El Fondo Monetario está integrado actualmente por 190 países. Ninguno de ellos está obligado a pedirle auxilio como prestamista de última instancia, a menos que graves desequilibrios macroeconómicos afecten su capacidad para enfrentar pagos externos y amenacen su permanencia dentro de la comunidad financiera internacional.

Vale la pena recordar esta obviedad, porque la Argentina se ha caracterizado por ser un país tan demandante de asistencia financiera como incumplidor de las condiciones para obtenerla. De hecho, el acuerdo stand by (SBA) firmado por el gobierno de Mauricio Macri para recibir el controvertido crédito récord de 2018, fue el número 22 de un historial iniciado en 1958, que además incluyó otros seis de facilidades específicas. Ninguno fue cumplido a lo largo de este período.

Culpar al prestamista puede ser políticamente redituable, pero no resuelve los innumerables problemas propios que se han ido acumulando a través de décadas. Tampoco sirven las invocaciones a la soberanía cuando la moneda argentina perdió siete ceros desde el retorno de la democracia y su billete de mayor denominación ($1000) equivale hoy a menos de 5 dólares, tras haber sufrido en 30 años una desvalorización de 99,9% frente al dólar estadounidense. A esta típica tendencia contribuye la amnesia selectiva de muchos políticos que fraccionan deliberadamente la historia reciente como si no fuera una continuidad, para mezclar causas con efectos y deslindar sus responsabilidades en cada gestión de gobierno.

Por eso el impacto doméstico de la “autopsia” (evaluación ex post) realizada por el FMI sobre el crédito por US$57.000 millones otorgado al gobierno anterior (del cual desembolsó US$44.000 millones), se convirtió en un muestrario de oportunismo, medias verdades, hipocresías y hasta disparates. Como el de la exdiputada kirchnerista Fernanda Vallejos, que le reclamó al organismo indemnizar a la Argentina por los daños ocasionados con la fuga de capitales. O su pedido de un “nunca más a la deuda”, sin mencionar al déficit fiscal que obliga a financiarlo con más endeudamiento o emisión inflacionaria de pesos.

El exministro Nicolás Dujovne tuiteó que el acuerdo anterior tuvo el apoyo de todos los países miembros, como una manera de disimular que entonces fue clave el respaldo de Donald Trump, que apostaba a un segundo período de Macri y a un incierto programa de reformas. Pero nadie admitió que, sin ese préstamo, difícilmente hubiera podido convertirse en el primer presidente no peronista en completar su mandato en 60 años, ante el abrupto corte del crédito externo que disparó la corrida cambiaria de 2018. Ni que debió realizar en menos de dos años el ajuste fiscal que evitó en los dos primeros, además del apretón monetario que acentuó la recesión sin haber restablecido la confianza de los mercados financieros, pese a su resistencia a imponer controles cambiarios. También pesó en esta desconfianza la imposibilidad de encarar reformas con minoría en el Congreso.

Como era previsible, la Casa Rosada buscó capitalizar políticamente el informe técnico bajo el argumento de la “deuda irresponsable” contraída por Macri, que también hizo suyo el ministro Martín Guzmán, sin precisar cuál hubiera sido una alternativa viable. No obstante, este relato oficial -machacado hasta el cansancio durante la campaña electoral- tiene varias omisiones importantes.

Una, que el programa con el Fondo tuvo su debacle tras la victoria del Frente de Todos en las PASO de agosto de 2019, que gatilló una segunda corrida cambiaria con el salto del dólar de 23% en una jornada y 62% en ese año, ante el retorno del populismo kirchnerista.

Otra, que antes de asumir, el propio Fernández pidió reforzar el tibio cepo macrista, hasta desembocar luego en la ley de emergencias múltiples que incluyó el impuesto “solidario” al dólar (una brecha implícita, ampliada a 65%) y en el progresivo endurecimiento de los controles cambiarios, que cerraron la salida pero también la entrada de capitales.

La tercera omisión es que la Argentina pasó a ser uno de los pocos países en restructurar la deuda con acreedores privados (con un ahorro de US$37.000 millones), sin un acuerdo previo o simultáneo con el FMI para reprogramar los vencimientos por US$39.000 millones concentrados en 2022 y 2023. Principalmente, porque el reclamo de Cristina Kirchner por mayores plazos y quitas de sobretasas no contemplados en los estatutos del organismo frenó las negociaciones durante este año electoral para abrir paso al plan “platita”, que no evitó la derrota del oficialismo en las legislativas y la pérdida de mayoría en el Senado.

En consecuencia, el riesgo país supera los 1750 puntos básicos, un nivel que quintuplica el promedio de Latinoamérica (excluida Venezuela), mientras los bonos del canje -sin riesgo de default por cuatro años- cotizan a menos de un tercio de su valor. Aun así, la mayor muestra de desconfianza es la existencia de US$252.000 millones atesorados por argentinos sin volcarlos al circuito económico formal.

El economista Enrique Szewach, exdirector del BCRA, explicó días atrás (en un artículo para Infobae), que el Estado argentino es deudor de dólares que no tiene y el Fondo es acreedor de dólares que no le pueden pagar. “El problema es de dólares, no de pesos”, afirma. Pero agrega que los pesos entran en la ecuación porque, como la moneda de ahorro de los argentinos es el dólar, el exceso de pesos se traduce en más demanda, impacta en las cotizaciones libres y pega en la brecha con el dólar oficial. De ahí que pronostica un ajuste del tipo de cambio oficial y mantenimiento de restricciones a las importaciones, acompañado de un menor déficit fiscal por el lado de los ingresos, con más impuestos, tarifas segmentadas y licuación del gasto por mayor inflación y devaluación.

Para el arranque del año próximo, el discurso ambivalente del oficialismo no augura una negociación sencilla con el FMI. Por un lado, pagó esta semana el vencimiento de casi US$1900 millones con los DEG aportados por el organismo como señal para avanzar hacia el acuerdo, que incluye cuatro años de gracia. Por otro, declaró como “enemiga” a la oposición por haber rechazado la ley de presupuesto 2022 (basado en supuestos macroeconómicos irreales y el agregado de más de 50 artículos con subas del gasto público), lo cual entorpece acuerdos políticos en el Congreso y deja de lado que el bloque kirchnerista no votó a favor ninguno de los presupuestos del gobierno anterior.

También aprovechó la insólita ausencia de tres diputados de Juntos por el Cambio para aumentar la presión tributaria sobre las empresas, activos en el exterior y patrimonios de clase media para arriba, mientras busca activar el lunes con los gobernadores otro Consenso Fiscal para subir Ingresos Brutos e introducir un impuesto a las herencias y donaciones.

Paralelamente, el Gobierno acaba de prorrogar por decreto el presupuesto nacional de 2021, que le otorgará más discrecionalidad para manejar el previsible aumento de la recaudación impositiva debido a la mayor inflación y ampliar el gasto público por decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete o decretos de necesidad y urgencia. No obstante, deberá negociar con el FMI un sendero fiscal para los próximos cuatro años y un programa económico que sigue brillando por su ausencia.

La Argentina sigue siendo el único país del mundo donde la Constitución (de 1994) permite ampliar el presupuesto por DNU, pero impide hacerlo para reformas tributarias que corrijan los problemas estructurales de fondo que frenan el crecimiento de la economía.