El decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei deroga sin discusión parlamentaria leyes, elimina regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas, abre la puerta a las operaciones en dólares y da el puntapié inicial para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud, entre otro centenar de medidas. El mecanismo está previsto para que el Ejecutivo dicte o modifique leyes ante algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. Entre los abogados constitucionalistas, sin embargo, hay consenso en que este no es el caso del decreto firmado por Milei y denuncian que el presidente se arrogó facultades legislativas.

Una comisión bicameral de ocho senadores y ocho diputados analizará en el Congreso si la “necesidad” y la “urgencia” de la medida están justificadas. La comisión cumple funciones aún durante el receso de verano del Congreso. Si el decreto es avalado por la comisión bicameral, será elevado al plenario de cada cámara, que deberá aceptar o rechazar la norma en su totalidad mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros. Con la aprobación de solo una de las cámaras –o si no es tratado–, el decreto será considerado válido. El voto negativo de ambas, en cambio, lo rechazaría.

El partido de Milei, La Libertad Avanza, no tiene mayorías en el Congreso –cuenta solo con 38 de 257 diputados y con siete de 72 senadores–, pero cuenta con el apoyo de algunos legisladores, como los que responden al expresidente conservador Mauricio Macri. Otros sectores muestran más ambigüedad, como la Unión Cívica Radical, que asegura que el país “necesita un cambio”, pero debe hacerse “respetando las formas establecidas”. En cambio, el peronismo, ahora en la oposición, expresó un rechazo total al texto y también lo hizo la izquierda.

El debate en los plenos deberá esperar, sin embargo, hasta el 1 de marzo, cuando inician las sesiones ordinarias. Mientras eso ocurre, el megadecreto está siendo cuestionado en la Justicia a través de una treintena de amparos judiciales, según el relevo hecho por la agencia de noticias Télam. Los tribunales recibieron planteos de inconstitucionalidad que muchos abogados ven con fundamento. No todos están en contra de los cambios que propone, pero muchos consideran que las formas chocan con la Constitución. Hasta este viernes al mediodía (hora local), sin embargo, la Justicia no había aceptado suspenderlo.

El decreto también está encontrando resistencia en las calles, donde los sindicatos consiguieron reunir a más 20.000 personas, según sus estimaciones, contra una medida que consideran “ilegal” y “no constitucional”. Las movilizaciones contra el DNU, sin embargo, iniciaron espontáneamente tras el anuncio que hizo Milei por cadena nacional días antes. Esa misma noche, el rechazo de vecinos indignados se hizo oír desde los balcones en diferentes puntos del país y cientos de ellos marcharon hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, para defender derechos conquistados durante décadas.

Entre los más de 300 puntos que el DNU impone sin discusión, se modifican o derogan leyes que obligaban a las empresas a garantizar el abastecimiento interno de alimentos, que favorecían la promoción industrial en zonas desfavorecidas, que regulaban los aumentos para los inquilinos, impedían la privatización de empresas públicas o ponían trabas a las importaciones y a las exportaciones. El paquete modifica también el sistema de salud para que los seguros privados fijen libremente los precios y desregula el mercado laboral: limita el derecho de huelga, elimina las sanciones por contratos irregulares, autoriza jornadas de hasta 12 horas diarias o habilita cambios en las indemnizaciones. Además, la norma establece que los extranjeros no tendrán límites para comprar tierras y se podrán hacer operaciones en dólares sin impedimento.

En menos de 20 días, Milei ha impulsado medidas que dan señales de una deriva autoritaria y el descontento social ha crecido. Al megadecreto que modifica o deroga sin discusión parlamentaria más de 360 leyes se suma un decálogo de medidas económicas que aplican un fuerte ajuste, un protocolo contra las protestas callejeras, el despido por decreto de 5.000 empleados estatales contratados en el último año y un proyecto de ley que declara en “emergencia pública” al país y con el que el ultraderechista busca ampliar sus facultades. La iniciativa, presentada este miércoles, tiene 664 artículos que abordan temas variados que van desde la reforma del sistema político o el control de las protestas sociales a la autorización de la reventa de entradas a eventos deportivos. Tras esta última decisión, los sindicatos llamaron a la huelga el 24 de enero.

El Gobierno se muestra confiado en que las medidas que impulsa saldrán adelante y se ampara en el respaldo que le dieron las urnas en noviembre, cuando obtuvo en segunda vuelta el 56% de los votos frente al peronista Sergio Massa. Milei aseguró que si el DNU no es avalado por el Congreso hará una consulta popular no vinculante. Además, acusó a “algunos” legisladores de corruptos por pretender debatir la gigantesca reforma que impuso. “Que me expliquen por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente”, cuestionó. Con el apoyo que recibió, espera callar cualquier discrepancia.

Giro en política exterior

Milei ha avanzado este viernes en otro de los cambios que pretende para Argentina y ha dado un giro en política exterior. El país ha informado formalmente de que no participará de los BRICS, la alianza económica integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica a la que Argentina accedió en agosto. El Gobierno de Milei ha asegurado que envió cartas a los países del bloque para anunciar que no considera “oportuno en esta instancia” participar de ese espacio. “Estamos ante un cambio en la política internacional oficial que amerita que esto entre en un proceso de análisis mucho más profundo que el que se había tomado con el Gobierno anterior”, ha indicado el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

El país sudamericano fue aceptado para ingresar al grupo junto a Egipto, Etiopía, Arabia Saudí, Irán y Emiratos Árabes Unidos a partir del 1 de enero de 2024. Cuando se conoció la noticia, durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández, el expresidente resaltó la “relevancia singular” del grupo como “referente geopolítico y financiero”, y recordó que este bloque acoge el 30% de sus exportaciones.

Milei, en cambio, avisó que retiraría Argentina de los BRICS si llegaba a la Casa Rosada. El ultraderechista defendió durante la campaña electoral que su Gobierno no se alinearía con países que considera “comunistas”, a pesar de que entre las economías del bloque están los dos principales socios comerciales de Argentina, Brasil y China. El ultraderechista defiende, en cambio, su cercanía con Estados Unidos, Israel y “el mundo libre” en general.

Sin embargo, desde que llegó al poder, el presidente ha intentado recomponer la relación con algunos de los países que atacó anteriormente. Tras su triunfo, dejó atrás los agravios contra Lula Da Silva e invitó a su asunción al presidente brasileño, que la rechazó. Días después, Milei recibió en la Casa Rosada a una delegación china y envió una carta al presidente del gigante asiático, Xi Jinping, uno de los prestamistas del país sudamericano en los últimos años, quien le había advertido que sería “un grave error” romper relaciones.

Fuente:https://elpais.com/argentina/2023-12-29/argentina-comienza-a-aplicar-las-mas-de-300-reformas-de-milei-que-abren-la-puerta-al-desguace-del-estado.html