Estas dos instituciones se comprometen a colaborar en el desarrollo de proyectos y acciones vinculados con la capacitación y formación de recursos humanos para prevenir la violencia contra las mujeres.

Este martes, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, en representación del Ejecutivo provincial, firmó un convenio de colaboración con Daniel Roberto Miranda, rector de la Universidad Juan Agustín Maza. También participó Mónica Torrecilla, vicerrectora de esa casa de estudios. 

Este acuerdo tiene por objeto la cooperación y colaboración institucional a fin de desarrollar, de forma conjunta, proyectos vinculados con las incumbencias de ambas instituciones en materia de género y violencia contra las mujeres, que involucren capacitación y formación de recursos humanos, intercambio de experiencias, asistencia técnica y toda otra iniciativa para beneficio de ambos signatarios en el marco de la ley nacional 27499, Ley Micaela.

Recordemos que la Ley 9206, en su Artículo 11, otorga al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia la atribución de la planificación y diseño de las políticas de gestión pública. También, le atribuye la misión de coordinar e implementar un sistema centralizado de recursos humanos, tendiente a la capacitación continua de los agentes del estado y al mejor aprovechamiento de dichos recursos aplicados a un mejor servicio a la comunidad.

Instrumentación del convenio

Producto de este acuerdo, el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia pondrá a disposición de la Universidad Maza hasta 250 cupos por cohorte virtual del curso Ley Micaela, los cuales serán destinados a personas que trabajen en la casa de estudios.

Por su parte, el Gobierno, por medio del Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP), emitirá los certificados de forma digital, desde la plataforma del IPAP, y llevará el registro de las personas aprobadas.

Ley Micaela en Mendoza

A través de la Ley Provincial 9196, Mendoza adhirió a la Ley Nacional 27499 -conocida como Ley Micaela-, norma que dispone la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Esta ley que promueve la formación en temas de género y violencia contra las mujeres en los ámbitos públicos, se impulsó a partir del femicidio de Micaela García, ocurrido el 1 de abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. Su femicida, Sebastián Wagner, quien cumplía una pena de 9 años por abuso sexual, asesinó y violó a la joven mientras gozaba del beneficio de la libertad anticipada.