Entre Navidad y Año Nuevo se incautaron más de 1.400 kilos de fuegos artificiales. En el 2012 la cantidad había alcanzado los 60 kilos. Durante los operativos se labraron 212 actas de infracción.

En el marco del Operativo Control de Pirotecnia Fiestas 2013, el Gobierno de Mendoza secuestró más de 1.400 kilos de pirotécnica, una cifra record, si se tiene en cuenta que durante 2012 fueron sólo 60 kg.

Alejandro Gil, subsecretario de Relaciones con la Comunidad, explicó que “esto se debe a que multiplicamos la capacidad de inspección, coordinamos los trabajamos con Ministerio de Agroindustria y Tecnología, de Seguridad, de Gobierno junto con los municipios”.

Desde el 25 al 31 de diciembre se habían incautado 540 kilos de pirotecnia que se suman a los 940 kilos que se requisaron antes de Navidad. En total son 1.480 kilos de fuegos artificiales lo que se retuvieron por ser comercializados fuera de lo que autoriza la normativa durante las fiestas de fin de año.

Al material pirotécnico secuestrado hay que sumarle que en los controles, que se hicieron en todos los departamentos de Mendoza, se labraron 212 actas de infracción.

La principal irregularidad que se detectó es la falta de autorización del REPAR-REPRIV, dejando al comercio inhabilitado para la comercialización de productos pirotécnicos. En segundo orden estuvo la pirotecnia sin la identificación correspondiente, como por ejemplo: el país de origen, instrucciones de uso y restricción etaria para su uso, entre otros.

Estos operativos se realizaron en conjunto por el Ministerio de Agroindustria y Tecnología, a través de la Dirección de Industria y Comercio (DIyC), junto a municipios, y con la coordinación general del Ministerio de Seguridad.

La DIyC colaboró a través de los Inspectores de Comercio, los cuales llevaron adelante un procedimiento de dos etapas. En primer lugar controlar que el establecimiento estuviera debidamente inscripto para la comercialización de pirotecnia. De no ser así se debía dar aviso al REPAR-REPRIV, y/o al 911 para que efectivizaran las medidas de intervención, secuestro del material hasta la clausura del local, según correspondiere.

En caso de que el comercio en cuestión hubiese tenido la debida inscripción los inspectores pasaban a una segunda estapa de fiscalización donde controlaban la identificación de origen del producto, la rotulación, las advertencias de uso y la exhibición de precios, entre otros.