La relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prepara un informe sobre la situación de la independencia judicial en la región, incluida la Argentina, y recibió un reporte crítico de los jueces nacionales que cuestionaron el juicio político que el Gobierno impulsa contra la Corte Suprema de Justicia.

El 22 de febrero pasado, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) mantuvo una reunión por Zoom con la relatoría, a cargo de la académica Margaret Satterthwai, y elevó una breve síntesis de los problemas de cada país.

Por la Argentina, informó en diez minutos el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, que denunció el avance del Gobierno sobre la Corte Suprema de Justicia con el inicio del juicio político.

El juez le manifestó al organismo internacional que se está frente a un “avasallamiento de la independencia judicial” y que el inicio del proceso, a fin del año pasado, coincidió con dos sentencias en contra del Gobierno: la medida cautelar dictada por la Corte que lo obliga a girar fondos a la Ciudad en concepto de coparticipación federal y la anulación de la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Gallo Tagle dijo que se trata de un ataque al máximo tribunal motivado por el contenido de sus sentencias, lo que está en contra de las leyes y normativas internacionales que regulan la actividad de los jueces.

Tras esa videoconferencia, ahora las diversas asociaciones de jueces reunidas en la FLAM están redactando un informe pormenorizado de lo que ocurre en cada lugar.

La Asociación de Magistrados de la Argentina prepara un documento (espera tenerlo terminado esta semana) en el que se remonta a lo ocurrido en 2014, cuando el gobierno kirchnerista trató de limitar la independencia judicial mediante la aprobación de la llamada ley “de democratización de la Justicia”, que incluía la elección popular de los jueces. La iniciativa encendió alarmas de quienes advirtieron que las decisiones de los jueces terminarían influidas por conseguir el favor del electorado y no por aplicar las normas, algo que muchas veces exige ir en contra del clamor popular.

Esta iniciativa fue declarada nula por todas las instancias judiciales hasta que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que obligó a enterrar definitivamente el proyecto.

No obstante, señala el informe en elaboración, hubo un nuevo intento de avanzar con la reforma de la justicia federal, esta vez con el proyecto que logró media sanción el 28 de agosto de 2020, en plena pandemia.

Allí se volvía a la carga para quitarle poder a los tribunales federales de Comodoro Py 2002, pero se planteaba además la necesidad de crear cargos judiciales de manera desmedida en la justicia federal de todo el país, con lo que se pretendía que los gobernadores pudieran designar sus jueces federales y promover otras designaciones con sentido político.

La iniciativa fue aprobada en el Senado, pero no pasó el filtro de la Cámara de Diputados, donde el kirchnerismo no consiguió la mayoría.

Los tribunales vacantes

Los jueces denunciaron a la ONU el problema de las vacantes en los tribunales federales y nacionales, que llegan al 30 por ciento y que obligan a que haya jueces suplentes, lo que debilita al Poder Judicial. En el caso particular de Rosario, el presidente Alberto Fernández responsabilizó a la Corte por la inseguridad y el narcotráfico en la provincia, al culparla por la falta de avances en los concursos del Consejo de la Magistratura.

Pero los jueces le contestaron que en Rosario las vacantes no se cubren porque los candidatos deben ser aprobados por el Ejecutivo y por el Senado, ya que los concursos pendientes en el Consejo son tres de un total de diez cargos vacantes.

Otro de los ítems que está incluido en el informe que los jueces preparan para la ONU tiene que ver con sus jubilaciones. El Gobierno aprobó en mayo de 2020 una ley para cambiar el régimen jubilatorio de los magistrados, elevando sus aportes y con la idea de que se trata de un régimen de privilegio.

Los jueces le dicen ahora a la ONU que se trata de una invasión al Poder Judicial y que es un ataque a su independencia, porque los obligaba a renunciar si querían acogerse a la vieja ley o permanecer, pero perdiendo dinero. Reclaman que no se trata de un sistema “de privilegio”, sino de una caja que es autosustentable con los aportes de los propios magistrados en actividad, si es que se cubren todas las vacantes.

La denuncia del Gobierno

El Gobierno se presentó ante la ONU a fin del año pasado para denunciar que jueces y fiscales llevaban adelante “procesos penales fraudulentos”. Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, hizo estas manifestaciones en la sede del organismo internacional, pero el único país que respaldó su denuncia de “lawfare” fue Bolivia.

La exposición de Pietragala se hizo en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) donde mencionó que hay “estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político” que “son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”.

La alusión era por la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel en la causa de Vialidad. El oficialismo cuestionó la participación del fiscal Diego Luciani y del juez Rodrigo Giménez Uriburu, protagonistas de ese proceso, en un torneo de fútbol que se jugó en una quinta que pertenece a Mauricio Macri, antes de que ninguno de los dos hubiera sido designado para intervenir en ese caso. Ya antes había denunciado visitas de otros magistrados a Macri cuando era presidente.

En la audiencia posterior a la presentación de Pietragalla, Alemania cuestionó la injerencia política sobre el sistema judicial argentino y habló de “presiones e intimidaciones” a los jueces e investigadores. Antes, la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) había alertado en su último informe anual que la ofensiva del Gobierno sobre la Justicia, las demoras en la designación de jueces y de otros cargos, como el Procurador General, y la corrupción, incluida en el Poder Judicial, han “socavado el Estado de Derecho” en la Argentina.

Las declaraciones de Pietragalla se dieron en medio de la iniciativa del oficialismo para impulsar el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, tribunal que también busca modificar para ampliar su número de integrantes.