Así se desprende del staff report que el organismo difundió hoy, luego de la última revisión del acuerdo y la aprobación del directorio, que permitió el desembolso de US$4700 millones. En ese documento, con un detallado análisis de las principales variables económicas y las proyecciones de corto plazo, el FMI elogia los “esfuerzos” del Gobierno en su camino al superávit fiscal de 2% del PBI este año, pero advierte por los “riesgos” asociados al impacto social de las medidas y la aceleración inflacionaria, y agrega un conjunto de políticas a implementar durante este año.

Una de las primeras tiene que ver con las tarifas de los servicios públicos. El plan, según consta en el documento, implica reducir el gasto en subsidios energéticos por 0,5% del PBI, en línea con el esquema presentado en diciembre por el ministro Luis Caputo. En ese sentido, luego de las audiencias públicas para la luz y el gas que allanaron el camino a los aumentos en ambos servicios, el FMI dispuso que el Gobierno realice una revisión del esquema de segmentación vigente. Se trata del modelo introducido durante la gestión anterior, que el propio secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, confirmó que se cambiará.

Según indica el FMI, el plan será “orientar mejor los subsidios a la energía” con una “canasta básica para los hogares vulnerables”. Según la hoja de ruta establecida, estos cambios estarán vigentes a fines de mayo.

Es que luego de las medidas iniciales y el overshooting que implicó llevar el dólar oficial a $800, la posterior aceleración inflacionaria llevó a una rápida erosión del tipo de cambio real. En ese sentido, el FMI advierte que, si bien el esquema de crawling peg al 2% mensual que implementó el Gobierno ayudó a “anclar la inflación” y evitar un mayor pass-through de la devaluación, a futuro, el “ancla inflacionaria” debe ser asumida por una “nueva política monetaria”, que sea “consistente con la acumulación de reservas” y “evite una rápida erosión de la ganancia de competitividad inicial”. En otras palabras, el FMI advierte al Gobierno por evitar el atraso cambiario.

A su vez, el organismo insta al Gobierno a simplificar la política cambiaria. En ese sentido, plantea que a fines de junio se deberá “eliminar el esquema preferencial para las exportaciones”. Apunta contra el régimen que la actual gestión heredó y modificó desde la administración anterior, y que desde diciembre permite a los exportadores liquidar un 20% de sus ventas en al dólar ‘contado con liqui’. En ese cuadro, los exportadores obtienen un tipo de cambio más alto que el oficial, a expensas de que el BCRA no logre captar la totalidad de las ventas externas.

La fecha límite estipulada tampoco parece haber sido elegida al azar: sería a fines del primer semestre, cuando habrá pasado la mayor parte de la cosecha gruesa. En ese momento, a su vez, se debe presentar un plan para establecer un camino para la eliminación “gradual” del cepo cambiario, que debe desaparecer este año.

El Gobierno, mientras tanto, confirma que a fines de 2024 (o “antes” en la medida de lo posible) también se eliminará el impuesto PAIS.

En cuanto a la gestión de la deuda, el FMI confirmó y apoyó las gestiones iniciadas por Economía para extender los vencimientos de deuda. El plan del Gobierno, que ya mantuvo conversaciones con los bancos, es concretar un canje de bonos para patear los pagos de 2024 y aliviar el programa financiero de este año, en una operación que alcanza alrededor de $57 billones. Según el staff report, el plan de “estirar una parte de la deuda” que vence este año se concretará a fines de marzo.

El gasto social es otro de los puntos sobre los que se explaya el FMI. Si bien destaca medidas como la ampliación de la AUH y la tarjeta Alimentar, y explicita que una “mayor asistencia podría ser necesaria” según “la evolución de las condiciones”, también establece que el Gobierno deberá reforzar su estrategia de revisar la entrega de planes y otros programas. Según define el staff report, ya se está trabajando con el Banco Mundial para consolidar bases de datos de beneficiarios para “mejorar la orientación y la prestación eficiente” de esos programas de asistencia social, como el Potenciar Trabajo. Esto deberá estar listo a fines de septiembre.