Las primarias que se celebraron el 13 de agosto pasado declararon el triunfo de un candidato, Javier Milei, cuyo principal activo político radica en su capacidad para representar la irritación social y reorientarla hacia la dirigencia del país. Es decir, su capital reside en ser un outsider. Como sucede tan a menudo, en la virtud reside el vicio: por esas peculiaridades que muchísimos votantes aprecian, Milei carece de despliegue territorial y de capacidad parlamentaria.

En la que se ubicó como segunda fuerza triunfó Patricia Bullrich, con la bandera de una ruptura con el statu quo, por sobre Horacio Rodríguez Larreta, que predicaba la necesidad de acuerdos dentro de la clase gobernante. A estos dos fenómenos se agrega otro: de los 35 millones electores habilitados, en esas mismas elecciones 11 millones decidieron ausentarse. Un desapego que coincide con la radiografía que registraron muchos estudios de opinión pública: innumerables argentinos pretenden un cambio radical, que termine con el orden reinante y los emancipe de la angustia en la que viven. Esos ciudadanos quieren, como consignó en una investigación el brillante especialista Roberto Zapata, dejar de sufrir.

El panorama es alarmante. Porque estos datos describen el clima en el cual deberán gestionarse los programas de estabilización que, con distintas melodías, prometen los candidatos a encabezar el próximo gobierno. Estabilizar, como se sabe, es ajustar. Esta es la razón por la cual la principal incógnita que presenta hoy la Argentina para cualquier observador se refiere a la gobernabilidad. No al plan que debe llevarse adelante, sino a la posibilidad de tomar decisiones que sean obedecidas. La pregunta no es por el qué, sino por el cómo.Ese interrogante, que parecía estar en el horizonte, fue anticipado en estos días por Sergio Massa. El ministro de Economía anunció un conjunto de medidas destinadas a mejorar sus posibilidades como candidato a presidente, y desató una ola de desobediencia. Era previsible que muchas empresas se negarían a pagar la suma fija de 60.000 pesos dispuesta por decreto por la sencilla razón de que la inflación espiralada ha dejado a mercados enteros sin precios y, por lo tanto, con un colapso en el nivel de actividad.

Lo que Massa no calculó es que entre los desobedientes habría gobernadores y, sobre todo, gobernadores peronistas. Es llamativo que no haya imaginado esa reacción, que fue precedida por una rebeldía más antigua. Muchos de esos caudillos de provincia ya habían dicho adiós a Massa, y a cualquier figura del peronismo nacional, al adelantar sus elecciones. Una falta de solidaridad que se manifestó también en el caudaloso corte de boleta registrado en el conurbano bonaerense, donde los intendentes y Axel Kicillof pujan por desencadenarse de la mala performance del ministro-candidato. Massa debería haber advertido que esta desintegración se iba a agravar después de las primarias por una razón elemental: abrazado a su candidatura, el peronismo se hundió en el tercer puesto.

Si se lo hipnotizara, es decir, si se ensayara el único método todavía no explorado para desentrañar lo que Massa piensa de verdad, tal vez se conocerían los reales motivos de este déficit de autoridad que lo debilita más en su carrera. Las medidas anunciadas el domingo son una señal de subordinación absoluta a Cristina Kirchner y a La Cámpora. La vicepresidenta, igual que su hijo Máximo, insistieron durante meses en que, con independencia de las negociaciones colectivas, los empleados debían recibir una suma fija para mejorar sus ingresos. Ellos defienden esa estrategia, que supone un mayor beneficio relativo para quienes cobran los salarios más bajos. Dicho de otro modo: un incremento que se hace sentir más en el bolsillo de quienes, se supone, votan al peronismo. La medida tiene otro mérito. Los beneficiarios deben agradecerla a los funcionarios, no a los sindicalistas que conquistan beneficios en las paritarias. Los gobernadores se oponen porque piensan algo parecido: si va a haber un bono, queremos que nuestros empleados públicos nos lo deban a nosotros, no a un burócrata porteño.

Los desplantes al ministro-candidato se suceden día a día. Ayer las tres grandes operadoras de telecomunicaciones, Telecom, Claro y Telefónica, emitieron un comunicado reclamando que se revisen las condiciones de la licitación para la tecnología 5G. Las elaboró el Enacom, dependiente de Massa. Es el preludio de una impugnación judicial que demorará todo el trámite para un futuro gobierno.

La otra resolución que Massa debió comunicar por subordinación a la señora de Kirchner es la derogación del decreto que autorizaba a subir en 7% el arancel de las empresas de medicina prepaga. Un nuevo indicio de la antipatía que inspira en ella la figura de Claudio Belocopitt, el titular de la cámara del sector y, acaso, el mayor operador privado del sistema sanitario. Al parecer, Belocopitt paga el precio de haberse hecho cargo en su momento de la salud de Néstor Kirchner. Misterios del duelo. Lo concreto es que con este retroceso en una recomposición de ingresos ya autorizada, el Gobierno pone a la totalidad de las clínicas del país al borde de la quiebra. Sencillo: el 92% de esa suba del 7% en los aranceles estaba destinado a cubrir los costos de esos sanatorios.

Mientras el mundo de la medicina entró desde el domingo en estado de alarma, el Ministerio de Salud se convierte en noticia por una inclinación, al parecer, irrefrenable: la escandalosa administración del negocio de las vacunas, ya demostrada durante la pandemia. La cartera de Carla Vizzotti resolvió dejar de comprar algunas especialidades al fondo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adquirirlas, a través de licitaciones, a laboratorios privados. ¿Qué empresarios gana casi siempre esas licitaciones? Tres opciones para resolver la adivinanza: ¿Hugo Sigman, Hugo Sigman o Hugo Sigman?

El perjuicio de esta alteración es múltiple. No sólo la OPS no consiguió que el Ministerio siquiera considere una oferta para facilitar que todo el proceso se haga en pesos, ahorrándole divisas al Banco Central. Los funcionarios terminaron comprando algunas vacunas a un precio más caro que el que ofrecía esa organización internacional. Por ejemplo, la dosis de la vacuna contra la Hepatitis A que se compraba por 7,98 dólares, ahora se paga a Sinergium, la empresa de Sigman, 9,25 dólares. El Estado asume una pérdida similar con la vacuna contra el neumococo. La OPS la ofrecía por 14,50 dólares, pero Sigman consiguió que se la compren por el equivalente en pesos a 15,86 dólares. Es cierto que ese precio no se actualizó, por lo que hay que suponer que Sinergium proveerá la dosis por 12,83 dólares. Sigman perdería plata. De no creer, diría Carlos Roberts.

El avance del proveedor de vacunas casi monopólico sobre zonas todavía no capturadas quedó documentado en el registro de audiencias de Vizzotti, que consigna las reuniones con Alejandro Gil, el presidente de Sinergium, y con Ignacio Romano, de Pfizer, laboratorio internacional asociado a Sigman en algunos de estos concursos. Es el vínculo protocolar de la ministra con la empresa. Un nexo menos formal es la designación de Sonia Tarragona como jefa de Gabinete del ministerio. Antes de ingresar al sector público Tarragona fue directora de la fundación Mundo Sano, de Silvia Gold, esposa de Sigman e hija del mítico “Negro” Roberto Gold, fundador de ese imperio farmacéutico a quien todavía lloran en el Partido Comunista.

El controvertido cambio de metodología para la adquisición de vacunas ya encendió alarmas en el Congreso. La diputada Graciela Ocaña elaboró un pedido de informes reclamando los pormenores de todas las licitaciones más un detalle adicional: una estadística que indique qué empresas ganaron esos torneos a lo largo de los últimos diez años. La misma adivinanza.

La penumbra en la que indaga Ocaña no causa asombro. Es habitual que en las postrimerías de todo gobierno haya expertos en mercados regulados dando dentelladas sobre el presupuesto. Pero el desorden que rodea a la campaña de Massa tiene menos antecedentes. Además de estar expuesto a una corriente de desobediencia, debió tolerar que el jefe de Estado de un país vecino, Paraguay, declare que no le compraría un auto usado. A este desaire casi insultante de Santiago Peña se agregan las maniobras comunicativas de Alberto Fernández. Decidido a fingir que todavía ejerce la Presidencia, Fernández emite comunicados aclarando que fue él quien dispuso las medidas que unas horas antes había anunciado su ministro de Economía y reemplazante como candidato. El domingo, alegó que fue él quien encomendó al Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social y de Economía, las novedades que había anunciado Massa. Vizzotti, de Salud, tiene derecho a decir que nadie le informó la catastrófica suspensión de un decreto que afecta a su competencia. Y De Pedro, de Interior, puede esgrimir que tampoco fue altertado sobre una resolución que dañaría a los gobernadores. Pura fantasía. Alberto Fernández es un fantasma, dentro y fuera del país. Lo acaba de demostrar Lula da Silva, que gestionó ante Xi Jinping el permiso para que la Argentina disponga de algunos yuanes para financiar importaciones desde Brasil. Peña, Xi, así se van sucediendo las humillaciones argentinas.

