El intento de asesinato sufrido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, independientemente de los escalofríos que aún producen las imágenes del incidente registrado en la noche del jueves pasado, catapultó al arco político argentino en general, y al Gobierno en particular, hacia una coyuntura que en forma repentina e impensada los desafía y les exige una demostración de grandeza.

El ataque perpetrado contra la ex mandataria cuando llegaba a su casa en el barrio porteño de Recoleta forzó para la clase dirigente un escenario que demanda reacciones lúcidas, superadoras y despojadas de intereses partidarios, y que no ofrece margen para eventuales especulaciones electorales con vistas a 2023 a partir de lo que fue una literal tragedia con suerte.

Se trata éste de un contexto nacional surgido de manera intempestiva e incluso desagradable, no deseada, cuando un presunto fanático de ultraderecha de origen brasileño apuntó un arma de fuego directo al rostro de la vicepresidenta y gatilló, sin que se produjera el disparo, aunque ocasionando de igual modo una conmoción generalizada a lo largo y ancho del país.

Pero más allá del infausto motivo que propició esta situación por la que actualmente transita la Argentina (un intento de magnicidio), quienes ejercen roles de representatividad deberían entender que están parados en medio de un acontecimiento histórico y obrar en consecuencia, sabiendo incluso que probablemente vayan a ser juzgados -y cuestionados- por su manera de reaccionar, por sus comentarios y acciones.

En este sentido, resultó saludable el acto reflejo inicial de dirigentes de distintas agrupaciones políticas que se unieron para repudiar desde el Congreso de la Nación el incidente en Recoleta, pero apenas minutos más tarde el presidente Alberto Fernández leyó un discurso por cadena nacional y cargó contra la oposición, además de los medios de comunicación.

Pisó en falso Fernández en su primera respuesta institucional a uno de los acontecimientos más graves que se hayan suscitado en la historia moderna de la Argentina y un día más tarde desaprovechó una excepcional ocasión para convocar a una genuina unidad nacional, en una reunión en la Casa Rosada con representantes de sectores sindicales, sociales, empresariales, de derechos humanos y de diferentes credos, además de dirigentes y funcionarios del Frente de Todos (FdT).

Asimismo, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), cuyo presidente, Jorge Knoblovits, participó del encuentro en Balcarce 50, rechazó el documento que se leería luego en la Plaza de Mayo, en el marco de una multitudinaria marcha de repudio al ataque contra Cristina, al considerarlo como «un alegato político partidario».

El Gobierno se equivoca al ensayar una reacción corporativa y sesgada frente a un suceso que incluso referentes del FdT entienden como un atentado -o intento de- «contra la democracia», aunque no proceden en consecuencia: el oficialismo insiste en embestir contra la oposición, a la que responsabiliza -junto con determinados medios de prensa- por los «discursos de odio» que envenenan a la sociedad e incitan, supuestamente, a cometer actos aberrantes como el registrado en Recoleta.

No son tiempos éstos para que prevalezcan mezquindades ni para que primen nimiedades partidistas. La administración Fernández no debería volver a errar el camino, encandilada por intereses políticos de ocasión, como sucedió cuando había logrado forjar una valiosa mancomunidad con la oposición para lidiar con la pandemia de coronavirus e inmediatamente después le aplicó una zancadilla a Juntos por el Cambio (JxC), al restringirle recursos a la ciudad de Buenos Aires.

El oficialismo también se debe una autocrítica

Unidad nacional, sí, pero no «a cualquier costo», sentenció el documento leído este viernes -feriado- en Plaza de Mayo. Está claro que la figura política que milagrosamente no recibió un disparo en el rosto el jueves pasado se trata nada más ni nada menos que Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación, ex jefa de Estado, líder del FdT y una dirigente que de manera indiscutible ha marcado en mayor o menor medida el pulso de la agenda nacional desde hace casi dos décadas.

De cualquier manera, parece cosa de necios asegurar, como intenta plantear el Gobierno, que el «discurso de odio» es unidireccional y afecta únicamente al peronismo, concebido movimiento que ha sabido arropar, a lo largo de su historia, a militantes acérrimos de derecha, centro e izquierda -que incluso protagonizaron en algún momento sangrientos enfrentamientos armados entre sí- y que hoy encuentra renovados motivos para victimizarse sin ensayar, por ahora, una autocrítica.

El oficialismo se debe una mirada introspectiva -necesaria también en la oposición- en medio de esta coyuntura tan particular que le deja entreabierta la puerta para que logre rever la narrativa de combate a la que ha recurrido, peligrosamente por cierto, en las últimas semanas, en especial tras conocerse el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la propia Cristina por supuestos actos de corrupción en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La misma vicepresidenta tildó de «energúmenos macristas» a militantes de JxC que participaban de un cacerolazo frente a su casa en Recoleta, de igual modo que afirmó sin titubear -ni pensarlo dos veces- que en la Argentina existen quienes pretenden «exterminar al peronismo», antes de que su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, lanzara que en Juntos por el Cambio estaban «viendo quién mata al primer peronista«, entre otras expresiones desafortunadas.

Se trata de comentarios que exacerban la «grieta», que fomentan la división entre los argentinos y generan, por ende, el efecto contrario del que persigue supuestamente el Gobierno, en función de combatir los «discursos de odio» en el país. En definitiva, es quien conduce el que debería dar el primer paso, de manera sólida y decidida, rumbo a ese objetivo, a todas luces saludable y necesario por cierto.

En este contexto, queda por verse qué postura adoptará finalmente la administración Fernández, de ahora en más, tras su errática primera reacción de las últimas horas: ¿logrará comprender el presidente de la Nación que la coyuntura reclama gestos de sensatez y grandeza, que la gravedad institucional de lo sucedido interpela a la clase dirigente y demanda respuestas de carácter fundacional? ¿Será consciente el jefe de Estado de que el camino que proponga recorrer a partir de lo ocurrido, como líder del Poder Ejecutivo nacional, podrá quedar cincelado en el bronce de la historia política reciente en la Argentina? Éste es un momento único y depende de él, y del Gobierno en general, que se transforme en un punto de inflexión.

Ahora bien, y llegado el caso, también debería resolver Fernández las características de ese eventual punto de inflexión. Es decir, ¿qué bases pretenderá dejar sentadas? ¿Las de aquel país que prometió edificar, tendiendo puentes entre las distintas islas que conforman el variopinto archipiélago social argentino, durante la campaña electoral de 2019, cuando mostraba un perfil moderado y conciliador, antes de radicalizar su discurso ya durante la gestión en Balcarce 50? ¿O volverá a ceder ante las presiones del núcleo duro cristinista, que ahora pide avanzar con un «relanzamiento de la democracia» al estilo K? Es decir, incentivando un permanente contrapunto entre «ellos y nosotros» o mejor dicho: «Ellos o nosotros».

Contundentes y masivas fueron las manifestaciones de repudio tras el intento de asesinato de Cristina expresadas desde distintos sectores de la sociedad, pero en medio de esa generalizada muestra de respaldo y solidaridad sobresalió un comunicado de sacerdotes villeros y de barriadas populares, quienes advirtieron que «sería un error interpretar el atentado contra la vicepresidenta como un fenómeno aislado» y aseguraron que existe «un contexto creciente de desencuentro, polarización, intransigencia, recalentamiento social y crispación» en la población argentina.

¿Lo entenderá la clase dirigente? ¿Será capaz de dimensionar la gravedad de la situación y el momento potencialmente bisagra generado en las últimas horas en el país? ¿Podrá comprenderlo el Gobierno y actuar en consecuencia, ubicándose a la altura de los acontecimientos? ¿O volverá a equivocarse, una vez más? Esas páginas en blanco de los manuales de historia aún están por escribirse.