El Gobierno ultima los detalles del acuerdo. Mucha de esa letra también tendrá como destino el anexo que adjuntará en el proyecto de ley que enviará al Congreso. En ese anexo, a cuyo borrador pudo tener acceso este medio, dirá que le solicita al FMI la friolera de u$s44.807 millones en el equivalente a Derechos Especiales de Giro (DEG), muy cerca del 1000% de la cuota que le corresponde a la Argentina en el organismo. El compromiso que tomará Guzmán es por 30 meses en el marco de un Acuerdo de Facilidades Extendidas con “acceso excepcional”. Después, se verá.

Así, y antes de que tenga lugar el vencimiento de u$s2.800 millones el próximo 22 de marzo, Economía pediría que el Fondo haga ese desembolso junto a los u$s4.000 millones para poder obtener un efecto “confianza” en el BCRA.

La clave es el acceso al financiamiento. El Gobierno ultima detalles en función de las necesidades de balanza de pagos, pero sobre todo de la importancia crítica de acumular reservas al comienzo del programa. De otra forma, entienden, gran parte de la gestión correría el riesgo de naufragar. La discusión es sobre el escalonamiento de esos desembolsos. Cuanto mayor la suma al comienzo, más chance de no tener que andar peleándose con los negociadores del FMI cada tres meses.

A contramano de lo que se presupone, habrá una árida mecánica de seguimiento en el cumplimiento del programa comprometido con el FMI. Guzmán acordó con los negociadores del organismo una larga serie de mecanismos que dejan entrever una exigente estructura de control y supervisión, una especie de garantía de cogobierno de aquí en adelante con la Casa Rosada.

Sabido es que el programa se supervisará mediante revisiones trimestrales y acciones previas. Pero el dato que hasta ahora no se tenía presente es que habrá “criterios de rendimiento cuantitativos, objetivos indicativos y puntos de referencia estructurales”. El FMI le exigió a Guzmán que deje todo escrito, un verdadero contrato con cláusulas estipuladas que no permitan discusión alguna sobre el éxito o fracaso de las metas establecidas. Para eso se incorporará en el documento que se enviará al Congreso los criterios de rendimiento cuantitativos y continuos y los objetivos indicativos, pero los especificará con más detalle en el denominado “Memorándum de Entendimiento Técnico” que trabaja por separado. Las acciones previas, junto con los puntos de referencia estructurales propuestos, también se exponen.

En el marco de los objetivos fiscales anunciados, el Gobierno se comprometerá a cuidar un “piso” del saldo primario que será acumulativo, pero también sujeto a ajustes por gasto de capital y social. También se comprometerá a no acumular “atrasos” en pagos de deuda externa. Se incluye un compromiso de “límite cero” en el endeudamiento con garantía, incluido el endeudamiento a través de repos con garantía de títulos públicos argentinos, contraído por el gobierno federal, los gobiernos provinciales o el BCRA. Pondrá también objetivos monetarios, un límite mínimo de la variación de las reservas internacionales netas no obtenidas en préstamo y un límite máximo del crédito del Banco Central al Gobierno.

Punto polémico

Otro de los puntos es la cuestión del crecimiento económico y la inflación. Ámbito adelantó en los últimos días que el documento que se enviará al Congreso marcará el horizonte de proyecciones que planea el Gobierno. Las fuentes sostienen que el documento señala un crecimiento estimado de entre 3,5% y 4,5% en 2022.

Sin embargo, las proyecciones para los años subsiguientes incluidas en la carta de intención, podrían generar alguna pregunta, ya que el crecimiento estimado (y buscado) de la Casa Rosada, en promedio, por año, será de 1,7% a 2,2% anual, es decir, un crecimiento bajo. Este “aterrizaje” proyectado en la actividad -que seguramente será el encargado de conservar los dólares para acumular en las reservas y comenzar a pagar- se hará, al mismo tiempo, sostienen, reduciendo la inflación, en una brecha que iría entre 35 y 45% aproximadamente para fines de 2022. La promesa que Guzmán girará al Congreso dirá que, en sus planes, estará el compromiso de reducir la inflación 5% por año con fecha de “llegada” en 2024.

Las reformas

Más allá de la promesa de ajuste en el déficit vía aumento de la recaudación potenciado por el crecimiento potencial de la economía que tomó estado público, sobreviven en lo encriptado de la letra, algunos puntos que podrían derivar en un duro debate en el Congreso.

Si el Gobierno está negociando con el FMI un recorte en el gasto, pareciera que la prioridad es liberar recursos. Un párrafo que trascendió y fue chequeado por este periodista (pertenece al documento enviado al Congreso para su análisis preliminar) señala que en ese anexo se menciona que “se están realizando acciones para limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales y administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con el crecimiento de la economía”.

A la vez, se le dice al FMI que “el gasto en jubilaciones y pensiones se guiará por el nuevo mecanismo de actualización adoptado a fines de 2020” pero, además, que “sobre la base de esto, realizaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”. La promesa no termina ahí: la fecha tentativa sería a fines de septiembre de 2022.

Fuente;https://www.ambito.com/economia/lo-que-pidio-guzman-al-fmi-us44800-m-y-us4000-m-refuerzo-en-marzo-n5376783