SEGURIDAD: Mucho más que una pistola TASER - Por:. Alejandro Alves

La seguridad es el tema “trending topic” de los últimos días. Los ciudadanos vemos en el debate político, ideas aisladas e irrisorias, que surcan como balas perdidas en los medios de comunicación.

En los últimos años, la problemática de seguridad fue tomando un estado de conocimiento público tan significativo, que en lo que va del año se ganó su propio lugar en la agenda política nacional. La amenaza a Leo Messi de los últimos días se constituyó en un hecho de tal magnitud que fue cubierto por la prensa internacional y que deja al descubierto la gravedad y la dimensión de los desafíos que debemos afrontar como sociedad.

Día a día los argentinos invierten horas y horas en debates estériles, en los que prima un patrón, la ideologización de la seguridad, enmarcada en concepciones locales sobre izquierdas y derechas. Un atolladero que nos impide progresar. Como sociedad, dejamos atrás hace cuatro décadas, uno de los periodos más oscuros de la Argentina. Si bien tenemos una democracia formal consolidada, no logramos superar los profundos traumas que nos generó ese periodo. Las políticas públicas en general, y en particular las de seguridad, defensa e inteligencia, se las aborda con el prisma de los traumas no resueltos. Es momento de superar el pasado.

Uno de los primeros pasos para salir adelante, es que los políticos sepan, entiendan y acepten, lo que dice el plexo jurídico y en particular la ley 24.059 en su Artículo 2, la cual define la seguridad como: “…la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes…”. En paralelo los ciudadanos deben tomar conocimiento de sus derechos y exigir a sus representantes su cumplimiento.

Luego de tantas décadas de decidía, la inseguridad es multidimensional y con focos estructurales. Esta tan enraizada, que es necesario en primera instancia, reconocer que no hay una solución mágica, y que se debe conformar una mesa multidisciplinaria de técnicos y expertos a fin de trazar lineamientos para el debate público y los decisores políticos, puesto que es una problemática que se la debe abordar desde varios aspectos y tiene que ser una política de estado sin solución de continuidad entre alternancias de gobiernos. Los ciudadanos, y fundamentalmente las instituciones intervinientes deben entender con nitidez que hay consenso y decisión política para luchar contra la inseguridad.

Tanto en el debate político, como en la opinión pública, se suele pensar a la seguridad desde el nivel táctico, es decir, un efectivo policial desplegado en la esquina de un barrio y su equipamiento; si esta apostado con una pistola taser, una nueve milímetros o un fusil. Si bien esto es importante, las políticas públicas de Seguridad son y deben ser mucho más que eso.

En lo que atañe a propuestas, plantearemos algunas ideas fuerzas, que contribuyan al debate. El planteo será desde tres ejes de acción estratégicas sobre las cuales convergen las políticas públicas aportadas: Prevención,

Disuasión e Investigación del delito.

Cuando hablamos de prevención del delito, una de las primeras políticas que se debe abordar, es el ordenamiento territorial. Ciudades sucias, oscuras y con un sistema edilicio y arquitectónico desordenado, presuponen un ambiente propicio para el surgimiento y consolidación del delito y la criminalidad.

En segundo lugar, la presencia territorial del Estado por medio de la educación formal y la cultura a través de los diferentes actores de la sociedad civil. Otro aspecto no menos importante, es el despliegue del sistema de Salud que permita el acceso al Primer Nivel de Complejidad. Un Estado presente, no se reduce a un comedor comunitario en un barrio carenciado. Un Estado presente es el acceso a la salud, la educación y la seguridad.

Otra política que se debe implementar a nivel municipal es la incorporación de herramientas y mecanismos tecnológicamente innovadoras, para colaborar con los esfuerzos provinciales y nacionales, fin de ser eficientes en el despliegue y la utilización táctica de las agencias policiales. Como, por ejemplo, los centros de monitoreo.

En otro orden, se debe reformular y jerarquizar el rol de los patronatos de liberados. Cumplen un papel fundamental no solo en la reinserción social, sino que también sobre la reincidencia en el delito; y aun así es una de las herramientas más desconocidas por la sociedad, al mismo tiempo que olvidadas por los gobernantes.

En cuanto a la disuasión del delito propiamente dicho, de manera inmediata poner en marcha un programa nacional de construcción de cárceles. Iniciando una de máxima seguridad en Santa Fe. No solo por razones humanitarias en lo que atañe al hacinamiento en nuestras cárceles; sino también por el riesgo que representa tener en las mismas unidades carcelarias, reclusos condenados por delitos comunes, junto a integrantes o líderes del crimen organizado, generando así las condiciones para que se hagan de sus propios “Ejércitos”. Como ilustración no tan lejana, en Argentina tenemos la amenaza latente del Primer Comando da Capital (PCC) organización que ya hace una década, tuvo su primer “iniciado” en tierras nacionales.

En paralelo, y de manera urgente se debe utilizar el servicio de inteligencia criminal, por medio de la inteligencia penitenciaria. Las TICs y el ciberespacio posibilitaron la explosión de nuevas modalidades de delitos perpetrado desde las cárceles.

En lo que atañe a las Fuerzas de Seguridad existentes, una de las reformas que se deben realizar es crear sobre la base la Policía Federal Argentina una Agencia Federal Antinarcótico, que tenga por misión, no solo la investigación, sino que también el combate directo de todos los eslabones de la cadena productiva, empezando por la comercialización o narcomenudeo.

Siguiendo con las fuerzas de seguridad, el ciberespacio es una de las dimensiones más postergadas por la política nacional, todos los años las instituciones del Estado y diferentes organismos sufren ataques en la que los perpetradores cumplen con sus objetivos operacionales; a esto sumamos los delitos comunes y complejos que se sirven del ciberespacio para sus operaciones. Se hace indispensable seguir el ejemplo de otros países, y crear una Agencia Federal de Ciberseguridad en la órbita del Ministerio de Seguridad.

Un renglón aparte merece una herramienta estratégica por excelencia; el Comando Tripartido entre Argentina, Paraguay y Brasil, un ámbito de articulación y cooperación donde se dinamiza el flujo de información y la coordinación entre las agencias policiales de los diferentes países. Se debe recuperar y profundizar las relaciones y el uso de esta herramienta. A su vez, replicar esta idea con Chile y Bolivia.

En el último eje de acción estratégica que propusimos para ordenar las ideas, está la investigación del delito, en este orden necesitamos reformar la justica. Pero con urgencia, primero debemos cubrir el 24% de los puestos jueces que están vacantes, que no se cubren debido a los intereses, estrategias y tácticas de la política para protegerse a sí misma. Nada se puede agregar respecto al Ministerio Público Fiscal, donde llevamos seis años con un Procurador General de la Nación interino.

Como complemento a la resolución de la problemática judicial, es necesario potenciar las capacidades operativas y el despliegue de los Centros de Inteligencia Criminal Regional (CICRE), los cuales deberán poseer un nivel operacional acorde a las nuevas demandas de una justicia que trabaje a pleno con sus capacidades organizacionales.

Una mención especial en este apartado lo vamos a dedicar a la Unidad de Información Financiera (UIF) la cual es una agencia de inteligencia, no obstante, no forma parte como subsistema, del Sistema de Inteligencia Nacional. Además del control bicameral necesario, esta agencia seria clave para el combate y la investigación del delito sobre la base de la Teoría Económica del Crimen.