La suspensión del fiscal José María Campagnoli por su investigación del caso Lázaro Báez cosechó ayer un fuerte rechazo en el mundo judicial y entre los políticos opositores, quienes anunciaron que denunciarán a los integrantes del tribunal que tomaron la decisión.

Desde Luis Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entidad gremial que agrupa a jueces y fiscales, hasta el presidente del Colegio de Abogados, Jorge Rizzo, expresaron su preocupación por la situación. Incluso la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco pareció aludir al tema cuando apenas conocida la suspensión, en una cena con magistrados, brindó por «un país propicio para la independencia de los jueces y de los integrantes del Ministerio Público».

En tanto, referentes de la UCR, Pro, el Frente Renovador y UNEN rechazaron la medida y advirtieron que es una «provocación a la pacificación del país». También presentaron una denuncia.

Anteanoche, cuando se definía la suerte de Campagnoli, tenía lugar la cena anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. En el habitual espacio de balance, la noticia llegó con el primer plato. Cabral acababa de pronunciar su discurso donde exhortaba a que los fiscales y defensores puedan expresar criterios jurídicos con libertad.

«La potestad disciplinaria nunca deberá ejercerse como herramienta de asedio contra un magistrado del Ministerio Público por su actuación autónoma e independiente», dijo. Y añadió que la función de los fiscales es defender los intereses de la sociedad «con prohibición de gestionar intereses de otros poderes del Estado, o sectores, o personas poderosas». No hizo falta el apellido Báez.

Para entonces la noticia corría entre las mesas del Hotel Plaza y los jueces allí congregados se mostraban indignados. Sostenían que era una advertencia a los que se animaran a investigar al poder. Tras la mousse de chocolate con reducción de Malbec, Highton de Nolasco, en ausencia de su presidente, Ricardo Lorenzetti hizo un brindis. Con la copa de champagne en alto brindó por «un país propicio para la independencia de los jueces y de los integrantes del Ministerio Público». Su colega Carmen Argibay la miraba desde la mesa principal.

A la hora del café, todos hablaban del caso Campagnoli. Muchos, que cuestionan al fiscal por sus métodos poco ortodoxos, cerraban filas en su defensa ante lo que consideran un riesgo para las causas de corrupción. El presidente del Colegio de Abogados, Jorge Rizzo, entendió que se trató de «una decisión más política que jurídica».

En tanto el consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi pidió formalmente desempeñarse como amicus curiae en el proceso contra Campagnoli, y señaló: «Todos los que defendemos la independencia de la Justicia tenemos la obligación de defender también la independencia de los fiscales y su compromiso con la más profunda y completa investigación de los delitos».

En el único ámbito judicial donde Campagnoli fue resistido fue en el seno de la agrupación filokirchneista Justicia Legítima, una de cuyas líderes es la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien pidió la suspensión del fiscal. La organización emitió un comunicado en el que «deplora las actitudes corporativas de distintos colegas que, por vías de hecho y desinformación a la opinión pública, pretenden influir en la marcha de procedimientos instituidos por la Constitución y las leyes».

REACCIÓN POLÍTICA

En el ámbito político, dirigentes de la Coalición Cívica y de Pro adelantaron que denunciarán a los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura que votaron en contra del fiscal.

Además, junto a referentes de la UCR, del Frente Renovador y de UNEN rechazaron la decisión de suspender a Campagnoli y advirtieron que representa una «provocación a la pacificación del país».

Elisa Carrió, y los legisladores del interbloque Unión-Pro anunciaron, por separado, que presentarán una denuncia penal contra los integrantes del Tribunal. Carrió centró sus críticas en los integrantes del Tribunal que suspendió al fiscal al señalar que ese organismo «sesionó a puertas cerradas, sin la presencia de Campagnoli. Al respecto, denunció que «los miembros del tribunal se negaron a oír (a Campagnoli) y violaron la garantía de defensa en juicio». «Es una acción gravísima que pone de relieve la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y la degradación a la que es sometida la justicia argentina», analizó Fernando «Pino» Solanas, de Proyecto Sur-UNEN.

Confianza Pública, que encabezan la legisladora porteña Graciela Ocaña y Daniel Amoroso, acusó al tribunal de «no dejar investigar a un fiscal de la Nación con tranquilidad y encubrir los hechos de corrupción que tiene este gobierno».

En línea, el jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri, señaló con ironía que «sólo en la Argentina un fiscal es suspendido por cumplir con su trabajo», y advirtió que desde el Gobierno «ya fueron por la independencia del tercer poder del Estado: la Justicia. Ahora van por la del cuarto: el Ministerio Público».

Los referentes del macrismo consideraron que esos integrantes del tribunal que conformaron la mayoría para suspender a Campagnoli «podrían haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y hasta cohecho».