La última vez que Alberto Fernández visitó los tribunales federales de Comodoro Py lo hizo con el traje de candidato a presidente. Había sido citado por el juez Claudio Bonadio para declarar como testigo en el expediente que investigaba el memorándum de entendimiento con Irán, una causa en la que estaba procesada Cristina Kirchner. Fernández había cuestionado severamente ese acuerdo años antes, pero en los tribunales tamizó las críticas y criticó a la Justicia por haberlo citado.

El Presidente volverá a los tribunales este martes, después de tres años, para declarar, también como testigo, en otro caso donde está acusada la vicepresidenta: el caso por el direccionamiento de contratos de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz.

Lo hará por expreso pedido de Cristina Kirchner, quien solicitó que todos los que se desempeñaron como jefes de gabinete durante sus dos gobiernos y el de Néstor Kirchner declararán bajo juramento sobre la acusación que ella enfrenta como jefa de una asociación ilícita. El Presidente deberá responder las preguntas del abogado Carlos Beraldi, que defiende a la vicepresidenta y ya interrogó a decenas de testigos.

Una de las hipótesis de la acusación es que se redistribuyeron partidas presupuestarias para poder asignarlas a las obras públicas que Vialidad Nacional financió en Santa Cruz. Y justamente la tarea de reasignación de las partidas presupuestarias es propia de los jefes de gabinete. El fiscal en este juicio es Diego Luciani y el tribunal está integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

Fernández ya cuestionó el avance de esta investigación antes de que el juicio oral comenzara y apuntó contra el juez Julián Ercolini, que llevó el caso en primera instancia. Resta, también, la declaración testimonial del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien emitió durísimas críticas por la corrupción kirchnerista mientras se mantenía distanciado de Cristina Kirchner.

La exposición del Presidente no será una más. No solamente por las respuestas técnicas que pueda dar al interrogatorio, sino porque se da por descontado que hará críticas a la Justicia. Cada declaración de Alberto Fernández sobre el funcionamiento del Poder Judicial es auditada por Cristina Kirchner, quien se vio favorecida durante el último año en más de un expediente (como el del pacto con Irán y el del dólar futuro) y que suele tener constantes pronunciamientos contra los tribunales. El vínculo entre el Presidente y su vice está atravesado por fuertes tensiones, sobre todo por las diferencias ideológicas en torno al rumbo económico del Gobierno, pero también por las diferencias respecto de la política judicial.

La marcha contra la Corte Suprema había sido previamente avalada por Fernández, quien dijo que se trataba de una manifestación ciudadana, aunque los principales promotores fueron sindicalistas y un sector duro del kirchnerismo.