El Gobierno transita la recta final de su primer año de mandato con perspectivas de cerrarlo con superávit primario, algo que no sucede en el sector público nacional desde 2011. El equipo económico consiguió hasta ahora hilvanar diez meses consecutivos de excedente fiscal antes de contabilizar los intereses de deuda, aplicando una fórmula que incluyó una fuerte licuación de gastos en el inicio de la gestión y recortes en áreas clave como obra pública, transferencias a provincias y subsidios.

Sin embargo, esta política no estuvo exenta de dificultades. Los planes originales se vieron alterados por el fracaso del primer intento de tratamiento legislativo de la ley ómnibus, que proponía, entre otros puntos, una suba generalizada de retenciones a las exportaciones. Esa medida no superó el primer filtro de negociación en el Congreso

Ante ese escenario, el Gobierno optó por un ajuste rápido y significativo en ciertas partidas del gasto público. Entre los rubros más afectados estuvieron las jubilaciones, las transferencias a provincias, los proyectos de obra pública y los subsidios a servicios públicos.

El 2024 terminará con una muy marcada reducción del gasto público total, medido como proporción del Producto Bruto Interno (PBI). Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta cifra será de 10,2% del PBI, muy por debajo del pico registrado en 2020 durante la pandemia de Covid-19, cuando representó 19,2% del PBI.

“La mayor contracción se observa en los gastos de capital, que incluyen la obra pública. Este rubro pasó de 1,2% del PBI en 2023 -año en el que se concentraron las inversiones para el gasoducto de Vaca Muerta- a prácticamente no registrar erogaciones en 2024. Las transferencias a las provincias también experimentaron un fuerte ajuste en términos de PBI. En tanto los subsidios y partidas sociales consolidaron este año una tendencia de reducción que se observa desde 2021″, destacó el informe de CEPA.

El economista Nadin Argañaraz detalló que, en los primeros diez meses del año, la única partida del gasto que creció fue asignaciones universales para la protección social (27%). Por el contrario, los mayores recortes se dieron en transferencias de capital a provincias (97%), la inversión real directa (71%) y transferencias corrientes a provincias (67,8 por ciento).

Para la última parte del año, la consultora Invecq que dirige Esteban Domecq, considera que las posibilidades para seguir ajustando son limitadas. “Con la estabilización de la inflación, la licuación del gasto ya no es una opción, y gran parte de los gastos discrecionales -como la obra pública, subsidios, transferencias a provincias y universidades- ya fueron fuertemente recortados este año”, advirtió.

Además, la consultora de marras se planteó un debate sobre el peso oculto que tienen las Letras Capitalizables en el déficit financiero.

“Los intereses por más de $4,5 billones que generaron las Lecaps entre marzo y septiembre, junto con su capital, están por debajo de la línea y no impactan en las cuentas fiscales hasta su cancelación. Por lo tanto, el resultado financiero actual no refleja ciertos intereses de la deuda que podrían complicar la dinámica fiscal futura”, plantearon economistas.

Desde la Casa Rosada insisten en que el déficit cero no será negociado. El Presupuesto 2025 prevé una regla fiscal para mantener el equilibrio, aunque su tratamiento parlamentario sigue siendo incierto.

Un análisis de la Fundación Mediterránea destaca la importancia de “darle continuidad al equilibrio fiscal, es imprescindible para terminar de estabilizar los precios y recuperar capacidad de crecimiento. Esta es la principal definición y aporte del proyecto”.

“Para lograrlo se contempla una amplia y heterogénea batería de disposiciones. Varias son perfectibles y se podrían mejorar sin sacrificar la meta del equilibrio fiscal. Pero además de cambios puntuales en algunas de las disposiciones que integran el proyecto, sería deseable que la Ley de Presupuesto incluya definiciones más claras para avanzar en la mejora de la calidad del gasto, el ordenamiento del sistema tributario y la coparticipación federal de impuestos y la reforma del sistema previsional”, concluyeron los economistas de la entidad con sede central en Córdoba.

El Gobierno enfrenta el desafío de compensar la pérdida de recaudación que significará la eliminación del Impuesto PAIS, estimada en 1,1% del PBI (unos 5,4 billones de pesos).

Para contrarrestar esa caída, el Impuesto a las Ganancias incrementará su peso, alcanzando 5,05% del PBI en 2025, frente a 4,42% de este año. Este aumento de 0,63% PBI equivale a una recaudación total nominal de $38,5 billones, de los cuales $13,1 billones corresponderán a la Administración Nacional, con un incremento nominal de 41,1%, superior a la inflación promedio prevista para el año próximo.

Los derechos de exportación también subirán aumentarán su peso tributario en 2025, pasando de 0,96% del PBI este año a 1,43% el próximo, con un incremento nominal de 100,4% en la recaudación, mientras que el componente impositivo del monotributo duplicará su participación, pasando de generar 0,04% del PBI este año a 0,09%, unos $472.900 millones para la Administración Nacional, casi el triple de lo estimado para 2024. El Impuesto a la transferencia de combustibles, por su parte, elevará su participación de 0,38% del PBI a 0,76% del PBI.

Una vez eliminado el Impuesto PAIS, la atención se centrará en cómo avanzar con la prometida baja de impuestos.

Aunque el Gobierno menciona desde hace tiempo que el próximo paso sería reducir las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque, no existe una hoja de ruta clara que detalle la magnitud ni los tiempos de estas medidas.