En una sesión tensa y conflictiva desde el arranque, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de ley que declara a la educación como “servicio estratégico esencial” para garantizar el dictado de clases durante los días de paro. La iniciativa, impulsada por los bloques de Pro, la UCR y la Coalición Cívica con el aval del oficialismo, fue rechazada por el kirchnerismo y los bloques de izquierda, que despotricaron contra la política educativa del gobierno de Javier Milei y alegaron que, con esta iniciativa, se vulnera el derecho constitucional a la huelga.

El proyecto -que tuvo 131 votos a favor, 95 en contra y dos abstenciones– establece que tanto la Nación, como las provincias y la ciudad de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo escolar y que afecte al normal desarrollo de la actividad curricular.

Para ello, la iniciativa dispone un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice la apertura de todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, como así también el servicio de alimentación escolar.

Ante una medida de fuerza gremial, el proyecto dispone que si ésta se extiende entre uno y dos días, deberá instrumentarse una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes; si se prolonga por más de tres días continuos o discontinuos, esa guardia “deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente” en todas los niveles y modalidades educativas.

El diputado Alejandro Finnochiaro (Pro), presidente de la Comisión de Educación, elogió la iniciativa. “Esta ley beneficia a la sociedad toda y no perjudica a nadie. Pone en el centro del debate educativo, por primera vez en muchos años, a los chicos, jóvenes y adolescentes, que son el corazón del sistema educativo”, destacó previo a la votación.

“Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal –sostuvo-. Hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”, señaló.

Desde la vereda contraria, la diputada kirchnerista Blanca Osuna enfatizó que, de aprobarse, esta ley violará el pleno derecho de huelga de los docentes y despotricó contra las políticas educativas del gobierno nacional.

“Al presidente Javier Milei no le interesa la educación pública; eliminó el Fondo de Incentivo Docente para, con esos recursos, financiar la educación privada por medio de vouchers”, cuestionó Osuna. Sus pares Hugo Yasky e Itai Hagman coincidieron.

“Prohibir el derecho de huelga a los docentes es como decir que encontramos la respuesta a la diarrea y usamos un tapón”, aseguró Yasky, secretario de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).

Tras aprobar esta iniciativa, los legisladores tenían previsto debatir el financiamiento a las universidades. En medio de una semana de paro de los docentes del sector, los diputados de la UCR lograron incluir este tema en la sesión pese a la renuencia inicial del bloque oficialista. Los libertarios accedieron ante la amenaza cierta de no alcanzar el quórum en el recinto para discutir los proyectos de su mayor interés, como el de la esencialidad del servicio educativo.