Lo hizo mediante un convenio con la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Busca garantizar a cada niño y niña una atención y educación equitativa, inclusiva y de calidad, beneficiando su desarrollo pleno desde los 45 días hasta su ingreso a la escolarización formal, dando prioridad a los más vulnerables y sus familias.

Mediante el Decreto 765/23, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, junto a la Dirección General de Escuelas (DGE), firmó un convenio con la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP). El objetivo es elaborar un proyecto de ley que brinde un marco normativo para todos los actores públicos, privados y/o comunitarios para garantizar a cada niño y niña una atención y educación equitativa, inclusiva y de calidad. Se beneficiará el desarrollo pleno de las infancias desde los 45 días hasta el ingreso a la escolarización formal, dando prioridad a los más vulnerables y sus familias.

Al respecto, el director general de Inversión Pública, Rodolfo Correa Becker, explicó que la necesidad de un marco normativo único de referencia se fundamenta en que las normas que existen en la Provincia de Mendoza, que afectan de manera directa a la primera infancia, se encuentran fragmentadas y no abarcan todas las dimensiones necesarias para garantizar un abordaje integral y enriquecido de la primera infancia en situación de vulnerabilidad.

“A su vez, la normativa vigente descentraliza en las instituciones una considerable cantidad de funciones y competencias que son de suma importancia para el objetivo propuesto, como el abordaje pedagógico y la contratación de auxiliares, entre otros. Esto puede generar grandes diferencias en la calidad del servicio que el niño/a recibe durante la primera infancia, según la zona en que resida”.

“Es por ello, y considerando la significativa importancia que tiene la primera infancia para el desarrollo económico y social de la provincia, que es necesario contar, para el diseño de la ley, con una institución mundial especializada en la materia y con amplia experiencia con reconocidos casos de éxito dentro y fuera de Argentina”, aportó Correa Becker.

La inversión en primera infancia: la llave maestra del crecimiento sostenible

“En ocasiones se piensa en el gasto en la primera infancia en condición de vulnerabilidad como una política social, un gasto para combatir la pobreza y la desigualdad. La realidad es que es mucho más que eso: es una inversión en todo el sentido de la palabra. Y no cualquier inversión, sino una inversión con rentabilidades extraordinarias y el potencial de cambiar la cara de una sociedad”, explicó el director.

“La persona responsable en mostrar la evidencia que sustenta a los programas de primera infancia en situación de vulnerabilidad como una inversión extraordinaria es el Nobel de Economía James Heckman. Se realizaron estudios por más de 40 años que dieron resultados robustos y contundentes. Mostraron un retorno anual que duplica y triplica al de las inversiones convencionales con ganancias entre 7 y 12 veces el valor invertido. Valores que competirían directamente con inversiones como Vaca Muerta”.

Es por esto que, para Rodolfo, “esta inversión tiene una característica adicional que la hace única y es que simultáneamente disminuye la desigualdad, a la vez que aumenta el crecimiento. Es ampliamente sabido que en la mayoría de las inversiones convencionales en infraestructura suele existir un intercambio entre crecimiento y desigualdad en el corto plazo. Esa disyuntiva acá no existe”.

Los beneficios mencionados, que fueron cuantificados, provienen de las áreas de salud, educación, seguridad (reducción de criminalidad) y liberación de tiempo a las familias para el mercado laboral.

Estos beneficios perduran en el tiempo y han demostrado ser intergeneracionales: años después, los hijos de esos niños/as pudieron contar con una niñez enriquecida.

“Pocas inversiones, si es que alguna, tienen el efecto donde un mismo peso invertido trae beneficios en un número tan amplio de dimensiones: salud, seguridad, educación, desigualdad, género y empleo”, concluyó el director de Inversión Pública.

El proyecto de ley, que se realizará con asesoramiento de la OMEP, asumirá los siguientes desafíos, entre otros:

•​Actualizar la estructura referida a las instituciones educativas de gestión social, específicamente los Servicios Educativos de Origen Social (SEOS).

•​Brindar oportunidades educativas integrales a poblaciones con necesidades educativas, del sistema formal y no formalizado, atendiendo necesidades complejas y diferenciadas de la vida social, cultural y económica, con criterios de contextualización, equidad territorial y gestión asociada.

•​Orientar a los actores públicos, privados y comunitarios en criterios pedagógicos, psicosociales, ambientales y de salud necesarios para proteger, promover o restituir los derechos de los niños y niñas en la primera infancia y los de sus familias en relación con la crianza, el aprendizaje y el bienestar integral de las infancias.

•​Asegurar una educación inclusiva de calidad, reforzando y mejorando los trayectos educativos y escolares, a partir de un profundo fortalecimiento de las condiciones de educabilidad.