Cuando estábamos enviando nuestra entrega nro. 3 (https://piramideinformativa.com/2022/02/malargue-cesion-irregular-de-tierras-fiscales-a-privados-reaviva-el-problema-de-la-precariedad-de-los-puesteros-parte-3/), el tema de la entrega irregular de las tierras de El Azufre ya estaba siendo motivo de una levantada de firmas para que se derogara el decreto de “concesión” (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhZr2B4BpCFbn9BxyN4JxWxyq4HdvLZwWeay0CWFaGMymNhQ/vie wform?usp=sf_link) , en un marco de crecientes rumores de que funcionarios de tierras fiscales estarían por ser pasados a degüello (pedidos de renuncia, sumarios), por el solo hecho de haber hecho lo que correspondía: su trabajo. Tenemos detalles sobre esto último, pero aún no estamos autorizados a publicar la documentación probatoria de lo que afirmamos.
Paralelamente también la militancia K se veía ingratamente sorprendida por el anuncio de Anabel Fernández Sagasti ponía a disposición del gobierno radical los equipos técnicos del PJ para avanzar en Portezuelo (https://www.malargueadiario.com/portezuelo-del-viento-suarez-recibio-a-intendentes-y-legisladores-nacionales-de-la-oposicion/), entrando así en colisión con funcionarios del Gobierno Nacional que propician la urgente consulta al COIRCO y patrocinan a una comunidad ranquel de La Pampa, quien recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En uno de los videos que linkeamos en la primera de las notas se muestra claramente que hay intereses EXTRANJEROS en quedarse con esas tierras en zona de frontera, como asimismo en ellos se expresa la vinculación entre ese proyecto y Portezuelo del Viento.
Las contradicciones de los oficialismos nacional y provincial respecto de esto último están a la orden del día: la Nación dice que no se puede, que hay que consultar con el COIRCO, pero paralelamente sigue mandando las remesas de dinero para una obra que ya todo el mundo sabe que no se va a hacer, lo que levantó polvareda dentro de la provincia. A eso se suma que los malargüinos sostienen que esa plata es de Malargüe, pero en el resto de la Provincia se afirma que no, que es de toda la provincia. Se trata del dinero que alguna vez prometió Néstor Kirchner para compensar a Mendoza por haberla dejado afuera de la promoción industrial.
En ese contexto, y sabiendo que el Justicialismo mendocino NO TIENE los tales equipos técnicos, queda claro que esta movida es política.
Hasta el fiscal de Estado Provincial dictaminó a favor de la obra, que ha sido cuestionada desde donde se la mire, según vimos en notas anteriores. Por eso no se entiende muy bien, desde lo político, que el salvavidas de un mal gobierno que se cae a pedazos sea lanzado desde una oposición que, al hacerlo, no ganará nada.
Nadie del mundillo político habla sino de los errores o aciertos políticos y/o técnicos, pero nadie hace alusión a los derechos humanos de los puesteros, salvo la FAdE y su patrocinante legal Dra. Vanessa Daiana Tenutta (ver la segunda nota de esta serie), quien el día 14 obtuvo el “proveído llamando a autos para dictar sentencia” según muestra la ilustración.
A los dos días, La Martínez Baca C.E.P.S.A. y SOBERANXS-Mendoza organizaban una charla con el ex director de la DOADU, Arquitecto Vicente Abbate, hoy asistente de la diputada provincial Silvia Stocco, donde hizo un recorrido por todas las leyes provinciales y nacionales que se están violando en Mendoza en temas ambientales. Le costó mucho al disertante ser breve, por la complejidad, y porque el auditorio estaba más que ansioso por opinar y preguntar (https://www.facebook.com/carlos.benedetto.35/videos/959584944693983).
Habría que esperar hasta este lunes 21 para ver que, al fin, el Gobierno Nacional intervenía para poner orden. Se trata de la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado, que se dirige al propio gobernador Suárez para solicitarle la derogación del decreto 2158 del 23-12-2021, del cual tomó conocimiento POR LOS DIARIOS, y que afecta a territorios nacionales. La Agencia así toma partido y se reafirma en su jurisdicción sobre el tema dejando claro que Suárez se extralimitó en sus funciones.
A ver si se entiende: se trata de una zona de seguridad en área de frontera. Cuya expropiación se produjo en 1967. Luego, en 1991, por convenio Nación-Provincia esas tierras fueron asignadas al pastoreo de nuestros puesteros.
El organismo nacional le recuerda al díscolo Suárez que incumplió con el mandato de ordenar las tierras y colonizarlas. Léase… propiciar el arraigo de los habitantes ancestrales de la zona, los puesteros, los que practican la ganadería caprina transhumante.
Explícitamente la Agencia dice que las tierras asignadas a El Azufre SA son tierras nacionales en zona de frontera, y hasta desconoce los derechos de un tal Oscar Policante, supuesto puestero que habría abierto una supuesta cuenta de Facebook donde habría publicado una carta luego recogida por la publicación ultraderechista Memo (www.memo.com.ar). Todo falso.
Ahora le toca al gobernador derogar su decreto, a la oposición le toca actuar antes, mucho antes de haber leído “el diario del lunes” y a la Justicia ordenar la conformación del Consejo de Arraigo del Puestero. Y que a nadie se le ocurra usar el dinero que no se va a usar en Portezuelo del Viento para indemnizar por “lucro cesante” a EL AZUFRE S.A. … ya se habla de eso también. No sería la primera vez que pasan estas cosas
Carlos Benedetto
+54 9 2604094916
La Dirección de PIRAMIDE INFORMATIVA no se responsabiliza por los dichos del autor de esta nota
Sé el primero en comentar en «Malargüe: cesión irregular de tierras fiscales a privados reaviva el problema de la precariedad de los puesteros. Parte 4»