En el cuarto piso del Palacio de Justicia, la Sala 3 de la Suprema Corte se reunió para definir el uso de teléfonos celulares por parte de los internos en las cárceles de Mendoza. Se trata de la instancia de apelación a la medida planteada por el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó que ya no siga en vigencia.

Teresa Day, flanqueada por Dalmiro Garay y José Valerio, analizaron los pedidos de diferentes partes. Tras los argumentos, se fijó una nueva fecha para el 7 de octubre. La sala penal tendrá la última palabra sobre la utilización de los dispositivos tecnológicos en los penales provinciales, una medida que comenzó a implementarse en la época de la pandemia de coronavirus.

La última decisión la tomó Sarmiento a principios de enero de este año. Aunque la emergencia ya se había superado hacía tiempo, el juez decidió prorrogar la posibilidad de que los internos mantengan ese beneficio. Ya para ese entonces se discutía el hecho de que la decisión no tenía que mantenerse.

Este lunes, Day pidió para la próxima audiencia un informe al Servicio Penitenciario de Mendoza para dilucidar todos los planteos que se realizaron en esta instancia.

La audiencia fue seguida por el Ministerio de Seguridad. De hecho, Mercedes Rus siguió en la línea que marcó el MPF, ya que considera que “la situación excepcional de la pandemia quedó atrás. Desde enero estamos aplicando el plan de retiro total de celulares en cárceles. No podemos permitir que estos dispositivos sigan siendo herramientas para la organización de delitos desde el encierro“.

Sarmiento estuvo en el centro de las críticas por el asesinato del policía retirado Héctor Pelayes, en un intento de robo a su casa de Guaymallén. El  asesino fue Roberto Pereyra, que también perdió la vida y se encontraba en libertad condicional desde abril de 2023. El beneficio había sido otorgado por el propio juez.

La postura del Ministerio Público Fiscal

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Fernando Guzzo, fiscal en jefe de la UFI Homicidios, quien cuestionó el manejo del juez Sarmiento, tanto la extensión y manejo de los celulares en las cárceles provinciales.

Para Guzzo, el argumento de la extensión de la emergencia sanitaria que se encuentra del DNU 70/23 en el que se apoyó Sarmiento resulta “anacrónico e infundado” por los tiempos que vivimos. En la misma, el representante del MPF, en su exposición en la Sala 3, enfatizó que “hay dejar de pecar de ingenuidad” sobre este tema.

“Los teléfonos no existían en las penitenciarías desde que comenzó la pandemia, sino su modo irregular o de ingreso ya era un problema. No puede sostenerse válidamente que esta autorización de hecho ya ha claudicado y no puede haber una regresión cuando las situaciones fácticas no son las mismas y la situación legal es exactamente la misma del artículo 11 de la Ley 8465 que prohíbe el uso de celulares dentro de las penitenciarías”, remarcó Guzzo.

El jefe de Fiscalía de Homicidios de la Provincia sostuvo que, con la vuelta de las visitas a los penales y garantizada la educación en el contexto de encierro, una persona privada a la libertad ya no debe contar un teléfono a disposición las 24 horas del día. Para Guzzo, tanto Sarmiento como la Defensoría Pública no cuentan con ninguna razón jurídica para seguir exigiendo la utilización de los dispositivos móviles.

En la cartera a cargo de Rus, señalaron que ya hay medidas en el Servicio Penitenciario que permiten derogar la medida de Sarmiento.

“Entendemos la importancia de mantener el vínculo entre las personas privadas de libertad y sus familias. Por eso, hemos implementado un sistema de visitas ampliado y la posibilidad de utilizar teléfonos, cuyo número ampliaremos, para casos especiales de contactos urgentes y emergencias familiares, siempre bajo control y supervisión del Servicio Penitenciario“, indicó Rus a El Sol.

Por último, el representante del MPF tildó “caprichoso” a Sarmiento por apelar, el pasado 10 de enero,  a que los internos continúen usando celulares en diferentes sectores de las penitenciarias.

“Tuvimos una victoria pírrica porque el juez se arrogó de atribuciones que no le competió porque sin tener un estudio de factibilidad técnica y jurídica dio una serie de medidas. Puso en evidencia su arbitrariedad porque no tuvo otro sustento que su capricho sobre cuestiones que son claramente distintas, porque no es lo mismo un ala que un pabellón o un sector”, finalizó Guzzo.

Los defensores públicos, a favor y con un proyecto especial

Gabriel Galeota, de la Defensoría Pública, justificó la decisión de Sarmiento para que se garantice un derecho esencial como es la comunicación. Propuso que el uso de los celulares se mantenga hasta diciembre de 2025, tomando como referencia el DNU 70/23 que declara la emergencia sanitaria hasta esa fecha.

“Hay que garantizar un derecho esencial como es la comunicación, porque garantizan derechos a la defensa, a la educación y al acceso a la Justicia. Esto permite que los internos puedan comunicarse con su familia, permitiendo un  mejor comportamiento de los mismos”, explicó Galeota a El Sol.

El defensor público reconoció en el último tiempo se han producido delitos que han tenido la intervención de celulares que se encontraban dentro de las cárceles. En esos casos, Galeota explicó que “esos celulares ya se encuentran secuestrados bajo procedimientos administrativos”.

Para evitar este tipo de situaciones, desde la Defensoría Pública le entregaron a Diego Asensio, responsable de Inteligencia del Servicio Penitenciario, un proyecto para controlar las comunicaciones dentro los establecimientos carcelarios.

Isabel Pérez Palacios dio detalles del proyecto denominado “Comunicación Segura”. Para la especialista penal existen métodos para poder controlar tanto los mensajes como las llamadas que realizan los internos, pero su implementación en las cárceles de Mendoza depende de “una voluntad política”.

“Este modelo que dejamos se implementan en gran parte de las cárceles de los Estados Unidos. Se trata de implementar un software que puede ir de una red WIFI paralela para los internos como del reconocimiento de palabras que automáticamente dan de baja las conversaciones. Apelamos a la voluntad política del Servicio Penitenciario”, afirmó Pérez Palacios.

El proyecto de “Comunicación Segura”