El tema del momento son los cambios en el gabinete que acompañará a Cristina Fernández durante los dos años de gestión que le quedan al frente del Gobierno. De hecho, esta movida ayudó a desplazar de la opinión el fiasco electoral de octubre pasado, pero muchos se siguen preguntando cómo fue que el kirchnerismo perdió en el término de dos años casi la mitad de sus votos. Del emblemático 54% de 2011, al 32 del pasado 27 de octubre, es una proeza negativa a pesar de comparar presidenciales con legislativas. Así lo destaca el sitio Parlamentario.com, citando que en el Congreso, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, después de las elecciones de 2011 el kirchnerismo pasó a contar con una mayoría que se hizo notar fuertemente en las votaciones siguientes y la usó sin titubear pasados esos comicios para aprobar, entre otras cosas, el Presupuesto 2012 que se convirtió en ley por 44 votos a favor y 26 negativos en el Senado, donde no hubo cambios significativos en la correlación de fuerzas.
En Diputados, el proyecto se aprobó con 141 votos a favor y 104 en contra con los votos del kirchnerismo, más los de los representantes de Córdoba Federal y Unión Peronista.
A continuación, los diputados aprobaron las prórrogas de la ley de Emergencia Económica por dos años; del impuesto a los cigarrillos y del cheque -ambos por un año-, y a la exportación de hidrocarburos (5 años).
Otra iniciativa votada entonces, para modificar la ley de Impuesto a las Ganancias, facultando al PEN a fijar el mínimo no imponible y la ratificación de ese tope implementado por resoluciones de la AFIP, salió con 169 votos a favor, 46 en contra y 22 abstenciones.
En esa misma maratónica sesión dividida en dos jornadas, se aprobó con 165 votos positivos un proyecto que aumentaba las penas contra el delito de lavado de dinero.
Más ajustado estuvo en cambio el resultado de la Ley Antiterrorista, que contó con 134 votos a favor, 90 en contra y dos abstenciones, como así también la aprobación del proyecto sobre Papel Prensa, que tuvo 135 votos positivos, 92 negativos y 13 abstenciones.
Por esos días también se aprobó la reforma del Régimen Penal Tributario, con nada menos que 215 votos a favor. Diputados también aprobó en el marco de esa catarata de proyectos la ley que limita la extranjerización de tierras rurales con 153 votos positivos. Consiguió también la creación de un nuevo Estatuto del Peón Rural, con 174 votos afirmativos y sólo 4 en contra.
A esa época de poderío con que contaba el kirchnerismo s la obedece la frase “vamos por todo” pronunciada por la propia presidente de la Nación durante un acto en Rosario.
En 2012 el poderío K en la Cámara baja siguió haciéndose sentir. La aprobación del Presupuesto contó con 142 votos a favor, uno más que el año anterior, y aprobó con 140 votos positivos la Ley de ART (contó ahí con el apoyo del PRO), pero volvió a tener números ajustados a la hora de votar la reglamentación del “per saltum”, para acudir a la Corte sin pasar por tribunales inferiores, en el que reunió 135 votos a favor y 95 en contra.
El quiebre se registró con el controvertido “memorando de entendimiento” con Irán que anunció la presidente Cristina Fernández a través de una cadena nacional en la que aseguró que “la Justicia no va a ser obstruida”, y anunció el envío del mismo al Parlamento e inmediatamente después llamó a extraordinarias para tratar ese tema.
A partir de ahí estallaron las dificultades para conseguir el quórum y los votos necesarios para apoyar las cuestiones controvertidas que el Ejecutivo remitía. Hasta en el Senado se complicaron las cosas, pues el acuerdo con Irán insumió casi once horas de debate y se aprobó el 21 de febrero por 39 votos a favor y 31 en contra. Con lo justo.
Las cosas estaban más difíciles en Diputados, donde fue necesario para garantizar el quórum que la flamante ministra de Desarrollo Social de Tucumán, Beatriz Mirkin, renunciara a su cargo para retomar su banca, igual que Carlos Eliceche tuvo que dejar fugazmente el cargo de ministro coordinador de la gobernación chubutense, para volver a sentarse en su escaño.
