El Frente de Todos perdió las elecciones. Con la derrota se le escapó también la mayoría en la Cámara de Senadores. Juntos por el Cambio se impuso en más distritos de los que preveía. Y dos representantes de la derecha liberal, Javier Milei y José Luis Espert, se incorporaron a la Cámara de Diputados. Superadas las campañas y las urnas, la política regresa a la normalidad. O, para estar a la moda, a una “nueva normalidad”.

La ocasión la ofrece nada menos que el tratamiento del presupuesto nacional. La oposición parecía estar envuelta en llamas por las chapucerías del proyecto enviado por Alberto Fernández y defendido por Martín Guzmán. Pero, más allá de esa santa indignación, había un consenso básico: la mayor parte de los rivales del Gobierno daría quorum para que el texto se trate. Y se apruebe. Ese pacto se enfrentó a dificultades porque quedó expuesto. En principio, por la negativa a facilitar el comienzo de la sesión de Ricardo López Murphy. A esa posición se sumó ayer el interbloque Federal, que integran Graciela Camaño, Alejandro Rodríguez, Florencio Randazzo, los diputados cordobeses que responden a Juan Schiaretti y al intendente Martín Llaryora, y el Partido Socialista. Apareció, a última hora, la fractura radical: los doce legisladores que se separaron detrás de Emiliano Yacobitti y Rodrigo De Loredo presentaron un proyecto propio. Al Poder Ejecutivo y a Sergio Massa se le complicó la estrategia inicial: seducir a los gobernadores radicales y forzar a Juntos por el Cambio a abstenerse o, en algún caso, acompañar. Las alteraciones que produjeron las elecciones han modificado los alineamientos parlamentarios. Hoy se asistirá al ensayo general de una operación más desafiante: se empezará a poner a prueba la viabilidad que tenga en el Congreso un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Guzmán suele decir que su programa económico es el presupuesto nacional. Esa afirmación agrava las escandalosas inconsistencias del texto que se discutirá hoy en la Cámara de Diputados. Allí sobresalen dos disparates llamativos. El primero es el cálculo de la inflación. El ministro de Economía promete que en 2022 será de 33%. Aun cuando el mismo proyecto de ley prevé un aumento de tarifas que tendrá un impacto inevitable sobre los precios. Fue nada menos que la Oficina de Presupuesto del Congreso la que hizo notar que las proyecciones de inflación propuestas por el Ministerio de Economía solo serían verosímiles con tarifas congeladas.

El segundo papelón de Guzmán se produjo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Allí le preguntaron por qué consignaba que parte del déficit público se cubriría con US$12.000 millones de organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial y la CAF. Contestó que era un error. Ahora en Hacienda pronostican que esos aportes estarán en, más o menos, US$6000 millones. Sería un milagro. La Argentina obtuvo casi siempre alrededor de US$2000 millones. Es posible que la CAF sea esta vez más generosa, ya que ahora trabaja allí Pablo Galíndez. Es el medio hermano de Alberto Fernández, quien suele defender la idea de que el mérito no es todo en la vida. Cuánto que aprender.

Las fallas del presupuesto solo expresan las incoherencias de la administración económica. En su presentación ante los diputados, Guzmán mostró un gráfico que demostraba un repunte en las exportaciones que explica un superávit de comercio de unos US$5.000 millones. En la página siguiente apareció otro gráfico indicando el inquietante derrumbe de las reservas internacionales. Los dólares que ingresan por una balanza comercial positiva se van por la imposibilidad de renegociar deudas, o la urgencia de intervenir en el mercado del dólar, al que los tenedores de pesos recurren para cubrirse de la pulverización de la moneda que provoca la inflación.

Si el fondo del cálculo de gastos y recursos es una obra de ficción, el modo en que se está procesando también es bochornoso. Ayer el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, leyó delante de sus colegas una lista interminable de agregados a los gastos que había previsto Guzmán. Parecía Papá Noel. De la bolsa del pródigo Heller salían obras públicas, exenciones impositivas, zonas francas, regularizaciones tributarias, aumentos de recursos para provincias y ministerios, polos logísticos y reintegros de IVA, entre otras novedosas atracciones. En muchos casos el diputado se excusó por la imprecisión: “este artículo todavía lo estamos elaborando”.

