargo, la aprobación de su pliego en el Senado no fue unánime, al obtener 23 votos a favor y 14 en contra.

El voto secreto de los legisladores para avalar o rechazar su acceso al más alto tribunal de Justicia bajo el modelo que prevé la Constitución provincial de 1916, no permite bucear en las razones objetivas, claras y concretas que tuvieron en cuenta los senadores que rechazaron su designación. Con lo que todo queda circunscripto al plano de las especulaciones y al mayor o menor crédito y valor periodístico que se le pueda dar a las voces en off para interpretar cabalmente lo que pudo pasar puertas adentro del recinto en donde se desarrolló la sesión reservada.

“No buscaron consensos desde el gobierno, con lo que no debería llamar la atención las bolillas negras”, se expresó en general desde los sectores de la oposición espacios en los que se le restó apoyo a la flamante integrante de la Corte que asumirá en marzo, tras la salida del cargo del juez Pedro Llorente. “¿A qué le llaman consensos?” se preguntó por el lado del oficialismo y titular del Senado, la vicegobernadora Hebe Casado, agregando, picante y fiel a su estilo que se propuso a “una persona idónea con un CV impecable con lo que no había que buscar consensos porque no teníamos nada que forzar”. Y al ahondar en la crítica de la oposición sobre el cero interés oficialista por ir por un acuerdo general que le hubiese dado a la designación un valor mucho más amplio de legitimidad que el conseguido por la nueva jueza, Casado cerró, contundente, con que ir a “mendigar” los votos positivos sería “muy poco institucional”, además de compartir “no entender a quienes votaron negativo por cuestiones partidarias”.

El salir del secretismo para prestar acuerdo a las designaciones de los principales funcionarios de los organismos de control como la Corte, por caso, aportaría un principio de solución a ese manto de sospecha que siempre o casi siempre se tiende alrededor de este tipo de sesiones. La Legislatura ha sido pródiga en escándalos varios, de toda índole y naturaleza cuando los números han estado ajustados tanto para oficialistas y opositores y el interés por tener alguien en particular adentro de la Corte o fuera de ella para ambas partes obligaba a pagar cualquier costo y riesgo.

En pos de la institucionalidad y transparencia de los actos públicos y de esa fama mendocina de que en esta provincia se hacen las cosas con pulcritud y con respeto a las formas y las costumbres, pues ya vendría siendo hora de acabar con aspectos que restan, precisamente, a lo que se considera como una democracia moderna y de altos estándares republicanos.

Se podría empezar por darle tratamiento a unas cuantas iniciativas presentadas en la Legislatura para dar paso a un sistema de acuerdos y designaciones más sofisticado y transparente. Uno de los últimos, o el más reciente fue presentado por los peronistas Félix González y Helio Perviú. Propone, por medio de una enmienda constitucional, modificar el artículo 83 de la carta magna, que es el que reglamenta los acuerdos del Senado. Y además de dejar sin efecto el actual modelo, propone agravar la mayoría para las designaciones no sólo de los miembros de la Corte, sino que también suma al procurador, al asesor de gobierno, a los miembros del Tribunal de Cuentas, al procurador y al contador y tesorero general de la provincia.

El proyecto fundamenta con miradas académicas el beneficio que le aportaría al sistema la argumentación pública y nominal de cada senador para dar o quitar acuerdo a la persona propuesta y, claro está, a la mayoría especial para alcanzar el objetivo obligando al Ejecutivo a buscar los consensos que legitimarían ampliamente al funcionario designado.

El voto nominal –se explica en el proyecto tomando la opinión de la especialista Andrea Lara– contaría con las siguientes ventajas: “Transparenta todo el procedimiento, reafirma la independencia de conciencia de los legisladores, determina la responsabilidad, sustenta la división de los poderes públicos, apuntala el sistema republicano de pesos y contrapesos, contribuye a darle visibilidad al lobby parlamentario, clarifica las conductas parlamentarias en caso de colisión de intereses, mejora el debate parlamentario, acrecienta las posibilidades de monitoreo, nutre con fundamentos cualificados los antecedentes políticos de los legisladores (…) E incrementa sustantivamente la información del electorado, favorece al proceso de premios y castigos a cargo de los electores y mejora notablemente los procesos electorales, pues se pueden delinear perfiles políticos que incluyan las conductas a la hora de votar y de cumplir las promesas electorales”.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/opinion/el-secretismo-y-la-opacidad-nublan-la-llegada-de-norma-llatser-a-la-corte/