Los alegatos de las defensas de los acusados en el juicio de la causa Vialidad comenzarán esta mañana en medio de la conmoción por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, que está acusada en esta causa como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado direccionando las obras viales de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez. Hoy es el turno del abogado Mariano Fragueiro Frías, que defiende a Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, para quien el fiscal Diego Luciani pidió una condena de tres años de prisión en suspenso, por el delito de administración fraudulenta.

Luego seguirán las defensas de Mauricio Collareda, que tuvo el mismo rol que Garro y sobre quien pesa un pedido de pena de seis años cárcel, y de Héctor Raúl Daruich, para quien la fiscalía solicitó cinco años de prisión. Cada letrado dispone de tres audiencias para alegar, pero algunos ya anticiparon que usarán solo una audiencia. “Liquido mi alegato en pocas horas”, dijo uno de los letrados a LA NACION. Se estima que ellos tres podrían finalizar esta semana. Luego alegarían Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, defensores del exministro de Planificación Julio De Vido, que está acusado como uno de los organizadores de la asociación ilícita, con un pedido de pena de 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Más allá de la atención que concentrará la exposición de los defensores de De Vido y, luego, de Báez, la expectativa central pasa por la defensa técnica que encabezará el abogado Carlos Alberto Beraldi, que representa a Cristina Kirchner en este juicio.

La alocución que encaró la vicepresidenta a través de YouTube hace dos semanas es disonante con la tarea que tiene Beraldi, de alegar en su defensa con elementos jurídicos.

Antes de que la Corte Suprema rechazara los recursos de queja presentados por Beraldi, fuentes cercanas al abogado sostenían que él intervenía poco en el este juicio oral porque lo consideraba ilegítimo y porque sus planteos estaban bajo estudio del máximo tribunal. Con los recursos de queja rechazados y sin una instancia posterior que pueda analizar esos planteos, deberá refutar la prueba que expuso el fiscal Luciani para defender a Cristina Kirchner.

Que la vicepresidenta haya dicho en más de una oportunidad que los jueces tienen la sentencia escrita y firmada para condenarla desafía el planteo que el abogado debe hacer para refutar la acusación y la prueba.

Además, Cristina Kirchner dio por válida en su defensa pública una prueba que algunos de los abogados que intervienen en la causa buscarán objetar: los mensajes extraídos del celular de José López. Si bien no hay intercambios directos entre José López y Cristina Kirchner en el informe, sí hay alusiones a reuniones entre la expresidenta y Báez, además de decenas de intercambios entre López y los secretarios privados de la entonces presidenta, que lo convocaba a reunirse con ella. Si Beraldi planeaba cuestionar la incorporación de esa prueba, su defendida le dio entidad ante la política y la militancia.

“Esto lo vamos a entender más claro cuando mostremos algunas cosas que, afortunadamente podemos sacar a la luz porque, bueno, lo introdujeron los propios fiscales a la causa”, dijo Cristina Kirchner en su alegato fuera del tribunal, cuando empezó a exhibir algunos de los mensajes del exfuncionario de su gobierno.

Si bien la vicepresidenta cuestionó el momento en el que el fiscal Luciani introdujo la prueba a la causa, durante más de una hora se refirió a los mensajes que intercambiaba López con empresarios como Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez, para señalar que durante su gobierno el empresario cercano a Mauricio Macri también tenía un trato personal con el exsecretario de Obras Públicas. No dio entidad a los mensajes que se referían a supuestos encuentros entre Lázaro Báez y ella, o a la frecuencia con que López hablaba con sus secretarios privados. ¿Objetará Beraldi la incorporación de ese elemento de prueba? Es una pregunta que circula entre algunos abogados defensores que intervienen en la causa.

Hasta ahora, el abogado enfocó su estrategia en refutar la validez del proceso, tanto porque sostenía que estos hechos ya fueron juzgados en Santa Cruz, como por la deslegitimación de los magistrados. Beraldi recusó a los Luciani y Sergio Mola y a dos de los jueces del Tribunal Oral Federal 2: Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

Sin éxito -porque las recusaciones fueron rechazadas- apeló la semana pasada esos rechazos y sostuvo que los magistrados deben ser apartados del proceso. El TOF 2 debe definir si acepta los planteos para que las recusaciones sean estudiadas por la Cámara Federal de Casación Penal. En ese cuerpo (el máximo tribunal penal del país) hay varias definiciones pendientes sobre la situación judicial de la vicepresidenta.