Al final de la tarde se podía tener un panorama más claro de las modificaciones improvisadas. Muchas de ellas beneficiaban, como ocurrió el año pasado, a los funcionarios apadrinados por Sergio Massa, quien constituye un Estado dentro del Estado. Para dar solo una idea: el Ministerio de Transporte incrementó sus recursos ordinarios en más de $11.000 millones. Una de sus “cajas”, el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros Automotor, mejoró su asignación de $27.000 a $46.000 millones. En el caso de las extensiones de fibra óptica, otra de las especialidades de Massa, habrá que pagar más de $12.000 millones extras de lo calculado por Guzmán. Festejan en Cooperativa Lara.

Bajo el manto protector del presidente de la Cámara se incorporó también el artículo 140 del presupuesto. Allí se prorroga el régimen de regularización de obligaciones de las distribuidoras eléctricas con Cammesa, la proveedora del producto. Se trata de sumas siderales, que corresponden a compañías de energía que no pagan la energía que venden. La excusa es que existe un enorme atraso tarifario, algo que es cierto en el área metropolitana pero no en la mayoría de las provincias. El plan de pagos que prevé el presupuesto es de 96 cuotas mensuales, con hasta 6 meses de gracia y con una tasa equivalente al 50% de la del mercado eléctrico. Para que la alegría sea completa a ambos lados del mostrador, el secretario de Energía, Darío Martínez, se reserva la facultad de definir quién entra y quien no a este jubileo. En su momento, Aníbal Fernández tendió un puente amistoso para que algunos empresarios del sector, asesorados por Roberto Dromi, pudieran hablar con Martínez. Los grandes beneficiarios del programa son íntimos amigos de Massa. Cabe aclarar: no se verificó todavía que sean sus socios en una cadena de restaurantes con innumerables micrófonos para dar servicios de karaoke, como afirma una leyenda urbana. Se trata de José Luis Manzano, Daniel Vila, Mauricio Filiberti y, en un plano más brumoso, Ricardo Depresbíteris. Son los accionistas principales de Edenor, que ahora estudian apropiarse de Edesur. El negocio de cobrar la electricidad sin pagarla lo iniciaron en Mendoza, donde son titulares de Edemsa. Allá no hay tarifas congeladas.

El de Massa es solo uno de los capítulos de las innovaciones introducidas ayer, a última hora, en un proyecto que había entrado al Congreso en septiembre. Es obvio: la urgencia es parte del negocio. El listado de obras de infraestructura, repartidas a lo largo de todo el territorio, sumaba, solo para 2022, más de $141 billones (sic) adicionales.

Juntos por el Cambio había adelantado que daría quorum, antes de conocer siquiera lo que se votaría. A tal punto que ayer la diputada de Pro Silvia Lospennato pidió un cuarto intermedio para conocer las modificaciones. Heller no se lo negó, pero igual, pragmático, le dijo: “¿Para qué quiere leer si Ustedes igual votarán en contra?”. En rigor, el interbloque conducido por Mario Negri tenía pensado aprobar en particular muchos artículos. La estrategia del Gobierno fue la habitual: acordar con los gobernadores de la oposición, sobre todo con los radicales. La hilacha de esos pactos quedó al descubierto en varios detalles, entre los que se destaca uno: en las operaciones de crédito público que se aprobarían hoy hay una de US$200 millones para el parque fotovoltaico de Jujuy, que es el tesoro más preciado de Gerardo Morales.

El jujeño es el eje principal del entendimiento entre Massa y la UCR. No hay que olvidarlo: en la provincia gobiernan juntos. Eso explica que los diputados de Morales hayan aprobado, en contra de su propio bloque, impuestos como el de la riqueza, o la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, que gobierna Juntos por el Cambio. Las afinidades se extienden a la órbita política y explican que el oficialismo haya quitado pasión a la defensa de Milagro Sala. Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada de Sala, se limita esta vez a montar un centro para la diversidad y las políticas de género en las tierras de Morales, que costará, según la contabilidad que iba a pareciendo anoche, $99 millones en los próximos dos años.

