El Congreso se encamina a convertirse en caja de repercusión –y de conflicto- ante la negativa del presidente Javier Milei a convocar a la paritaria salarial docente y a prorrogar la vigencia del Fondo de Incentivo Docente (FONID), un componente que oscila entre el 10 y el 15% de los sueldos de los maestros que paga la Nación. Frente al peligro cierto de que las clases no inicien en tiempo y forma, en la Cámara de Diputados distintos bloques de la oposición presentaron iniciativas para restaurar el FONID y reclamarán su “urgente tratamiento” no bien comience el período de sesiones ordinarias, el 1° de marzo próximo.

Las iniciativas son promovidas desde los bloques de Unión por la Patria, el radicalismo y Hacemos Coalición Federal. El riesgo para el oficialismo es que, de acordar un texto común, estas bancadas reúnen una mayoría más que suficiente como para aprobarlo en el recinto. Si los libertarios –en alianza con Pro- intentan demorar su tratamiento no convocando a las comisiones correspondientes –de hecho, la mayoría aún no están constituidas-, con dos tercios de los votos la oposición puede aprobarlo sobre tablas, es decir, sin dictamen previo.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, propone que el FONID mantenga su vigencia hasta tanto se sancione una nueva ley de coparticipación o bien se firme un pacto fiscal entre la Nación y los 24 distritos que incluya la continuidad de este fondo.

Tal como anticipó LA NACION el domingo pasado, el Poder Ejecutivo decidió cortar el giro de estos recursos a las provincias, pese a que están presupuestados. Según la información oficial de la ejecución presupuestaria, si bien está comprometido el envío de casi $47 mil millones –que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), representa una caída del 16,6% real interanual-, hasta ahora sólo se giraron $12 millones para todo el país.

“La educación es una responsabilidad provincial”, fue el argumento que esgrimió el ministro del Interior, Guillermo Francos, ante el reclamo de los ministros de Educación provinciales. El funcionario señaló que desde la creación del FONID en 1998 “tuvo altos y bajos, pero terminó el 31 de diciembre”. “No había ninguna norma que estableciera que ese fondo seguía a partir del 1 de enero. No va a haber transferencias al Fondo de Incentivo Docente porque no hay norma que lo habilite”, enfatizó.

Réplicas opositoras

Desde el radicalismo relativizaron este argumento al aclarar que la partida del FONID está contemplada en el presupuesto 2023 que el Poder Ejecutivo prorrogó para este año. “Sin embargo, a la fecha no se han transferido las mismas a las provincias, ni se ha dictado la decisión administrativa modificando las partidas”, retrucó Cobos.

Stolbizer advirtió que si los fondos están contemplados en el presupuesto pero el Gobierno los retiene y no los gira a las provincias, “implica que se usarán para otros fines”. “Ello se agrava con la crisis en el financiamiento educativo. La ola de protestas en distintas provincias refleja la amenaza que esto representa para el inicio de clases, ya que el FONID constituye entre el 11 % y 20 % de los sueldos docentes a nivel nacional”, agregó.

Por su parte, el diputado Rauschenberger recordó que la vigencia del FONID se prorrogó de manera ininterrumpida desde 2004. Este fondo, que fue concebido en 1998 para reducir la brecha de desigualdad salarial entre las jurisdicciones, se nutrió en un principio de la recaudación de un impuesto sobre determinados vehículos, impuesto que se derogó en 1999. Desde entonces, explicó el diputado peronista, la partida para financiar el FONID se ha contemplado en cada presupuesto anual.

El problema, enfatizó Cobos, es que dicho fondo se haya eliminado sin previo aviso. “Esto genera un importante desfinanciamiento de las arcas provinciales, más aún en este contexto grave que vivimos”, advirtió.