Las distintas voces consultadas por LA NACION coincidieron en que hay stock vínico en el país por al menos 6 meses y mostraron su descontento con la medida adoptada por la reconocida compañía, más allá de ponderar la libertad de mercado, a tono con los preceptos de la gestión presidencial de Javier Milei, a excepción de la oposición kirchnerista. Desde la empresa dejaron en claro que se trata de una acción necesaria por “la falta de oferta de vino local, para cumplir con la demanda de los consumidores”.

La decisión comercial consiste en la compra a la nación trasandina de 5 millones de litros de vino genérico; esto es tinto común a granel, para la marca “Termidor”. Esta decisión llega, según la empresa, luego de buscar sin éxito en el mercado argentino y de publicar avisos en los periódicos de la región; de hecho contaron a LA NACION que sólo recibieron una oferta por 200.000 litros.

En cuanto a la incidencia de esta acción limitada en cantidad, vale decir que se llegan a fraccionar por año en el país más de 500 millones de litros, por lo que se desconoce si tirará finalmente los precios locales hacia abajo. En promedio, el valor de comercialización, de un lado y el otro de la Cordillera, ronda los 450 pesos. Así, frente a este escenario, aunque no es la primera vez que Peñaflor lo concreta en los últimos años, diferentes actores del sector levantaron sus voces en rechazo de la decisión empresarial.

“No consuma vino Termidor, es vino chileno. Consuma vino argentino”, rezan los carteles digitales que pululan en diferentes grupos de WhatsApp y en las redes sociales de los productores afectados, bodegueros y trasladistas, enojados con la movida de la compañía líder del mercado.

En tanto, según indicaron a este diario los viñateros y referentes del sector, crece el malestar también con las autoridades del Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), a cargo de Carlos Tizio. “Es el gestor y promotor de la importación de vino tanto de la época de Macri, como ahora con la política que está implementando”, señaló a LA NACION Leandro Ripamonti, productor mendocino, molesto con la medida.

Situación

Matías Manzanares, gerente de la Asociación de Viñateros de Mendoza, fue contundente contra quienes impulsan y promueven estas acciones. “De un burro no podemos esperar que una patada; de estos tipos, todo tipo de maniobra que hagan para bajar el precio de la uva o del vino”, disparó el dirigente.

“Todos coincidimos en que el stock está equilibrado y que hay suficiente oferta de vino. Tal vez no consigan el vino a los precios que quieren pagarlos”, completó Manzanares.

Desde el Grupo Peñaflor dieron su visión de la decisión tomada. “Tal vez haya vino, pero se trate de especulaciones de los que tienen los vinos y no los quieran vender; están en todo su derecho. Nosotros no buscamos que se rompan los precios y estamos pagando a precio de mercado. Hay que acordarse que el dólar está a casi 900 pesos y además tenemos que pagar el impuesto País sobre estas importaciones; además con esta cantidad de litros no podríamos influir en ningún precio de mercado”, señaló Juan Schamber, gerente del Grupo Peñaflor, en diferentes consultas periodísticas. En diálogo con LA NACION aclaró la postura: “No podríamos entender quién podría estar en desacuerdo con esta situación porque no hay vino en el mercado. Nosotros tenemos un compromiso con nuestros consumidores, y necesitamos tener productos para llenar las góndolas de los mercados”.

De todos modos, los cuestionamientos siguen a la orden del día, desde el sector de la producción primaria. Los viñateros consideran que se trata de una maniobra que no ayuda a la cadena, sobre todo cuando intercede el Estado con pactos para potenciar el sector en momentos de crisis. “Al abrir la importación de vinos que no se necesitan actualmente en nuestro mercado, pierde completamente de fundamento el acuerdo Mendoza-San Juan, ya que la razón principal era evitar la sobreproducción de vinos. Con esta acción están demostrando que ya eso no es importante como política de la producción nacional”, se despachó Ripamonti, en coincidencia con otras voces del sector, cansados de que no se los tenga en cuenta en medio del contexto de crisis.

La diputada justicialista Gabriela Lizana, extitular de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (Aproem), cargó duramente contra la gestión de Javier Milei e hizo un llamado a las autoridades locales. “Es exactamente lo que se debía esperar de un gobierno anarcocapitalista. Milei ha sido lo suficientemente explícito en estos temas, no tengo de qué sorprenderme. Hace años que vengo opinando sobre la importancia de sostener la actividad productiva vitivinícola por el efecto en el desarrollo territorial que esta tiene en Mendoza”, indicó la legisladora, y agregó: “Ojalá el gobierno provincial, más allá de que las palabras de Milei le suenen como música para sus oídos, como dijo el gobernador Alfredo Cornejo en el desayuno de Coviar, pueda hacerle entender al menos al gobierno nacional que es competencia desleal permitir el ingreso de vino con agregado de agua exógena en proporción mayor que lo permitido a una bodega local elaborar”.

Para cerrar su visión del caso, Lizana cargó contra la compañía: “Peñaflor pretende comprar vino por debajo de los costos de producción. Y, como es imposible venderles sin fundirse, trae de Chile al precio mucho menor. Nos destruirá. La película ya la vimos. Durante el gobierno de Macri costó muchísimo recuperarse del impacto negativo que esto tiene. Importamos trabajo y producción y para eso si hay dólares”.

La crítica también llegó de la senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti. “Solo se entiende la importación de vinos desde la especulación para presionar a los pequeños productores y bodegas pymes a bajar sus precios que ya están por el piso, favoreciendo así a las empresas dominantes nuevamente como sucedió en 2017/2018. Recodemos que sobre casi 800 bodegas, 12 poseen el 70% del mercado”, expuso la legisladora, dejando en claro su posicionamiento político en el conflicto.