Estos sobreentendidos amistosos están ahora amenazados por un cambio político, que quedó expuesto desde ayer. Los diputados del bloque federal, entre los que figuran peronistas como Camaño, Randazzo, Devoto y los representantes de Córdoba, además de socialistas santafesinos, presentaron su propio proyecto y decidieron no dar quorum. Una conducta que había adoptado tres días antes López Murphy. El resto de Juntos por el Cambio quedó, así, en una incómoda medianía.

Que los socialistas y peronistas rebeldes, sobre todo los cordobeses, se negaran a sesionar atizó la disputa opositora. En especial, la fractura del radicalismo. Los diputados disidentes, que armaron su propio bloque de 12 legisladores alrededor de Yacobitti y del cordobés De Loredo, presentaron un proyecto propio, negativo. No debe olvidarse que Yacobitti y De Loredo, junto con Martín Lousteau, lideran la resistencia a que mañana Morales se quede con la presidencia del Comité Nacional de la UCR. Sería bueno que Guzmán adquiera un mapa de la interna radical para explicársela a Georgieva.

Como suele suceder en cualquier oposición, la línea a seguir la termina fijando el sector más duro. En este caso, el de Yacobitti. Es la razón por la cual los radicales de Negri, identificados con Morales, y los diputados de la Coalición Cívica, muchos de los cuales pensaban abstenerse, anoche se preguntaban si no sería mejor votar con los más duros. Quiere decir que la intransigencia del PJ federal más la competencia interna del radicalismo introdujo un cambio que complicó los pactos de la Casa Rosada con los radicales que gobiernan. Al caer la tarde, Massa reabrió negociaciones con todos los bloques.

En este panorama de novedades se resaltan dos incógnitas: Espert y Milei. El primero tiene un viejo vínculo con Massa, mediado por el consultor Daniel Ivoskus. En el caso de Milei, llamó la atención un gesto: el cariñoso cachetazo que le dio Massa cuando asumió como diputado. Fue registrado por el fotógrafo oficial de la Cámara. Un legislador que conoce a Massa como nadie, comentó: “Sergio es vivísimo. Con esos cachetazos envía la señal de que te considera propio. Te marca, como al ganado”. Otro pormenor, tal vez irrelevante: la foto de la confraternidad de Milei con uno de los máximos exponentes de “la casta” fue divulgada por Carlos Maslatón, un apóstol del economista y antiguo militante de la Ucedé. Como Massa. Estas relaciones personales inspiran elucubraciones afiebradas. Es lo habitual. Ya están los retorcidos que sospechan que cuando Milei castiga a Horacio Rodríguez Larreta lo hace en nombre de Massa.

La política se ha horizontalizado no solo en el oficialismo. También en la oposición. La fractura radical y la disputa por el liderazgo dentro de Pro vuelven más difíciles las negociaciones, en especial con el radicalismo. Es la razón por la que el proceso de aprobación del presupuesto cobija proyecciones importantes. Guzmán debe cumplir con exigencias drásticas del Fondo Monetario Internacional. Las autoridades de ese organismo las pusieron por escrito en el segundo párrafo del comunicado que publicaron el viernes pasado. Ese texto es muy relevante. Allí plantearon que el principal objetivo de la Argentina debería ser reducir la inflación. Que la tasa de interés debe ser superior a la de aumento de los precios. Eso supone que el endeudamiento será mucho más caro. ¿Habrá, entonces, que emitir más? El Fondo pide lo contrario. Habría que suponer, por lo tanto, que deberán recortarse gastos. Pero Guzmán no piensa en eso. Imagina subir los impuestos. Aplicar otra vez el que grava la riqueza. Y aumentar el de Ganancias para las empresas. Esa forma de acordar con el Fondo es la que se estaría complicando en estas horas. Porque las dificultades para aprobar el presupuesto son un adelanto de lo que podría suceder si aspira a un impuestazo.