Pocas veces un receso legislativo fue más oportuno para Alberto Fernández y su flamante ministra de Economía, Silvina Batakis. Este botón de pausa a la actividad parlamentaria congelará, por lo menos hasta el mes próximo, una serie de iniciativas que impulsan sectores del propio oficialismo y que atentan contra su pretendido objetivo de alcanzar el tan esquivo equilibrio fiscal.

La nueva moratoria previsional, el salario básico universal (SBU) y el prometido aumento de los subsidios al transporte público del interior del país son algunos de los proyectos que en su momento cobraron vuelo para presionar al exministro de Economía Martín Guzmán –renuente a abrir el grifo del gasto público-, pero que ahora deberán esperar al segundo semestre del año. Habrá que ver si finalmente prosperan, máxime porque Batakis ya deslizó que no están dadas las condiciones económicas para medidas expansivas y que no se va a gastar más de lo que se tiene.

La incógnita es si los diputados kirchneristas de paladar negro tolerarán la doctrina impartida por Batakis o se atreverán a desafiarla como lo hicieron sus colegas en el Senado con Guzmán cuando aprobaron la nueva moratoria previsional. “Las iniciativas legislativas, en general, no le preguntamos a los ministros”, sentenció la senadora Juliana Di Tullio, un alfil oficialista que suele traducir el pensamiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Con la media sanción bajo el brazo, el kirchnerismo de la Cámara de Diputados tomó la posta, pero el receso truncó sus planes de convertirla en ley antes del 23 de este mes, cuando vence la actual moratoria. “Vamos a presionar para que el Poder Ejecutivo la prorrogue por decreto, así nos da tiempo para aprobar el proyecto del Senado”, confían en el kirchnerismo. Sin embargo, el Ministerio de Economía todavía no dio señal alguna de ello; es que, de ser convertida en ley, esta nueva prórroga tendría un impacto fiscal que orillaría los $200.000 millones según las estimaciones oficiales más conservadoras. Consultores privados expertos en temas jubilatorios calculan que el costo será mayor.

El proyecto que sin dudas provocaría un descalabro en las cuentas públicas si resulta aprobado es el que promueve el salario básico universal. Su instrumentación demandaría al menos 1.8 puntos del PBI, confirmó el diputado Itai Hagman, ideólogo de la iniciativa. Cristina Kirchner y La Cámpora lo hicieron suyo. “En algún momento habrá que discutir, como ya lo están haciendo otros países, un salario básico universal”, arengó la vicepresidenta. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti, en nombre de la Casa Rosada, le cerró la puerta a esta posibilidad. “Por ahora no dan los números”, espetó.

Transporte, alquileres y “renta inesperada”

La administración de los recursos en un contexto de escasez es el mayor desafío que puede enfrentar un ministro de Economía. Máxime cuando esas tensiones provienen del propio oficialismo. Los gobernadores, por caso, están inquietos por los conflictos del transporte público automotor en sus provincias; hace dos semanas hubo un paro en distintas ciudades del interior promovido por los empresarios del transporte, desbordados por las dificultades en atender salarios, aguinaldos y los costos del servicio.

La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados impulsó el mes pasado un proyecto para elevar los subsidios de $38.000 millones a $59.500 millones. Sin embargo, aún debe superar la valla de la Comisión de Presupuesto, la discusión en el recinto y, después, el debate en el Senado. Mientras tanto Batakis gana tiempo: lo más probable es que la discusión recién se retome con el debate del proyecto de ley de presupuesto 2023.

En la agenda de los temas también que quedaron en suspenso por el receso invernal figura, también, la reforma a la ley de alquileres. Una iniciativa que, en este caso, promueve la oposición pero que perdió impulso por las disidencias entre los distintos bloques firmantes. En efecto, mientras un sector encabezado por el macrismo propone que los precios de los alquileres se indexen cada tres meses, otras bancadas (como el socialismo) pretenden estirar este plazo, como mínimo, a seis meses.

El oficialismo festeja: mientras la oposición no resuelva sus diferencias evitará que le aseste una derrota en el recinto, un golpe que podría serle letal en medio de la crisis política que afecta a la cúspide del poder. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el bloque del Frente de Todos: iniciativas como el que propone gravar la “renta inesperada”, como así también los que impulsan sendas reformas en el Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema difícilmente puedan avanzar. No solo por el rechazo opositor; en el oficialismo también hay sectores que prefieren que estas iniciativas no prosperen. Ser minoría en la Cámara de Diputados también trae sus ventajas.