El Gobierno se enfrascó luego en una fuerte pelea con el Poder Judicial en general y la Corte Suprema en particular, que derivó en el anuncio de la presidenta Cristina Kirchner -el 8 de abril pasado- del envío al Congreso de seis proyectos de ley para reformar el sistema judicial. Entre esas iniciativas se destacaba la reforma del Consejo de la Magistratura, cuyos miembros pasarían a ser elegidos por el voto universal y el aumento en la cantidad de integrantes del Consejo de 13 a 19. También proponía limitar las medidas cautelares a un plazo máximo de seis meses, obligando al dictado de sentencia sobre la cuestión de fondo y “democratizar” el ingreso a la carrera judicial mediante la aplicación de concurso público.
También planteaba el aumento en la cantidad de cámaras de casación para descongestionar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia.
La pelea se trasladó al Congreso, adonde se enviaron los proyectos por mitades, para ser tratados de manera simultánea. La oposición unificó posturas en contra y anunció que, en caso de ser aprobadas, las normas serían judicializadas. Los resultados de las votaciones en Diputados mostraron la consolidación de un cuadro ajustado para el oficialismo en los temas controvertidos. El ingreso al Poder Judicial tuvo 133 votos a favor y 109 en contra; lo de las declaraciones juradas 136 votos positivos y 106 negativos, la publicación de fallos judiciales 140 votos afirmativos y 101 negativos.
En el Senado, la creación de tres cámaras de casación contó con 39 votos afirmativos y 26 negativos, mientras que la reforma del Consejo de la Magistratura tuvo la misma cantidad de aprobaciones y 31 en contra. Con los mismos 39 votos el kirchnerismo avaló la modificación para las cautelares.
En Diputados, la reforma del Consejo de la Magistratura fue aprobada el 24 de abril, con apenas 130 votos a favor, apenas uno más del número exigido por la Constitución para modificar la Ley 24.937. Votaron en contra 123 diputados, entre los que estaban los del FpV Facundo Moyano, Omar Plaini, Jorge Yoma, Mabel Müller y Blanca Blanco de Peralta, más los habitualmente aliados Alfredo Olmedo, Julio Ledesma, Jorge Garramuño y Mariana Veaute.
La creación de tres nuevas cámaras de casación se alcanzó aun con menos votos: 126. Con la misma cantidad de notas, tras casi 21 horas de debate y sin la presencia de la mayoría del arco opositor, se aprobó el proyecto que limita las medidas cautelares contra el Estado.
Tras las modificaciones efectuadas en Diputados, la Cámara alta convirtió en ley la reforma del Consejo de la Magistratura el 8 de mayo, con 38 votos a favor y 30 en contra. Uno menos de ambos respecto de la votación anterior, el 17 de abril.
Semejante esfuerzo una vez más no le sirvió al oficialismo. Tal cual se había anticipado, la pelea siguió en el marco del Poder Judicial, donde se desarmó la parte más sustancial de las reformas impulsadas por el kirchnerismo. Sobre todo la central, correspondiente al Consejo de la Magistratura. El 18 de junio la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de seis de sus siete miembros, declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 26.855, especialmente los que determinan que los representantes de los jueces, abogados y académicos en el Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto popular en lugar de serlo por sus pares. Además, con el único voto en contra de Raúl Zaffaroni, consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la Magistratura que preveía la reforma. La inconstitucionalidad alcanzó los artículos 2º, 4º, 18° y 30° de la Ley 26.855, y al decreto 577/13. También declaró inaplicables las modificaciones de la Ley 26.855 con relación al quorum previsto en el artículo 7º, al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones del Consejo de la Magistratura, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de dicha ley, y dejó sin efecto la convocatoria a elección de consejeros.
Se abortó así la embestida oficialista contra el Poder Judicial y también el objetivo de “nacionalizar” los comicios del 11 de agosto con la elección de consejeros a través de una lista única.
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