La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria para el 10 de julio al exministro de Salud Ginés Gonalez García, acusado de los delitos de peculado y abuso de autoridad, por haber ordenado que le coloquen en oficinas del Ministerio de Salud vacunas contra el Covid a periodistas y amigos que no estaban en la lista de personas prioritarias, en lo que se conoció como el caso del “Vacunatorio VIP”.

La orden de la jueza alcanza también al director del Hospital Posadas Alejandro Maceira, citado para el 29 de junio próximo, y a Marcelo Guille, secretario del ministro, convocado para el 7 de julio próximo.

Los pedidos de indagatoria los habían realizado los fiscales Eduardo Taiano y su colega Sergio Rodríguez al acusar a los exfuncionarios del reparto irregular de vacunas contra el coronavirus durante la pandemia.

Además de los funcionarios, la Cámara Federal indicó que deben quedar bajo investigación los vacunados VIP que accedieron a las dosis de manera preferencial, aunque esa medida aún está pendiente. Taiano es el fiscal de la causa y Rodríguez es el fiscal titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Junto con el exministro González García, los fiscales pidieron las indagatorias de la exjefa de Servicios de Medicina Preventiva del Posadas María Elena Borda, y del exsubsecretario Alejandro Costa, que fue con las vacunas a la casa de Duhalde, pero la jueza antes de decidir esas medidas analizará si hay otros funcionarios en el organigrama entre ellos y el director del Hospital Posadas.

El peculado es un delito grave que se castiga con entre dos y 10 años de prisión, y está dentro de las malversaciones sancionadas por el Código Penal. Se comete cuando el funcionario sustrae efectos que tiene bajo su custodia (vacunas, en este caso) y además cuando los emplea en provecho propio o de un tercero (los vacunados VIP).

Cuando pidieron la indagatoria, los fiscales Rodríguez y Taiano señalaron que cuando se aplicaron estas dosis de manera irregular “morían más de 100 personas por día en nuestro país a causa del coronavirus, y la vacuna era un bien escasísimo”.

Por eso, mas allá de que se sustrajeron una escasa cantidad de vacunas, señalaron que se debe evaluar “la angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces”, lo que convirtió a esta situación en “repugnante”. Y escribieron que “cada vez que se decidía ilegalmente a qué ciudadano ‘amigo’ o ‘poderoso’ proteger”, se estaba “postergando a otro ciudadano que la necesitaba imperiosamente para no morir infectado”.

Se acusa a los exfuncionarios de haber retirado diez vacunas contra el Covid-19 asignadas al hospital Posadas y de su traslado al Ministerio de Salud de la Nación, el 18 de febrero de 2021, para vacunar a diez personas que no estaban habilitadas para recibir esas dosis. Por este hecho se solicitaron las declaraciones indagatorias de González García, Maceira y Guille.

También se acusa a González García por haber indicado que llevaran vacunas a la casa de Eduardo Duhalde el 1° de febrero de 2021. Con esas dosis se vacunó al expresidente, a miembros de su familia (Hilda “Chiche” Duhalde, Juliana Duhalde y María Eva Duhalde) y a su secretario Carlos Alberto Mao.

A Maceira, además, se le reprocha haber autorizado la aplicación de al menos 35 vacunas asignadas al Hospital Posadas, entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, a personas elegidas discrecionalmente y por motivos particulares.

La denuncia inicial tuvo lugar el 22 de febrero de 2021, mediante las presentaciones del fiscal Guillermo Marijuan, de los diputados nacionales Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Rubén Manzi, Lucila Lehmann, Alicia Terada, Marcela Campagnoli, Mariana Stilman y Carolina Castets, de Yamil Darío Santoro, José Luis Patiño, Rodrigo Forlenza, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, de Juan José Gómez Centurión y de Ernesto Martín Nahijhian.

En un principio, el fiscal Taiano y la jueza Capuchetti habían entendido que no había delito en lo ocurrido, cuando se supo mediante una entrevista que dio Vertbisky que personas que no estaban en la lista de prioridad habían recibido dosis de vacunas, antes que otras personas que las estaban esperando.

Pero la Cámara Federal ordenó reabrir el caso tras la apelación del fiscal de Investigaciones Administrativas, Rodríguez, y dio algunos parámetros para reenfocar la investigación y centrarse no solo en los funcionarios que montaron este circuito paralelo de vacunación al oficial, sino en las personas que recibieron esas dosis de manera anticipada.