Sin embargo, el mayor perjuicio para Massa es la indiferencia de Cristina Kirchner. Como suele hacer frente a la inminencia de cualquier catástrofe, ella se ha retirado de la escena. El ministro de Economía lo debería haber sospechado cuando le entregaron la representación de Unión por la Patria con tanta generosidad. Algún gracioso llama a la vicepresidenta Capitana Schettino, por aquel comandante italiano que, en enero de 2012, abandonó a su suerte el crucero Costa Concordia después de chocar con una roca frente a la costa toscana. Schettino abandonó a los pasajeros y huyó en un bote, adonde dijo haber caído contra su voluntad, catapultado por el movimiento del barco. “Schettino, Schettino, vuelva al barco”, lo llamaban desde la guardia costera. Schettino no escuchaba.

La evidencia de que la gobernabilidad plantea un gigantesco interrogante ha movido también a Patricia Bullrich en los últimos días. Así se explica el altísimo perfil que otorgó a la incorporación de Carlos Melconian como ministro de Economía de un eventual gobierno suyo. Pretende demostrar que ella tiene respuestas para los enormes desafíos que presenta la economía. Habrá que ver si el económico es el mejor eje para enfrentar a Milei. O si la competencia pasa por exhibir una mayor densidad política, no técnica, frente a un rival que puede significar un salto al vacío. Antes de hacerse estas preguntas Bullrich deberá suturar las heridas abiertas en el equipo de economistas que la venía secundando. Muchos allí recibieron la promoción de Melconian como un gesto peyorativo. Quedará claro hoy, por algunas ausencias notorias en el acto de presentación del aspirante a ministro, en Córdoba.

Todos estos son detalles frente a la incógnita más extendida y preocupante: qué capacidad tendría Milei de dotarse de un plan político para alcanzar los ambiciosos objetivos que se ha fijado en su proselitismo. El desafío es gigantesco. No sólo porque, por su propia historia, carece de estructura y de antecedentes. Además, su programa es desmesurado. Como suele explicar uno de los empresarios más influyentes del país, “Milei no es un economista; él se concibe a sí mismo como un reformador social. Es decir, una especie de filósofo que pretende una regeneración absoluta, a partir de nuevas reglas”.

La necesidad de encarnar ese sueño en una gestión administrativa ha hecho que Milei convoque a algunos amigos con los que convivió en la Corporación América, el conglomerado de Eduardo Eurnekian. De allí provienen Nicolás Posse, una especie de jefe de Gabinete, y Guillermo Francos, quien sería ministro del Interior. Massa debería estar atento a si por la línea de los aeropuertos no termina acercándose a Milei el “señor de los cielos”, Alejandro Granados, caudillo indiscutido de Ezeiza. Es el principal padrino político de Martín Insaurralde. Atención Kicillof.

La llegada de Francos desde Washington alertó al núcleo que venía ofreciendo conexiones políticas a Milei. Allí estaba uno de los hermanos Lijo, conocidos en Comodoro Py con el cariñoso apodo de “hermanos va-lijo”: es Alfredo, legendario gestor de los tribunales federales. También el controvertido abogado Santiago Viola, protegido de Rodolfo Canicoba y María Servini de Cubría. Acaso el candidato requiera de otro tipo de asesores. Sus riesgos no van a estar en el fuero penal, al menos al comienzo. Los dolores de cabeza vendrán desde el Contencioso-Administrativo, donde, como dijo un funcionario judicial, “lo esperan con cuchillo y tenedor”. Es el reino de las cautelares. El Vietnam de cualquier reformador.

Entre los colaboradores políticos también está Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño. Y Eugenio Casielles, un antiguo duhaldista que hizo carrera a la sombra de Miguel Ángel Toma. Detalle de color: una de las carpetas con informes de Inteligencia que el finado Claudio Bonadio secuestró de un domicilio patagónico de la señora de Kirchner estaba titulada “Eugenio Casielles”. Ahora esta cofradía, denominada por un chistoso el “Grupo Casta”, aparece amenazada por la aparición de políticos con un cursus honorum más aquilatado.

El desafío de estos estrategas de campaña, igual que el del equipo de Bullrich, es conseguir una victoria en la provincia de Buenos Aires. Allí se piensa refugiar Cristina Kirchner. Quienes conocen los pliegues últimos de su forma de pensar, especulan con que desea en secreto el triunfo de Milei. Para ella podría ser la garantía de que las ideas liberales se hundan pronto en un fracaso por falta de estructura y de experiencia. La crisis de gobernabilidad que todos temen, puede no ser un accidente. Puede ser un objetivo.