De acuerdo a un informe estadístico realizado por la Procuración General de la Nación, en causas iniciadas por estupefacientes durante 2012, el 38% de las causas por infracción a la Ley 23.737 (la ley federal de drogas), son por tenencia para consumo personal (artículo14).En el ranking de persecución por tenencia para consumo, la provincia de Mendoza lleva la delantera: de 3203 causas judiciales, 1943 son de este tipo, lo que muestra que un 60,7% de las investigaciones de la justicia mendocina están destinadas a perseguir a consumidores.
En términos absolutos, los números delinean una certeza preocupante: de un total de 24.599 investigaciones abiertas en todas las jurisdicciones federales del Ministerio Público el año pasado, 9.414 (38%) están destinadas a perseguir a quienes han sido detenidos con sustancias que “por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”, según tipifica la ley. Es decir, a los consumidores.
“Es una estadísticas que mide ingresos y egresos del sistema judicial, no es una estadística que mida flujos, ni mora judicial. Eso significa que a pesar del ‘fallo Arriola’ de la Corte, todavía hay una doble velocidad: lo que probablemente el Poder Judicial rechace o sobresea, las policías todavía detectan e ingresan en el sistema”, interpretó sobre las estadísticas Félix Crous, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
“Pero lo que se puede medir claramente es el impacto que recibe el sistema judicial en cada año respecto a la demanda, de causas nuevas. Y ahí podés entender donde el Estado pone la mirada: qué busca, qué mira, qué quiere reprimir”, explicó el fiscal. En la mayoría de las jurisdicciones, la proporción de causas por tenencia para consumo personal dentro del total de figuras penales contempladas por la ley, es muy relevante.
En este aspecto, otro indicador elocuente que surge de los informes es el de las provincias que dictaron la ley de desfederalización. Eso implica que las causas judiciales que involucran cantidades bajas de sustancia pasan a los fueros criminales de la justicia provincial, dejando las causas más complejas para la justicia federal. “En las provincias donde se desfederalizó, tenés una nula incidencia del narcotráfico respecto de los delitos federales en general. Eso te marca que las causas de menor importancia son las que se estaban persiguiendo”, analizó Crous. Hasta el momento, Córdoba y Buenos Aires lo aplicaron. En La Rioja y Entre Ríos está aprobada pero no instrumentada por falta de presupuesto. Y Salta comenzará a aplicarla a partir del año que viene.
El caso bonaerense, que sancionó la ley 26.052 (sobre desfederalización de estupefacientes) en 2005, merece un informe nuevo del organismo, ahora en curso, en donde se analiza el impacto del cambio de competencia entre la sanción y 2008. Sin embargo, en este informe el caso bonaerense mereció un párrafo aparte, en donde se remarca “el dramático descenso de causas iniciadas por estupefacientes en las jurisdicciones competentes en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Descenso que se ha ido registrando desde diciembre de 2005 y que estimamos, incluye una continua merma en la cantidad de investigaciones por tipos penales no comprendidos en la ley de desfederalización”.
Esto es: las causas que no investiguen “transas” y “perejiles” que venden al menudeo. El proceso también tiene su reflejo en el perfil de los detenidos: desde 2006 aumentó sostenidamente la cantidad detenidas, asociado a la creciente “criminalización de mujeres pobres” imputadas por tenencia o comercialización de estupefacientes, según el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia.
A la luz de los cruces públicos de distintos actores institucionales, el resultado parcial del informe –con las limitaciones de ser medido sólo en 2012 y con bases de datos no propias- no es alarmante: “la evolución de la cantidad de causas iniciadas por jurisdicción y tipo penal no presenta variaciones significativas en el corto plazo”, concluye el informe.
Jurisdicción por jurisdicción
En los informes estadísticos, la Procunar discriminó qué clases de delitos tienen más incidencia dentro del universo variopinto que contempla la ley 23.737: tenencia para consumo personal (artículo 14), comercio o tenencia para comercio, almacenamiento, transporte (artículo 5), o figuras de otros Códigos o leyes, como el de Contrabando de estupefacientes, tipificado en el artículo 866 del Código Aduanero.
En el ranking de persecución por tenencia para consumo, como señalamos, Mendoza lleva una clara delantera con un 60,7% de las investigaciones destinadas a perseguir a consumidores. “Es una jurisdicción notable porque podés ver dentro de las tres provincias de Cuyo, el distinto abordaje de lo que mira cada policía”, dijo Crous.
Las jurisdicciones que le siguen respecto de la persecución a consumidores, son la provincia de Córdoba con un 52,2% –hace poco salió a la luz que su narcopolicía armaba causas a “perejiles” con la droga incautada-, Chaco con un 51,5% y la ciudad de Buenos Aires, con un 40,6%. La jurisdicción en la que menos criminaliza el consumo es La Plata: de las 314 causas por violación a la ley de drogas en 2012 –cifras totales muy bajas-, sólo 2 se instruyen por tenencia para consumo.
Otras dos figuras delictivas aportan datos: Corrientes lidera la nómina de jurisdicciones que persigue el “comercio o tenencia para comercio, almacenamiento, transporte”, con un 84% de las causas iniciadas. Le siguen Mar del Plata (67,9%) y San Martín (63,5%). Los índices más bajos son inversamente proporcionales a los de judicialización del consumo: Córdoba con un 14,3%, y Mendoza con 19%.
La magnitud del narcotráfico
Rosario y Córdoba, como vienen reflejando los medios, encabezan las proporciones de delitos federales por estupefacientes respecto de otros delitos federales (tráfico de armas, delitos de identidad, trata de personas, entre otros).
De un total de 3380 delitos federales registrados en 2012, 2283 son por violación a la ley federal 23.737 (drogas), un 67,5%. Los sigue muy de cerca Córdoba, un 66,4% y Mendoza, un 64,1%. De la provincia de Buenos Aires, la proporción más alta de las cuatro jurisdicciones que facilitaron las cifras es Bahía Blanca, con un 45,2%, y las otras tres tienen proporciones llamativamente bajas: Mar del Plata un 14,3%, San Martín un 10,1%, y La Plata, que registra la relación jurisdiccional más baja del país, con un 7,8% de delitos federales que corresponden al presunto tráfico de drogas.
La ciudad de Buenos Aires –en base a los registros de las fiscalías federales criminales y en lo Penal y Económico-, registra un total de 48,2% delitos vinculados al narcotráfico. En términos absolutos (es decir, cantidad de causas judiciales iniciadas por violación a la ley de estupefacientes), la capital federal lidera la tabla por escándalo: 7.843 expedientes por violación a la ley de drogas en el año 2012. Lo siguen, muy por detrás, Mendoza con 3203, Córdoba con 2860, Rosario con 2283 y Salta con 1757. La que menor cantidad registra es Mar del Plata, con sólo 221 causas iniciadas.
Para Crous, uno de las falencias más grandes de la Justicia Federal a la hora de investigar y combatir el narcotráfico, es la negación a investigar la famosa “ruta del dinero”. “Al margen de la complejidad del fenómeno, que es natural a todo proceso de investigación, jueces y fiscales tienen una mirada primitiva de la cuestión patrimonial en este delito, y no se apunta a la razón de ser del negocio, que es la ganancia, y cómo los bienes mal habidos tienen que blanquearse como bienes de apariencia lícita”, concluyó.
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