Con ello da cumplimiento de forma efectiva a la Ley Nacional 27.709, conocida como Ley Lucio, a la cual adhirió en noviembre del 2023.
El objeto de esta norma es la prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y establece además capacitaciones para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes del Estado.
Entre sus principios rectores se destacan: Velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño. Generar condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”. Promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho de NNyA a ser oídos en todos los procesos administrativos y judiciales que los incluya.
Durante esta jornada desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través del Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) se hizo entrega de los primeros certificados a los agentes públicos ya capacitados, en la Legislatura Provincial.
Capacitación interinstitucional e interdisciplinaria
La metodología es en su totalidad online, asincrónica y auto asistida, dividida por módulos con espacios de consulta en la plataforma virtual.
En junio de este año se lanzó oficialmente la inscripción para realizar la capacitación y a la fecha se han inscripto unos 10.500 agentes estatales de distintas áreas.
Un centenar de trabajadores de la Dirección de Cuidados Alternativos, integran esta primera camada. Se trata de operadores y regentes de residencias alternativas, que tienen como misión primordial proteger y contener a niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.
“Entender que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a una familia que lo proteja en ambientes contenedores y libres de violencia, es pensar con perspectiva de protección de derechos”, enfatizó Verónica Álvarez Ocampos, subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes.
“El desafío es acompañar a estas familias desde el Estado garantizando que puedan ejercer su parentalidad de forma responsable y en los casos que no se logre, trabajar para que niños, niñas y adolescentes sean albergados por núcleos familiares”, finalizó la funcionaria.
