El Gobierno tomó del Banco Central (BCRA) otros $250.000 millones para cubrir un desequilibrio en la caja pública que no deja de crecer, indicó la consultora en finanzas Romano Group.

Consultoras advirtieron además sobre una suba del gasto impulsada por el dispendio electoralista con el que el oficialismo intenta mejorar su desempeño en los comicios del domingo.

El giro, justificado como reparto de las utilidades que la entidad obtuvo en su balance 2022, supone la cuarta monetización del déficit por vía directa de los últimos 45 días y eleva ya a $2,2 billones el total de esta asistencia, cifra equivalente a 1,3% del Producto Bruto.

Esto, a su vez, aumenta el desvío respecto de los compromisos que estaban asumidos con el FMI e incluso desoye algunas de las advertencias que desde el organismo se habían lanzado.

El 68% de esas transferencias (por un total de $1,5 billones) se realizaron en los últimos 45 días.

El origen del recurso tiende a confirmar que el Gobierno ya habría acabado totalmente con la posibilidad de seguir financiándose con Adelantos Transitorios (AT), préstamos de contingencia a los que recurrió repetidamente en los últimos años hasta agotarlos.

Para poder seguir haciendo uso de ese recurso, debería modificar en todo caso la Carta Orgánica (CO) del BCRA, algo para lo que necesitaría una ley o seguir ampliando la Base Monetaria (BM), como comenzó a hacerlo en las últimas semanas.

Según estimaciones de la consultora 1816, de los $1,1 billones reportados como utilidades el BCRA sólo estaría en condiciones de remitirle al Tesoro (su propietario) unos $670.000 millones.

Dado que ya le envió $400.000 millones (considerando los $150.000 millones remitidos con la misma excusa el 13 de julio), le quedaría un remanente utilizable de $270.000 millones más.

La consultora -que reveló la operación con oro con la cual el BCRA estaba dispuesto a respaldar un nuevo préstamo- advirtió que con la nueva estrategia el Gobierno “parece apartarse aún más de los compromisos contraídos con el FMI en la última revisión, ya que la senda fiscal acordada no supone una dependencia del financiamiento monetario directo».

«La continuidad de este ritmo de financiamiento monetario directo hasta fin de año implicaría un financiamiento directo de hasta $4 billones, algo así como 2,5% del PBI”, alertó en su informe diario la consultora Delphos Investment.

“La meta de emisión directa para el tercer trimestre de 2023 hasta aquí conocida era de $ 651.400 millones. A esta altura, el Gobierno ya la transgredió en un 237%”, coincidió en advertir el economista Salvador Vitelli, de Romano Group.

“Este giro llama mucho la atención si se tienen presentes las palabras del Fondo cuando se anunció el Staff Level Agreement el 28/7: la senda fiscal acordada no supone una dependencia adicional del financiamiento monetario directo del déficit fiscal, fue el mensaje. Pero a tan solo siete días del anuncio, la Argentina incumplió lo acordado con el organismo”, apuntaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI).