Luego de que el economista Salvador Vitelli revelara a través de un informe que el Estado lleva recaudados US$203.000 millones en derechos de exportación, en el sector agropecuario y la agroindustria calificaron de “obsceno” el gravamen que se cobra desde hace más de dos décadas en el país. La aplicación de esta carga fiscal, de acuerdo con los dirigentes rurales, ha provocado un desincentivo en las inversiones del sector agropecuario en todo este tiempo.

El estudio que hizo el economista parte de una base de datos de los últimos 34 años. Sin embargo, este nuevo esquema de retenciones a las exportaciones del sector agropecuario comenzó a aplicarse a partir del 2002. Vitelli aclaró que los números surgen de los registros que tiene el Ministerio de Economía, por lo que idea de mostrarlos desde antes de la aplicación de Eduardo Duhalde es que se note el crecimiento en la curva de los últimos 20 años, que son los de mayor recaudación fiscal mediante los derechos de exportación. “Si se le agrega diferencial cambiario, [son] US$116.000 millones extra; US$73.000 millones lo explican los últimos cuatro años”, precisó. Dentro de este valor están contemplados solamente el complejo oleaginoso, cerealero y bovino.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina y el Centro de Exportador de Cereales (Ciara-CEC), indicó que el pago de los derechos de exportación del complejo exportador cerealero y oleaginoso “es obsceno” desde hace décadas, pero en particular al complejo productivo industrial de la soja donde sigue existiendo aún un nivel de extracción fiscal tan elevado como pernicioso. “Por eso, este gobierno debe empezar bajando los derechos de soja, igualándolos con los demás y ahí llevando a todos a cero vía una ley. Tal como es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), tiene que existir una ley con cronograma de eliminación de retenciones”, sugirió.

En esa línea, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), agregó que siempre han objetado todo lo que tiene que ver con los derechos de exportación por creerlo un impuesto totalmente distorsivo. “Cuando uno mira la cifra que hace más de 20 años el campo aportó, si ese dinero hubiera vuelto a la producción, hoy sería una realidad totalmente diferente. Entonces bregamos que este nuevo gobierno introduzca un cronograma de reducción de retenciones. Realmente esto reactivaría en forma inmediata lo que es la producción de nuestro sector”, precisó.

En consonancia, Horacio Salaverri, presidente de Carbap, recordó que siempre se ha utilizado la famosa excusa de la aplicación de las retenciones para producir lo que se denomina desacople de precios internos. “Hemos recaudado más de US$203.000 millones y hemos convivido con una inflación altísima y han volado los precios internos y básicamente los precios de los alimentos. La gran excusa, la gran mentira, el gran mito se ha caído. Las retenciones no sirven para el desacople los precios internos”, especificó.

Lo que sí ha quedado demostrado para Salaverri es que las retenciones han tenido, en efecto, otro fin. “Claramente, ha quedado demostrado que sí sirven para lo que han sido utilizados: un mero instrumento recaudatorio. No obstante, con esto digo que ha habido una agravante: han desincentivado todos los procesos productivos. Ahora, no queda otra cosa que sentarse en una mesa, estudiar lo que pasó, ver el fracaso de esto, los inconvenientes que ha causado en los procesos productivos para decir que las retenciones deben desaparecer, y que no hay justificativo para su aplicación. La retención es un pésimo impuesto, distorsivo. Lo único que hace es recaudar [e ir] en contra de los procesos productivos”, resumió.

En un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA) del año pasado, recordaron que el 4 de marzo de 2002 se anunciaba en el Boletín Oficial la reimplementación de las retenciones, como un “impuesto transitorio, con el objetivo de asistir a los sectores más desprotegidos”. Un tributo que, en ese momento, fue aplicado como algo “excepcional” pero que sigue vigente hasta la actualidad y lo peor aún, poniendo un freno al desarrollo no solo del sector sino también del país. En la entidad estimaron que en el período 2001–2022 los productores agropecuarios transfirieron en concepto de retenciones al fisco más de 175 mil millones de dólares.

“Sin embargo, la pobreza aumentó. En 2001 alcanzaba a 16.500.000 personas y en el 2022 el número llegó a 20.200.000. Además, el último censo agropecuario determinó que hay 70 mil productores menos. Pasaron de 297.000 a 227.000 en ese período. Ese dinero podría haber sido destinado a hospitales, escuelas, infraestructura, atención a la población, pero esto no sucedió: se repartieron subsidios en vez de promover la cultura del trabajo y la productividad”, enumeraron.